Con fecha 2 de septiembre, los familiares y amigos de los bomberos dirigieron una nota a los integrantes del Concejo de Representantes para solicitarles que “resguarden la integridad personal de nuestros bomberos como también la seguridad y protección de nuestros vecinos”.
El destino de la nota suscitó un cruce entre los concejales del cada vez más roto bloque de Carlos Paz Unido. “Por el tenor de la nota, donde se hacen acusaciones que puedan configurar un delito penal; y no se lo dice en potencial, sino que se lo afirma, voy a remitir la nota a Asesoría Letrada del municipio. Una vez que haya un dictamen, veremos si lo pasamos a alguna comisión”, justificó la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán.
Los familiares indicaron a La Jornada que el objetivo de esta nota fue “hacer una cronología de lo que viene pasando en los bomberos desde hace tanto tiempo para que los concejales estén al tanto de toda la situación”.
La respuesta del área de Asesoría Letrada del Ejecutivo municipal llegó con rapidez. En una nota firmada por el abogado Ramón Cesar Montenegro –el mismo que estuvo en la escandalosa asamblea de renovación de autoridades que se hizo el 18 de agosto y que se presentó como abogado de la comisión saliente- se le dice al Concejo que, “los firmantes invocan una representación no acreditada”.
“Mal puede suponerse que ello fehacientemente sea así. No revisten el carácter de asociación civil ni persona jurídica alguna que lo justifique como tales”, expresa.
Sostiene que los hechos que menciona la nota “se encuentran en plena investigación judicial”. “Es opinión de este Cuerpo que no debiera otorgarse tratamiento en Comisión, por exceder el marco de atribuciones del Cuerpo que Ud. (en referencia a la presidencia del Concejo) representa”.
Y concluye afirmando: “El municipio, en todos su ámbitos, debe ser respetuoso de los otros poderes del Estado provincial, quienes en el marco de sus atribuciones, están cumpliendo con sus tareas de investigación”.
Nota correspondiente a la edición n° 434 del semanario La Jornada, del 18 de setiembre de 2016.
