Carlos Nayi, el abogado que representa a los bomberos voluntarios en la causa que investiga el presunto desvío de fondos de la institución, confirmó que este martes se realizará una ampliación de la denuncia acusando al intendente Esteban Avilés y al actual presidente de la comisión directiva y exjefe del cuartel, Marcelo Zornada, de ‘encubrimiento agravado”.
En diálogo con VillaNos Radio 100,7, Nayi ratificó que en el marco de la investigación el fiscal Ricardo Mazzuchi ordenó imputar por el “delito de defraudación por administración fraudulenta” a cinco personas: Diego Avilés, hermano del intendente; Hernán Anders, director de la secretaría Privada, Prensa y protocolo del municipio y expresidente de Bomberos; el expresidente Lorenzatti, la exsecretaria Nélida “Cheli” Gómez, y la extesorera Cecilia Rodríguez.
Nayi destacó que en Carlos Paz existe “un grupo valiente de bomberos que ha formulado una denuncia y que por eso ha sufrido todo tipo de persecuciones”.
Si bien dijo que la investigación arrancó “bastante accidentada”, destacó la labor “gigantesca” que está llevando adelante el fiscal Mazzuchi y que, según su opinión, “ya ha dado sus primeros frutos”.
“La denuncia es por el desvío de fondos destinados al cuartel en provecho propio, ya sea de subsidios nacionales, provinciales y municipales, bonos, compra-venta de matafuegos y la donación solidaria de los vecinos. Se han realizado numerosos allanamientos y es abundante la documentación secuestrada. Esto ha alcanzado con el grado de probabilidad para situar en un claro plano de responsabilidad legal penal”, a los cinco imputados.
Asimismo, anticipó que este martes a las 8,30 se presentará en la fiscalía una ampliación de la denuncia en contra del intendente Esteban Avilés y el exjefe del cuartel y actual presidente de la comisión de Bomberos, Marcelo Zornada, por ‘encubrimiento agravado”.
“Todos los hechos que se denuncian ya estaban en su conocimiento y no hizo nada”, señaló Nayi respecto de Zornada. Y en el caso del mandatario local, se lo acusa de “haber colaborado, a la luz de la información que tenemos, para que los mecanismos de control que debían detectar y encender la luz de alarma para que estas irregularidades no se prolongaran en el tiempo, fueran desactivados”. No descartó que se puedan sumar “otras consideraciones más graves que deberá evaluar el fiscal”.
“Es un hecho grave que la justicia necesita investigar a fondo y los pobladores deben encontrar una respuesta”, expresó.
En este sentido, subrayó que, “lo que se busca es justicia, evitar que estos hechos se perpetúen, se vuelvan a reiterar y por supuesto la máxima sanción a los responsables”.
