Por Evelina Ramírez
El Sindicato de Peones de Taxis presentó en el Concejo de Representantes un proyecto de ordenanza para regular el servicio. La iniciativa no es nueva. En el año 2009 y 2011, desde el gremio habían planteado la propuesta, pero no recibió tratamiento legislativo.
Ahora pretenden darle un nuevo impulso a los fines de lograr la sanción de una nueva normativa que regule la prestación del servicio.
“Este es un proyecto que desde el sindicato consideramos integral para la real y definitiva solución a la problemática de este servicio (…) Esta actividad ha estado mal regulada, las ordenanzas dictadas nunca han estado a la altura del desarrollo urbanístico de esta ciudad, nunca se exigió capacitación, ni calidad en el servicio, y se hicieron parches para disimular las falencias. Creemos que es el momento de abandonar esta mediocridad y hacer un cambio profundo en lo que respecta al servicio público de taxis”, señala el primer párrafo de la propuesta.
En líneas generales, la iniciativa se cimienta en una serie de ejes: la modificación de la ordenanza 4740 (que rige desde el año 2006, pero que aún no ha sido reglamentada), optimización del sistema de otorgamiento de licencias de conducir, el blanqueo total del personal (desde el gremio indican que actualmente sólo el 20% de los choferes está registrado), la creación del Ente Regular de Servicios Públicos (contemplado en la Carta Orgánica Municipal), la creación de una Escuela de Capacitación y la unificación del sistema de taxis y remises.
“Villa Carlos Paz ya no es un pueblo. No podemos seguir con la misma calidad de servicio que hace 20 años atrás”, dijo a VillaNos Radio Alejandro Martín, secretario General del gremio. En este sentido indicó que la propuesta pretende mejorar tanto la calidad del servicio y como las condiciones laborales.
“El municipio nunca dejó de reconocer que teníamos que estar en blanco, pero nunca accionó. Del reconocimiento a la acción, hay un gran paso. Y se trata de un paso político”, añadió. El martes pasado, los representantes del gremio mantuvieron una reunión con los concejales Gustavo Molina y Oscar Sequeira a los fines de avanzar en el abordaje de la cuestión.
Tantos los taxis como los remises tienen la singularidad de ser un servicio público concesionado por el municipio a particulares y no a empresas. Esto le da al asunto una complejidad que aún no se ha logrado resolver. Porque en esto hay que considerar tanto la calidad de la prestación del servicio, como los ingresos que se pueden generar a partir de una actividad económica, fuertemente vinculada al movimiento turístico que tenga la ciudad.
“El gran problema que tenemos en Carlos Paz es que nosotros tenemos 40 días hábiles de trabajo a full en el año. Después la actividad se cae a montos que son insostenibles. La recaudación te permite mantener el auto y a fin de año se llega tratando de conseguir algún ingreso más para mantener un buen servicio”, relató Amilcar Salgado, referente del rubro de remises.
En la actualidad, la ciudad cuenta con 114 taxis permanentes y unos 56 temporarios (que comienzan a circular a partir del 15 de diciembre). A esto se suman los 75 remises (habilitados por ordenanza desde el año 2009) y distribuidos en 10 agencias.
La propuesta planteada por el Sindicato de Peones de Taxis pone sobre el tapete una serie de temas que son sensibles a la prestación del servicio. Para este informe, La Jornada consultó a tres actores claves: el sindicato, los permisionarios y representantes de los remises. Por lo pronto dejamos afuera la perspectiva del Estado hasta tanto no se avance con pasos concretos y se pueda visibilizar bien cuál será la postura que se asuma esta vez.
Modificación de la ordenanza 4740
Tanto desde el gremio de choferes como desde la Asociación de Permisionarios coindicen en que la ordenanza 4740 y sus sucesivas modificaciones requieren de una revisión integral. “La ordenanza 4740 es una legislación perimida y con una serie de irregularidades que no pueden seguir existiendo”, afirman desde el gremio. En esa línea, Martín afirmó que dicha normativa se sancionó en 2006 y que se hizo “de apuro”
“Es una ordenanza escrita de puño y letra por Avilés cuando era concejal. Es una ordenanza light. Para mí, fue una ordenanza de apuro, porque ni siquiera está reglamentada”, expresó, y añadió que la normativa tiene “muchas ambigüedades y puntos oscuros”.
Desde la Asociación de Permisionarios de Taxis también sostienen que la ordenanza tiene que ser cambiada. En este sentido, Carlos Torosi, vicepresidente de la entidad, mencionó que en el año 2008 también promovieron una iniciativa de regulación del servicio. “Para nosotros, la ordenanza 4740 tiene demasiadas modificatorias. A los 15 días de su promulgación se le hizo la primera modificatoria, que fue una observación nuestra”, recordó.
Y añadió: “Nosotros planteamos la modificación de la ordenanza 4740 por el simple hecho de darle prolijidad. Hoy la ordenanza está muy sujeta a la interpretación. No es clara”.
Las propuestas que plantearon una y otra entidad tienen sus disidencias y coincidencias (ambas consideran, por ejemplo, que las licencias no deberían tener caducidad, a los fines de lograr mayor estabilidad laboral tanto para choferes como para permisionarios).
No viene al caso detenernos aquí en una y otra propuesta. Sí es importante mencionar que hoy el Sindicato y la Asociación de Permisionarios de Taxis no tienen diálogo entre sí. Desde los comienzos de la formación del gremio de choferes (en el año 2009), la relación fue tensa y hoy directamente no hay trato.
El blanqueo del personal
Uno de los puntos claves de la propuesta del gremio es el blanqueo del personal. Martín afirmó que en la actualidad sólo el 20% de los choferes está registrado y que la jornada labor se extiende por 12 horas. Cabe recordar que la retribución pecuniaria que recibe el chofer es el reparto del 30% de la recaudación del día.
“Planteamos el blanqueo total y en esto no hay medias tintas. Muchos plantearon como alternativa el monotributo. Y no lo aceptamos. Nosotros no prestamos servicios, somos trabajadores. El prestador de servicio es el permisionario. Que nosotros vayamos a un porcentaje de la recaudación no nos hace ni socios ni prestadores de servicios”, dijo el gremialista.
Y remarcó que el Estado municipal debería tener intervención en el tema. “Esto ya lo planteé al municipio y me dijeron que no tienen personal capacitado para hacerlo. Pero es una tarea sencilla. Se trata de exigir el formulario 931 y Alta Temprana”, sintetizó Martín y añadió: “En el formulario 931 se dice que el empleador está haciendo los aportes y que el trabajador está en blanco. Son cuatro papeles locos. No hay que ser ingeniero o especialista en recursos humanos para hacer esta tarea”.
En tanto, desde la Asociación de Permisionarios afirmaron que “desde hace tiempo se viene trabajando en el blanqueo de los choferes” y reconocieron que el proceso es “progresivo”. “Tenemos periódicas inspecciones del ministerio de Trabajo. Muchos permisionarios han pagado multas abultadas y si no lo querían poner en blanco, aprendieron a la fuerza”, sostuvo Torosi.
Y afirmó que acuerda con el blanqueo del personal. “Incluso pensándolo desde una perspectiva egoísta, lo que le conviene al permisionario es registrar al personal, por cualquier eventualidad que pueda ocurrir en la vía pública. Si a un chofer le pasa algo, el titular responsable es el dueño del auto”, resumió.
Lo cierto es que, hoy por hoy, el blanqueo del personal queda a voluntad del permisionario. “Desde la Asociación no podemos obligar al permisionario a poner en blanco al chofer. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer”, remarcó el vicepresidente.
En este sentido, la presidenta de la entidad, Lila Ferreyra, puso sobre el tapete que si bien los taxis son un servicio público, está en manos de particulares y se trata de “un negocio individual”. “Nosotros somos una asociación que existe desde 1974. Trabajamos para cumplir con los derechos y obligaciones de los taxistas. Pero no nos podemos meter en la vida y en las decisiones de cada permisionario. La responsabilidad es de él”, dijo y añadió que del total de 114 licenciatarios, unos 80 se encuentran incluidos en la asociación.
Los permisionarios indicaron que a veces “se intenta demonizar” a quien tiene una licencia de taxis (en el sentido de hacer creer que se recauda mucho dinero con la actividad). Sin embargo Torosi afirmó que, “el taxi no es para hacerse millonario”.
Afirmaron además que comparten que “el Estado debe regular el servicio”. Y como ejemplo indicaron que por ordenanza debería fijarse cuales son los criterios de actualización de la tarifa. “Regular también significa que el municipio tiene que saber quién es el que anda en el auto. Hoy nos persiguen a nosotros, siendo que en internet se ofrecen autos para llevar gente a Córdoba. ¿A ellos quien los controla?”, ejemplificó el vicepresidente.
Cuando se habla de la cuestión de registrar al trabajador, inmediatamente aparece el tema de las cargas sociales que implica esto. Desde el gremio plantean que la alternativa puede ser pensar en subsidios o disminuir la carga impositiva que recae sobre el licenciatario.
“Hay que buscar la manera para que los permisionarios tengan algún subsidio por ser transportistas de pasajeros. Los colectivos reciben subsidios para los sueldos de los choferes y para el gasoil. Nosotros pretendemos que esos beneficios también los tenga el titular de la licencia para que con ese porcentaje que se ‘ahorraría’, puedan tener la libertad de blanquear a sus empleados”, indicó Martín.
Unificación de taxis y remises
El otro punto incluido en la propuesta es la unificación de taxis y remises. La idea nace a partir de que prácticamente no se observan diferencias entre uno y otro servicio. Y hablamos del servicio y no de sus condiciones de prestación. En este sentido, Amilcar Salgado, referente del rubro de remises, aclaró que, “el servicio está manejado con otro criterio”. “Los dueños de los autos son los que manejan”, expresó a VillaNos Radio.
La otra diferencia que marcan los taxistas es que a los remiseros se les permite tener varias licencias, mientras que a los taxistas sólo una por familia. Además, a los taxistas también se les impide que sean titulares de otros comercios vinculados al turismo, mientras que sobre el remisero no existe ninguna limitación de esta índole.
Unos y otros se quejaron de la presión impositiva que pesa sobre la actividad. Salgado detalló que por día tienen 1000 pesos de gastos. “Pagando la parte previsional, la parte de empleados y del local. Una oficina que tiene cinco autos está poniendo 1000 pesos de gastos para estar en marcha. Todo ese coste, en el caso del taxi está desparramado porque ellos tienen dos centrales”, describió.
Todas las fuentes consultadas para esta nota negaron que existiera una animosidad entre taxistas y remiseros. “Al nivel que estamos hoy, me favorecería que fuéramos todos taxis”, reconoció Salgado. Además marcó como beneficios de los “tacheros” el hecho de que están habilitados a levantar gente en la calle (en teoría, los remises sólo hacen los viajes que les indican desde la central) y que cuentan con varias paradas en la ciudad.
En esta línea puntualizó que la ordenanza que rige la labor de los remises indica que en la Terminal de Ómnibus debería haber una parada, pero que esto nunca se cumplió. Sostuvo que el crecimiento del parque automotor también ha afectado la actividad del área. “La gente tiene su vehículo y se empieza a mover con él”, reconoció.
Además habló de la competencia desleal que algunos hoteles hacen con respecto al traslado de turistas. Se trata de un servicio que el hotel brinda, pero sin declarar. En muchos casos se da que trasladan a sus huéspedes desde y hasta el aeropuerto, lo cual quita posibilidades a taxistas y remiseros a poder hacer un viaje y, por ende, incrementar su recaudación.
Para hacer más rentable la actividad y redistribuir los ingresos que esta genere, Salgado abogó por que el municipio asuma un rol más activo, controle a los hoteles que tienen “servicios cerrados” y tenga algunas contemplaciones impositivas.
“Se debería revisar el pago del impuesto automotor, porque estamos brindando un servicio. Si el auto está presentado como remis, debería evaluarse la posibilidad de liberarlo del pago de esa tasa. Ese pago implica casi 5 o 6 mil pesos al año. Puede parecer una pavada, pero con esa plata, también se puede hacer una revisión integral al auto”, puntualizó.
Salgado se mostró dispuesto a avanzar hacia una posible integración. Pero remarcó que esto se tiene que dar de manera consensuada. “Hay que estudiar bien el tema”, afirmó.
Ahora queda que el Estado analice estas posibilidades y siente a los actores en una mesa para evaluar la posibilidad de avanzar hacia una nueva regulación.
Hay acuerdos interesantes que podrían ser buenos puntos de partida. Por ejemplo: la necesidad de tener pautar claras a la hora de definir las tarifas, (lo cual va de la mano de la creación del Ente Regulador de Servicios Públicos), que las licencias no tengan caducidad (y que permita avanzar hacia una estabilidad laboral –tanto para permisionarios como para choferes- que redunde en una mejora del servicio) y mejorar la capacitación para optimizar la prestación del servicio.
Habrá que ver la voluntad política que se tenga esta vez el gobierno… la pelota está en su cancha.
Los derechos de los usuarios
La propuesta ingresada al Concejo también incluye un aparatado donde se detallan los derechos de los usuarios del servicio de taxis. La legislación vigente no contempla ningún apartado de estas características (más bien habla de obligaciones de permisionarios y choferes).
En el proyecto se menciona que el pasajero tiene derecho a:
- Exigir condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.
- Reclamar preferencia para acceder al servicio en caso de tratarse de enfermos, personas con alguna capacidad diferente, personas de la tercera edad, mujeres con niños en brazos o embarazadas.
- Exigir que el conductor no fume.
- Exigir que el conductor siga el recorrido del viaje a través del itinerario indicado por el pasajero o bien reclamar que el conductor siga el camino más corto en distancia y/o tiempo si el mismo no es indicado por el pasajero.
- Exigir la puesta en marcha del taxímetro en el momento de iniciar el recorrido.
- Exigir que el conductor sitúe en punto muerto el aparato taxímetro cuando se produzca algún accidente y/o desperfecto en el propio vehículo que lo interrumpa, o algún contratiempo imputable al conductor.
- Exigir el respeto irrestricto de las normas de tránsito.
- Exigir el comprobante de viaje.
- Exigir que en un lugar perfectamente visible y en perfecto estado de conservación figure el apellido y nombre tanto del titular de la licencia como de los conductores con su respectiva fotografía.
- Exigir que el conducto tenga el cambio de dinero necesario para poder dar el vuelto exacto.
- Solicitar que se encuentre exhibido el teléfono de quejas o reclamos sobre la calidad del servicio.
Escuela de capacitación y profesionalización
Otra de las propuestas es la creación de una Escuela de capacitación y profesionalización. “Tenemos que aprender por lo menos lo básico de inglés y portugués. Desde el 2004 soy taxista. Y con los extranjeros que han venido al rally nos entendemos por señas, como lo hizo Colón cuando llegó a América. Esto se puede adaptar y ampliarlo para otros servicios turísticos, como camareras y mozos, entre otros”, expresó el secretario General del gremio de taxistas.
La escuela “está pensada para la formación de nuevos conductores urbanos que cumplan con las normas de tránsito; la instrucción y profesionalización de nuevos choferes de taxis y otros servicios públicos con la recuperación de puntos scoring, a través de cursos cortos que asegure la profesionalidad de sus servicios y la jerarquización de su tarea”, se lee en el proyecto.
Entre los objetivos figura: Recuperación de puntos perdidos por sistema scoring; Capacitación y profesionalización de conductores de servicios públicos de todos los sectores; Descentralización del compromiso del Estado Municipal para dicha instrucción; Capacitación de nuevos conductores.
“De esta manera propendemos a disminuir las muertes por accidente de tránsito en las calles de nuestra ciudad y rutas de la provincia, mejorar los servicios públicos que se brindan a vecinos y turistas, y favorecer el cumplimiento de las Leyes a través de funciones municipales descentralizadas, entre otras”.
Nota correspondiente a la edición n° 387 del semanario La Jornada, del 04 de octubre de 2015.
