El intendente Esteban Avilés envió dos proyectos de ordenanza para que el Concejo de Representantes apruebe sendos ‘modelos de convenios’ para la cesión de espacio público a empresas privadas, ONG o entes estatales.
La idea era evitar tener que someter cada acuerdo a la aprobación del cuerpo legislativo, teniendo en cuenta que el mecanismo que debe utilizarse es el tratamiento en doble lectura, con audiencia pública, y el voto afirmativo de al menos 8 de los 12 votos (dos tercios).
Este último requisito es el que, en definitiva, motivó la decisión de intentar quitar al Concejo de la ecuación, toda vez que conseguir los 8 votos se le hace cada vez más complicado (apenas cuenta con seis ediles que le responden incondicionalmente, hasta el momento).
Pero el argumento oficial fue otro. Avilés sostuvo que, “resulta imposible remitir los convenios al Concejo de Representantes para su tratamiento” ya que “las solicitudes no son enviadas con la antelación necesaria para el tratamiento legislativo”.
Por esto, afirmó el mandatario, “resulta propicio crear un marco normativo ágil y dinámico que permita autorizar a dichos entes públicos y privados para que se instalen en la vía pública”.
En el caso de personas jurídicas de carácter público estatales y no estatales (organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y/o toda actividad que no tenga fines de lucro) la propuesta fijaba un plazo de ocupación máxima de 30 días, sin costo. Para las empresas privadas, en tanto, el espacio público a ceder se distribuye entre el Playón Municipal, Terminal de Ómnibus, costanera y balnearios, desde el 1 de julio al 30 de agosto (receso invernal) y del 15 de diciembre y hasta el último día de febrero (temporada de verano), con un canon diferenciado.
El encargado de ‘convencer’ a los ediles fue el secretario General, Sebastián Guruceta, quien concurrió a la planta alta de la Terminal de Ómnibus el lunes pasado con ese propósito. Pero se volvió con un categórico rechazo de parte de la oposición que, en la práctica, condena a los proyectos.
Con la certeza de que el intento de ‘saltear’ al Concejo de Representantes para ceder el espacio público había fracasado, el compromiso asumido por el oficialismo es enviar un proyecto de ordenanza para dejar explicitado el monto que el municipio cobrará a las empresas privadas por la utilización del espacio público, de tal forma que no quede margen para la discrecionalidad, como ocurre actualmente.
Resulta curioso que quien debió defender la avanzada del ejecutivo sobre las facultades del Concejo en este tema fuera Guruceta, quien se encuentra imputado de ‘abuso de autoridad’ y procesado en una causa en la que se lo acusa, justamente, de haber autorizado a una empresa privada a utilizar espacio público en el verano 2012, sin contar con la autorización del cuerpo legislativo.
Más transparencia
Históricamente los convenios por la cesión de espacio público, sobre todo en el verano en lugares estratégicos como el céntrico Playón Municipal, han sido cuestionados, en los diferentes gobiernos.
Se critica, principalmente, la discrecionalidad que lleva al ejecutivo de turno a acordar con algunas empresas sí, y con otras no. Y las diferencias en el canon que se aplica como contraprestación. También con un criterio que, como mínimo, es poco claro.
Con la intención de dotar de mayor transparencia a todo el esquema, el año pasado el concejal Gustavo Molina (Frente Cívico) presentó un proyecto que nunca fue debatido.
Entro otros puntos, planteaba la necesidad de contar con un ‘inventario’ de las zonas de cesión que serían licitadas antes de cada verano para su adjudicación a las ofertas más convenientes para el municipio.
Nota correspondiente a la edición n° 487 del semanario La Jornada, del 15 de octubre de 2017.
