Por Evelina Ramírez
Llegamos al último número del 2016 del semanario La Jornada. Y la sensación que queda es que vivimos varios años en uno. No por el cansancio, que es habitual a esta altura de diciembre. Sino porque sin lugar a dudas el 2016 fueron varios años en uno.
Fue un año intenso. Conflictivo. Donde la palabra que más se escuchó, sobre todo en la segunda parte, fue diálogo. Diálogo que sigue sin generarse y que marca la impronta del gobierno del intendente Avilés: decidir sin acuerdos.
Su forma de entender al mundo en términos de amigo-enemigo se llevó puesta la alianza de gobierno. La ruptura del bloque de Carlos Paz Unido sacudió el tablero de la política local y evidenció el desgaste de un gobierno municipal fuertemente personalista, incapaz de construir colectivamente decisiones.
Con la implosión de Carlos Paz Unido se acentuó la forma de gobernar de Avilés: con decisiones unilaterales, impuestas a la fuerza, de manera arbitraria. Desde entonces, lo que quedó de la alianza gobernante fue un espacio político que conduce los destinos del municipio basado en la concentración total de la autoridad en el intendente, y donde la obediencia y el disciplinamiento de sus partidarios es el valor más preciado por su líder.
Humo que opaca la transparencia
El 2016 también fue el año en el que la bandera de la transparencia que tanto levanta Avilés fue puesta en duda. La “causa bomberos” implica muy de cerca al fuero íntimo del intendente. Su hermano Diego y el director de la secretaría Privada, Prensa y Protocolo y hombre de su confianza, Hernán Anders, están imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
La acusación que plantearon judicialmente desde el Cuerpo Activo de Bomberos, no es menor. Hablamos de dinero que recibe el cuartel en concepto de subsidios (municipales, provinciales y nacionales), bonos contribución, negocio de matafuegos e inspecciones que habrían sido utilizados por la ex-Comisión Directiva para otra finalidad que nada tiene que ver con la tarea diaria del cuerpo activo. La defraudación sería millonaria.
La contracara de esto es el desfinanciamiento y la falta de equipamiento para una institución que trabaja en salvar vidas. La denuncia fue realizada el 29 de diciembre de 2015 y recayó en la Fiscalía N°2, a cargo de Ricardo Mazzuchi. Además de Avilés y Anders, en esta causa también están imputados el expresidente Alberto Lorenzatti, la exsecretaria Nélida “Cheli” Gómez, y la extesorera Cecilia Rodríguez.
A esto hay que sumar la escandalosa asamblea de renovación de autoridades de la comisión directiva que se hizo en agosto. Una de las cosas que más llamó la atención fue la fuerte presencia de empleados municipales que responden al intendente Esteban Avilés en la nueva comisión, así como que otros integrantes tuvieran relaciones familiares o de amistad con exdirectivos.
Los nuevos nombres fueron inmediatamente cuestionados y calificados como “la continuidad” de la comisión saliente, cuyos principales responsables están imputados. Una especie de “cambiar para que nada cambie”.
Mientras tanto, el Cuerpo Activo de bomberos sigue brindando ayuda en situaciones de emergencia, de la forma que pueden. El ejemplo más reciente se dio el 11 de noviembre pasado cuando se incendiaron dos colectivos y desde bomberos pidieron la asistencia de un camión cisterna municipal y les contestaron que no podían enviarlo “porque no tenemos chofer”.
Hoy el cuartel de bomberos dispone de un solo camión cisterna de 8 mil litros que sale como refuerzo cuando se estima que la unidad de ‘primera intervención’ (dos mil litros de capacidad) no dará abasto. Hace un par de meses se había llegado a un acuerdo a través del cual ante una situación de necesidad el municipio ponía a disposición de los bomberos un camión cisterna para garantizar la provisión de agua, ante la falta de equipamiento del cuartel carlospacense.
En medio de eso, los 50 años de la institución pasaron prácticamente desapercibidos… Una pena.
Conflicto por el agua
Sin lugar a dudas, la puja de Avilés con la Coopi por la prestación del servicio de agua, fue el tema del año. Fue, también, la muestra más cabal del proceder autoritario del intendente. Repasemos.
El 1 de agosto, en su discurso de apertura de sesiones legislativas, Avilés anunció su deseo de que la municipalidad asuma la prestación del servicio de agua, a partir de la creación de una subsecretaría de Agua y Saneamiento. Más allá del declamado “consenso mayoritario” que expresó el intendente al pronunciar su discurso, con el correr de los días fue quedando en evidencia la ausencia de acuerdos (internos y externos a la alianza de gobierno) para llevar adelante la iniciativa.
Lo más sintomático de esa falta de acuerdo fue que los primeros en ponerle un freno a la medida fueron los socios políticos que forman parte de la coalición de Carlos Paz Unido: el Frente Cívico (con Walter Gispert a la cabeza) y la Coalición Cívica ARI (con Omar Ruiz). Hasta la presidenta del Concejo de Representantes, Alejandra Roldán, reconoció que no participó en el armado de la ordenanza.
Tampoco existe un panorama crítico de la prestación del servicio. Y esto fue reconocido por el propio secretario de Gobierno y Asesor Letrado, Juan Villa, al afirmar que “no hay objeción en cuanto al servicio”.
La medida tuvo una fuerte resistencia, no solo por parte de la Cooperativa Integral, que brinda el servicio desde hace 53 años, sino de distintos actores gremiales, políticos y sociales. Se presentaron tres proyectos de referéndum para definir el futuro del servicio de agua. Uno promovido por los ediles del Frente Cívico, otro por el avilescismo y el último por el concejal Omar Ruiz. Ninguno fue tratado en las sesiones ordinarias del Concejo.
Acorralado ante la falta de consensos -y sin ánimo de construirlos tampoco-, un mes después, Avilés firmó el decreto a través del cual daba por finalizado el vínculo contractual con la Coopi y dispuso que la municipalidad asuma la prestación del servicio de agua.
Resolver a decretazo la municipalización del servicio de agua fue la mayor muestra de debilidad que ha tenido en sus cinco años al frente del gobierno municipal. Distintos actores sociales, políticos, gremiales, clericales pidieron que se abran instancias de diálogo. Hasta hubo quienes se ofrecieron como mediadores en el conflicto. Nada eso sirvió.
Decidido a ir por la Coopi, Avilés se cortó solo.
Ante esto la Coopi armó un plan de lucha y resistencia que contó con expresiones de apoyo y solidaridad desde distintos espacios sociales, gremiales, políticos y culturales. Un tejido social en cuya urdimbre se viene trabajando desde años y que se activó inmediatamente cuando se vio que la institución estaba en riesgo.
En el plano judicial, la respuesta de la Cooperativa al decretazo de Avilés fue la presentación de una caución de amparo, como medida cautelar, impugnando por inconstitucional la decisión del intendente. En menos de un mes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Primera Nominación resolvió la cuestión de fondo del amparo.
En principio, ratificó la legalidad del artículo 1º del Decreto 466/16 con el cual el Ejecutivo dispuso “hacer operativa la extinción de la concesión del servicio de agua potable” a la Cooperativa Integral por vencimiento del contrato (en mayo de 2012 venció la últimaprórroga). Pero declaró nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 que establecían plazos para que la municipalidad reasumiera la prestación el servicio.
En este sentido, la Cámara dictaminó que para que se proceda a la denominada “municipalización”, hay que cumplir con el procedimiento institucional fijado por la Carta Orgánica, que exige la intervención del Concejo de Representantes y la sanción de una ordenanza en “doble lectura”, audiencia pública y mayoría agravada.
Lo que hizo el Poder Judicial es –lisa y llanamente- devolver el debate a la política, ratificando que es a través del Concejo de Representantes y no por decreto que Avilés puede llevar adelante esa decisión.
El municipio decidió apelar el fallo de la Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia, insistiendo que la municipalización puede hacerse vía decreto. Mientras se espera el dictamen del máximo tribunal provincial, Avilés sigue apelando a todo lo que tiene a mano para frenar el accionar de la Coopi. La deja afuera de los llamados a licitación a través de mecanismos poco claros, a lo que se suma ahora la decisión de no otorgarle un incremento tarifario.
La eterna puja de Avilés con la Coopi continúa…
Conflicto sobre ruedas
Otro de los temas que La Jornada siguió de cerca fue la puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe la circulación de los vehículos de gran porte. Ordenanza problemática, que claramente no ha dado una solución definitiva al tema.
Y la afirmación se hace más contundente a la luz de los últimos acontecimientos, donde un receptivo de la empresa Angélica Tours volcó en la ruta 38 cuando trasladaba a estudiantes de la localidad de Canals. Al parecer, el vehículo se quedó sin frenos (ver página 11).
Desde la empresa que organizó el tour, Pretti Viajes, apuntaron contra la ordenanza que prohíbe el tránsito dentro del ejido de Villa Carlos Paz de los ómnibus de gran porte. Omar Pretti, propietario de la firma que hace 25 años opera en Carlos Paz, recordó a Cadena 3 que, “en setiembre sacaron la ordenanza y lamentablemente hay que moverse en micro”.
“La ciudad no está preparada para mover tanta cantidad de chicos y nosotros tenemos que contratar receptivos como contratamos esta empresa. Lo que controlamos es que tenga habilitación provincial de la secretaría de Transporte, del Ersep, la ITV y el seguro al día”, aseguró.
Precisamente ese fue uno de los aspectos que los empresarios de turismo habían advertido a los concejales: la falta de receptivos para atender la alta demanda, sobre todo en temporada alta del turismo estudiantil.
Cabe recordar que según lo dispuesto por la normativa, los colectivos de gran porte sólo pueden ingresar para dejar a los pasajeros en el hotel y luego para buscarlos cuando finalice la estadía. El tiempo establecido para realizar la tarea de ascenso y descenso es de 40 minutos como máximo, permaneciendo durante este lapso con motor apagado. Para el traslado de los contingentes por la ciudad, se deben contratar vehículos de menor tamaño.
Desde la Asociación Hotelera y desde la Cámara de Turismo habían pedido la suspensión de la ordenanza y que se abran canales de dialogo para encontrar una solución definitiva consensuada. La respuesta: que siga todo como está.
“No están teniendo en cuenta que están poniendo en riesgo la vida de 100 mil estudiantes por un capricho y por no trabajar a conciencia”, había advertido Alejandro Gordon de la agencia Turismo Recrear y propietario del hotel la Colina del Sol, en la sesión del 10 de noviembre.
Tras el accidente, el interbloque Cambiemos insistirá en el Concejo de Representantes para suspender la ordenanza que prohíbe la circulación de los ómnibus de gran porte. “Los empresarios en las distintas reuniones que tuvimos nos alertaron sobre el tema de la seguridad, ya que la flota que estaba realizando los traslados locales no darían abasto y era posible que fallaran los coches”, explicó el edil Gustavo Molina.
Veremos qué decisión toman los ediles esta vez.
Tablero político
El 2016 fue el año en el que quedó en evidencia la fragilidad de las alianzas. Quedó demostrado, en todo caso, que se trata de estrategias electorales oportunistas de baja consistencia.
Carlos Paz Unido tenía tres cabezas políticas fundamentales: Esteban Avilés, Walter Gispert y Omar Ruiz. Hoy, cada uno de ellos no piensa en un futuro político común. Las reuniones y conversaciones que vienen teniendo con dirigentes de distintos espacios, marcan todo lo contrario.
“Todavía no me explico la decisión de Avilés de romper Carlos Paz Unido. Él quería resolver sin debate y sabía que con nosotros no se podía”, consideró Gispert, que ya está participando activamente dentro del espacio “Cambiemos Carlos Paz” (la alianza UCR-PRO-FC).
Ruiz, alejado de la Coalición Cívica ARI, se ha mostrado con referentes nacionales como Margarita Stolbizer (GEN) en el Encuentro Nacional Progresistas que se desarrolló en Buenos Aires a fines de noviembre. En el plano local, se ha reunido con el líder de Desarrollo y Trasparencia, Víctor Curvino, y fue categórico al rechazar una posible integración a Cambiemos Carlos Paz: “Mi límite es Felpeto, no voy a ser parte de Cambiemos Carlos Paz”.
De parte de Avilés, todavía hay indefinición. Sin posibilidad de ser reelecto intendente y sin partido que lo represente, su horizonte es incierto. El intendente se muestra cercano al PRO a través del concejal Marcelo Cuevas (quien ha pasado a ser un edil que responde a sus mandatos). También hay quienes lo encuadran en las filas de Unión por Córdoba, como potencial candidato a legislador provincial.
Él, por las dudas, repartió elogios para Macri y Schiaretti en la fiesta de apertura de temporada que se hizo en Buenos Aires. “Nuestra ciudad pasó a ser un producto que se trabaja todo el año, a través de las herramientas que nos da el presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti. Este trabajo mancomunado entre nación, provincia y municipio nos permite promocionar la ciudad durante todo el año, reafirmando a Villa Carlos Paz y la región en una de las plazas más importantes del país”, dijo.
Por ahora, son todas especulaciones.
Hubo otras alianzas, más frágiles, que también se rompieron. Desarrollo y Transparencia se separó de Unión por Córdoba, y la concejala Laura Orce ratificó: “Mi militancia está en el Partido Justicialista”.
La alianza Juntos por Carlos Paz (UCR-PRO) también se quebró en el ámbito del cuerpo legislativo. “Mejor sola que mal acompañada”, dice la concejala radical Natalia Lenci sobre quien fuera su par en el bloque, Marcelo Cuevas (PRO). De hecho, la labor de Lenci ha dado cuenta del rol de oposición asumido, promoviendo iniciativas que nacen de demandas ciudadanas (por ejemplo, en materia de discapacidad, violencia de género). La postura de Cuevas es absolutamente contraria, y pasó a ser uno más del oficialismo.
La UCR ha tenido un saludable proceso de renovación de autoridades. Tras una dura interna fue elegido presidente del comité local Jorge Lassaga (se enfrentó a Lucas Durán, quien estaba ‘bendecido’ por el intendente Avilés), quien se trazó como objetivo “volver a poner al radicalismo al servicio del vecino”. Además comenzó a trabajar en el armado de la mesa “Cambiemos Carlos Paz”, junto al Frente Cívico y al PRO (de la línea de la legisladora Massare).
Las descalificaciones e intentos de deslegitimar este espacio son entendidos como una fortaleza por parte de las fuerzas que lo integran. “El lanzamiento de Cambiemos Carlos Paz fue un hecho político muy importante”, destacó Lassaga.
El Partido Justicialista también renovó su conducción. Margarita Gallardo (con el apoyo de la casi totalidad de los sectores internos) asumió como presidenta en reemplazo de la legisladora Mariana Caserio que, a su vez, se hizo cargo del peronismo del departamento Punilla. “Nuestra intención es que dejemos de ser espectadores y seamos protagonistas de la historia política de Carlos Paz”, dijo Gallardo.
El 2017 se viene con varias pruebas electorales. En junio: elección del defensor del Pueblo y en octubre, las legislativas nacionales. En el medio, quedan muchísimos temas sociales por resolver.
“La política es el arte de lo posible”, se repite con frecuencia.
Y verdaderamente lo es, siempre y cuando se construya desde principios éticos e ideológicos firmes. Cuando esto no ocurre, lo posible da lugar al descredito de la política, porque permite construir proyectos que solo aspiran al poder por el poder mismo, alimentados por las ansias del beneficio propio, antes que por el bien común.
Esperamos que en el 2017, el sentido genuino de la política sea recuperado.
Brindamos por eso.
Felices fiestas para todos!
Nota correspondiente a la edición n° 446 del semanario La Jornada, del 11 de diciembre de 2016.
