Ante el silencio del oficialismo, el Frente Cívico presentó un proyecto de ordenanza ‘antinepotismo’

El presidente Mauricio Macri anunció el lunes pasado la firma de un decreto para que “ningún ministro pueda tener familiares en el gobierno”. La referencia, reciente y latente, alude a la situación del titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, pero atravesó de inmediato a las diferentes administraciones de todo el país.

Las principales ‘espadas’ de Cambiemos a nivel nacional, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se alinearon de inmediato con la decisión presidencial.

Desde el gobierno de Córdoba, en tanto, salieron rápidamente a despegarse de esta decisión.

“A los funcionarios no los evaluamos por parentesco”, sino “por su capacidad y eficiencia”, afirmó el ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Massei. Y planteó que, “lo que se anunció es una decisión del gobierno del presidente Macri respecto a su gestión”.

“Seguramente hizo una evaluación de su déficit fiscal y tomó medidas. No nos corresponde opinar, pero en Córdoba, a las medidas de austeridad las tomamos desde el primer día. No tenemos previstas medidas de excepción y seguiremos con nuestro estilo de gestión”, dijo.

La municipalidad de Córdoba, a pesar de estar gobernada por la UCR, socia del PRO de Macri en Cambiemos, se alineó con el gobierno provincial y descartó despedir a familiares.

El subasesor letrado Alfredo Sapp defendió el nombramiento de familiares en el gabinete de Ramón Mestre, según publicó La Voz del Interior.

“En el caso concreto de funcionarios que son familiares, el número es insignificante. Estamos hablando de ocho o 10 personas, todas excelentes funcionarios, lo acompañan a Ramón desde hace 6 años, y han demostrado capacidades suficientes”, expresó. Adelantó, además, que el intendente Mestre “entiende que no es necesario producir cambios”.

 

Y por casa…

Villa Carlos Paz no está ajena a esta polémica nacional asociada inevitablemente a los ‘ñoquis’ que llegan al gobierno acomodados por algún familiar. Sin embargo, la discusión de fondo debería ser si las contrataciones se realizan atendiendo las capacidades específicas para cada función o si, en efecto, se trata de nombramientos de favor.

Por el momento desde el departamento ejecutivo no hubo declaraciones públicas sobre si el gobierno analiza replicar en el municipio la decisión que tomó Macri a nivel nacional.

En contrapartida, el bloque de concejales del Frente Cívico, integrado por Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira, presentó a tono con la iniciativa que la fuerza impulsa a nivel provincial, un proyecto de ordenanza ‘antinepotismo’.

La iniciativa plantea una modificación al artículo 20 del Código de Ética de la Función Pública con la finalidad de prohibir “designar, contratar o becar para todos los organismos especificados en el artículo 4º de la presente ordenanza –Ámbito de aplicación–, agentes para que presten servicios si están unidos a autoridades políticas por vínculos familiares, cónyuge por matrimonio o unión convivencial, pariente consanguíneo o afín en primer y segundo grado”.

A los fines de esta disposición se entiende por ‘autoridades políticas’ al intendente, secretarios, Asesor Letrado, Juez de Falta, subsecretarios, subasesor Letrado, procurador del Tesoro, directores, subdirectores, coordinadores, concejales, secretario Legislativo, ProSecretario Legislativo, Auditor de Gestión, tribunos de Cuentas, defensor del Pueblo y Adjunto, y directores del municipio en las empresas con participación estatal.

En los fundamentos, los ediles destacan que en el municipio de Villa Carlos Paz “la mayoría de los trabajadores municipales son precarizados, situación que permite su designación discrecional por parte del intendente”.

De aprobarse, la restricción “no se aplicará al personal permanente que ha entrado a la administración municipal por concurso público de oposición y/o antecedentes”.

En la actualidad, el único límite para la contratación de familiares es que el funcionario no los puede designar “en la repartición o dependencia a su cargo (…) si está unido con ellos por vínculos familiares, cónyuge por matrimonio o unión convivencial, pariente consanguíneo o afín en primer grado”.

El proyecto tomará estado legislativo en la próxima sesión del Concejo de Representantes y se espera que, al menos, el oficialismo permita la discusión.

En nuestra ciudad, la lista de los funcionarios con familiares en el municipio incluye a concejales, tribunos y otros de menor rango.

Sólo a modo de ejemplo: Roberto Buzzuro (director de Personal) y su esposa Vanina Cortés; Roberto Rizzi (presidente de Carlos Paz Gas) y su hijo Sergio; Salvador Insigna (sub director de Servicios Públicos) y su hija Tamara; Amalia Gómez (directora de Obras Privadas) y su esposo Carlos Pardo; el concejal Marcelo Cuevas y su cuñado Germán Angaramo; Alicia Osorio (secretaria legislativa) y su esposo Juan Carlos Zopetti (director Carlos Paz Gas), Raquel Merlino (tribuna de Cuentas) y su hermana; Carla Livelli (concejala) y su hermano Germán (secretaría de Turismo).

Hay otros casos en la actualidad, seguramente, pero resulta que el último listado de personal que figura en la web del municipio corresponde a junio de 2017.

Otro punto a considerar es que, si la lista se amplía a las amistades, e incluso parejas, habrá que empezar a hablar de importantes nombramientos en la primera línea de gobierno.

 

Nota correspondiente a la edición n° 500 del semanario La Jornada, del 05 de febrero de 2017.

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