El cuerpo de trabajadores de la Cooperativa Integral resolvió, el miércoles pasado, declararse en estado de asamblea y movilización permanente, en el marco del conflicto por el agua que instaló el intendente Esteban Avilés a partir de la decisión de quitarle el servicio de agua a la institución.
“El conflicto desatado por el intendente Avilés lleva ya 44 días y se ha profundizado al recurrir autoritariamente a un decreto para consumar la quita del servicio de agua.
Llevamos 44 días trabajando para que la ciudad tenga agua y defendiendo nuestras fuentes de trabajo al mismo tiempo”, explicó el Sindicato de Trabajadores de la Coopi (STC) a través de un comunicado que firmaron José Ipólito (secretario General) y Rubén Zanellato (secretario Gremial).
Y advirtió que, “la paciencia para que el intendente responda al reclamo generalizado de la sociedad carlospacense a que dialogue y recapacite se agota”.
Tras asegurar que, “Villa Carlos Paz está a las puertas de una nueva temporada en la que una vez más el servicio de agua potable será clave para que esta se desarrolle con normalidad”, los cooperativistas sostuvieron que, “no estamos dispuestos a perder nuestras fuentes de trabajo, ni la calidad de un servicio en el que llevamos más de 30 años trabajando con total dedicación y compromiso para que no falte salud pública, ni turismo”.
“Pero sí estamos dispuestos, hasta las últimas consecuencias, a demostrar en la calle, cara a cara con los vecinos los costos económicos y sociales que Villa Carlos Paz deberá afrontar por el capricho personal del intendente o por el posible negociado que oculta su intento de quita del servicio de agua a la Cooperativa Integral.
Los trabajadores de la Coopi no aceptaremos ningún negocio que haga que el agua y nuestro trabajo deje de ser un derecho y se convierta en mercancía.
Con el agua no y con nuestras fuentes de trabajo tampoco”, finalizó el documento.
En ese marco se resolvió profundizar el plan de lucha en defensa de los puestos de trabajo, el servicio de agua y la Cooperativa Integral.
El miércoles hubo asamblea y abandono de tareas a las 10 (se mantuvieron guardias mínimas) y una marcha que cortó el puente Uruguay con el objetivo de visibilizar el conflicto, para finalizar frente a la municipalidad. La movilización contó con el apoyo de distintos gremios. Estuvieron presentes, entre otros dirigentes, Pablo Carro de la CTA, Gustavo Valdez y Myriam Vélez de SIPOS y Luis Ortega de FETIA, quienes dirigieron la palabra reforzando su apoyo y compromiso con la defensa del servicio de agua y los puestos de trabajo.
El jueves la mecánica fue similar, aunque en este caso el corte se produjo en la avenida Cárcano a la altura de calle Brasil. Y el viernes la movilización cortó la ruta 14 camino a San Antonio de Arredondo y, minutos más tarde, el Puente Negro.
En todos los casos, los cortes se extendieron entre 30 y 50 minutos, aproximadamente.
El sábado las acciones de información y visibilización del conflicto tuvieron continuidad con una movilización en el ingreso a la ciudad, sobre avenida San Martín, a la altura de calle Irigoyen.
Para este lunes, en tanto, se dispuso un paro general y activo con trabajo informativo en las calles con los vecinos. De esta manera, las puertas de la Coopi permanecerán cerradas, sin atención al público.
“Necesitamos que la gente entienda y visibilice el conflicto”
Oscar ‘Tito’ González, integrante del STC, recordó que el conflicto lleva más de 40 días “y Avilés no ha dado señales de volver atrás con esta alocada decisión, que es autoritaria y atenta contra la democracia”.
“Necesitamos que la gente entienda y visibilice el conflicto, porque algunos piensan que todo va a seguir igual. Estamos profundamente preocupados por el servicio”, dijo, y advirtió que, “está en juego nuestra fuente de trabajo”.
Se pronunció a favor del diálogo para resolver el problema pero, ante la actitud intransigente de Avilés, adelantó que las medidas de fuerza “se van a profundizar”.
Reclamó, además, que el gobierno provincial “tome cartas en el asunto”.
Municipio suspendió la realización del ‘inventario’
En el marco de una reunión que se llevó a cabo el miércoles por la mañana en la sede del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos), el municipio de Villa Carlos Paz presentó una resolución con la que da marcha atrás con las primeras acciones indicadas en el decreto para la quita del servicio de agua, alegando esperar la resolución de la justicia sobre el amparo presentado por la Cooperativa Integral.
Se trata, específicamente, del artículo 2º del decreto Nº 466/DE/2016 que fijaba “los días 19 y 20 de Septiembre desde las 08:00 horas hasta las 15 horas a los fines de que personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental o quien ésta faculte, conjuntamente con la persona designada con motivo del contrato por el Municipio para su representación ante la Coopi, para proceder verificar condiciones de reintegro de los bienes que debe realizar el concesionario al final de la concesión”.
De acuerdo a la decisión del municipio, la realización del ‘inventario’ quedó suspendida de manera provisoria, hasta tanto la Cámara Contencioso Administrativa se expida sobre la acción de amparo.
Intervención del Ersep
Las gestiones promovidas por las autoridades del Ersep generaron las condiciones para que el municipio y la Coopi de Villa Carlos Paz concurrieran a la reunión de partes a la que el presidente del Ente Regulador, Mario Blanco, las había convocado.
La reunión tuvo lugar en la sede del Ersep y contó con representantes del municipio, de la Coopi de Villa Carlos Paz y del propio Ente representado por Mario Blanco, Jorge Vaz Torres y de Nicolás Bergesio, presidente, gerente de Agua y abogado respectivamente.
La reunión centró su desarrollo en analizar la situación generada partir del anuncio del intendente Esteban Avilés de quitarle el servicio de agua a la Coopi y que adquirió su punto más álgido con la firma del decreto 466/DE/2016.
Las autoridades del Ersep se mostraron sumamente preocupadas por la decisión del intendente de avanzar con esta decisión sin tener en cuenta el aspecto regional que conlleva el servicio de agua en el sur del Valle de Punilla. La forma inconsulta y la falta total de información al que quedaron expuestas las autoridades y vecinos que comprenden a las localidades de San Antonio, Villa Río Icho Cruz, Mayu Sumaj y Cuesta Blanca fueron expuestas como improcedentes.
Otro aspecto destacado con firmeza por parte del presidente Blanco y su equipo de funcionarios se refirió a la titularidad del gobierno de la provincia sobre los recursos hídricos, sobre todo en los casos en los que esa titularidad es cedida a comunas o municipios. La misma evaluación es aplicada a la propiedad regional de la infraestructura con que los servicios de agua son brindados respondiendo a conceptos de ‘Cuenca Regional’.
Sin lugar a dudas el punto más importante de la reunión se refirió a la decisión de los representantes municipales, en las personas del secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, y el Dr. Marcelo Ambroggio, de presentar la resolución Nro. 007/B/2016 mediante la cual deja sin efecto la medida prevista para el lunes 19 y martes 20 de septiembre, destinadas a realizar un primer inventario de los bienes relacionados al servicio de agua brindado por la Coopi.
La marcha atrás por parte del municipio en concretar esta acción fue fundamentada en virtud del recurso de amparo presentado por la Coopi y que la Cámara Contenciosa Administrativa de Primera Nominación del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba le otorgara admisibilidad y sujeto a resolución en los próximos días.
Se interpretó, además, que la decisión de dejar sin efecto las primeras acciones previstas en el decreto firmado por Avilés, también se relaciona con la firmeza que ha demostrado el cuerpo social de la Cooperativa Integral rechazando la decisión del intendente de quitarle el servicio de agua tras 53 años de labor sanitaria, junto a la adecuada y profunda argumentación de los letrados cooperativos en los ámbitos jurídicos donde se ha abordado la inconstitucionalidad e ilegalidad de la medida oficial y sobre todo la capacidad y decisión de movilización del cuerpo de trabajadores de la cooperativa que han decidido trabajar en la calle misma, cuerpo a cuerpo con los vecinos, “lo injusto, irracional y peligroso de la situación generada por el intendente Avilés a partir del 1 de agosto pasado, tanto para las 250 fuentes laborales relacionadas con la Coopi, como así también para el futuro del servicio de agua, particularmente ante el inminente comienzo de una nueva temporada turística”.
Finalmente, se sumó la valoración del accionar de la justicia por actuar con celeridad, dando admisibilidad a la medida de amparo presentado por la Coopi, entendiendo el escenario de incertidumbre generado en la sociedad de Villa Carlos Paz.
En este aspecto se destaca la advertencia de las autoridades del Ersep de que “sea cual sea la decisión de la justicia el gobierno de la provincia debe actuar en el tema”.
“No lograron dar ningún argumento objetivo que justificara sacarle el servicio a la Coopi”
El abogado constitucionalista y representante de la Cooperativa Integral, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, se refirió en términos positivos a la reunión desarrollada en la sede del Ersep.
“Ha sido un encuentro interesante. El Ersep se ha implicado y dejó clara su postura”, dijo.
Subrayó que los representantes del municipio, “no lograron dar ningún argumento objetivo que justificara sacar el servicio a la Coopi. Solo quedó en claro que era la voluntad del gobierno”.
“Tampoco pudieron dar respuestas sobre el personal que quedará en la calle, más allá de decir que están dispuestos a hablar con el ministerio de Trabajo. Eso no garantiza nada”, advirtió.
El letrado sostuvo, además, que el Ersep “recriminó que se tomó una medida sin comunicar los efectos a otros sectores que también reciben agua de la Coopi”, como es el caso de las comunas del sur de Punilla.
“Como el servicio afecta a más de un municipio, es competencia del Ersep involucrarse en el tema”, aclaró.
Y recordó que, de acuerdo a la constitución, “el dueño del recurso es la provincia, que lo delega en el municipio, pero así como lo delega puede revocar ese permiso”.
Sobre la decisión del municipio de suspender la realización del ‘inventario’, Rodríguez Villafañe consideró que, “están tomando conciencia de que no pueden tomar medidas de este tipo de cualquier forma”.
Por otra parte, se mostró confiado en que la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación que entiende en el amparo presentado por la Coopi, se pronunciará esta semana sobre la reclamada inconstitucionalidad del decreto firmado por Avilés.
Nota correspondiente a la edición n° 434 del semanario La Jornada, del 18 de setiembre de 2016.
