Agua en San Antonio: el SIPOS reclama que el municipio incluya a los trabajadores del servicio

En menos de un mes, el municipio de San Antonio de Arredondo arremetió con la municipalización del servicio de agua y definió la creación de un ente para llevar adelante la prestación. Sin embargo, nada se dijo sobre qué pasará con los puestos de trabajo que hoy sostiene la COOPI y que están abocados a brindar el agua potable en esta localidad del sur de Punilla.

Vale decir que las autoridades sanantonieneses pegaron el faltazo a la primera audiencia convocada por el ministerio de Trabajo para el martes 3 de agosto. “La municipalidad no tiene ninguna obligación asumida, sea por contrato o por disposición legal, en resolver el tema de los empleados de la Cooperativa Integral”, se lee en la nota firmada por la intendenta Cicerone y agrega al final que, “el municipio no se va a someter a la instancia administrativa ante vuestro ministerio”.

Ante este escenario, el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), emprendió un plan de lucha para que el municipio incorpore la cantidad de trabajadores que quedó establecida en la fórmula enunciada por el ministro de Trabajo Omar Sereno en el laudo arbitral que se aplicó en Villa Carlos Paz. Esto es: 3,5 operarios por cada mil unidades de conexión. De ese cálculo sale la cantidad de 21 trabajadores que el gremio reclama que deben ser incorporados.

La primera movilización se dio el viernes 6 de agosto. En ese marco el secretario General, Gustavo Valdez, fue recibido por el pleno del Concejo Deliberante. De allí salió el compromiso de que el Cuerpo Legislativo trabajaría para generar una instancia de diálogo con el Ejecutivo que permita atender la situación de los trabajadores.

“Siempre estuvo como intención en este Concejo, cuando se trató la ordenanza, que la mano de obra calificada que tienen los trabajadores de la COOPI es el mejor camino. Siempre estuvo en consideración contemplar este hecho. Tiene que abrirse una conversación, una negociación, un canal de diálogo para poder concretar esta situación”, expresó la presidenta del Concejo, Paula Salomón, en diálogo con VillaNos Radio.

Transcurrió una semana y prácticamente no hubo avances en la supuesta apertura al diálogo. Al contrario. La intendenta Cicerone afirmó en diferentes medios de comunicación que la COOPI estaba brindando el servicio sin contrato y, como tal, esto no genera ninguna obligación para el municipio. No obstante, sobre los puestos de trabajo, afirmó que sólo se incorporará a los trabajadores que tengan domicilio en San Antonio.

“Consideramos que, al no tener un convenio con la Cooperativa, empleados en sí de San Antonio son muy pocos. De eso sí nos podemos hacer cargo o fijarnos de su capacidad. Pero del listado de 22 personas que presentaron, no son habitantes de San Antonio”, dijo Cicerone en diálogo con Hora 7 (Next TV).   

Sin embargo, en la designación de las personas que el Ejecutivo convocó para llevar adelante la tarea del Ente no tuvo el mismo criterio “localista”. Hablamos del ingeniero Cesar Poldi y la doctora Sandra Ferracane, quien fue ex jueza de Faltas y que hoy no tiene domicilio en San Antonio. Poldi, en tanto, es ciudadano de Córdoba capital y hace muy poco hizo su cambio de domicilio.

Para Valdez, el criterio del lugar de residencia de los trabajadores nada tiene que ver con pensar en una correcta prestación del servicio. “Rechazamos ese criterio por ser arbitrario, discrecional y no encuentra fundamentos en la realidad. El número de trabajadores que implica la prestación del servicio en San Antonio supera largamente a la cantidad de trabajadores que viven en San Antonio. No se fundamenta el criterio bajo ningún punto de vista”, dijo y cuestionó también que el municipio quiera acordar el traspaso hablando individualmente con cada trabajador y no con el gremio.

En los próximos días el conflicto entrará en una etapa decisiva ya que Cicerone firmó el decreto que establece las fechas de asunción del servicio: 18 de agosto la toma provisoria y 20 de septiembre, la definitiva. “Vamos a seguir firmemente parados en esta definición: tienen que tomar a los trabajadores con las mismas condiciones que tienen hoy en la Cooperativa”, afirmó Valdez. 

Nota correspondiente a la edición n° 568 del periódico La Jornada, del 17 de agosto de 2021.

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