El conflicto por el agua se encuentra en compás de espera de la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de Primera Nominación, donde se encuentra el recurso de amparo presentado por la Cooperativa Integral para frenar el decretazo del intendente Esteban Avilés a través del cual le quita la concesión del servicio de agua, después de 53 años de trabajo.
Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras de la Coopi siguen adelante con su plan de lucha y visibilizaron de la problemática en las calles. Ya llevan más de 10 días consecutivos de acciones en la vía pública que incluyen mesas informativas, cortes de media calzada y junta de firmas que ya le fueron entregadas al gobernador para que tome “urgente y personal intervención” en el tema (ver recuadro aparte).
Uno de los objetivos de estas acciones callejeras tiene que ver con romper el cerco mediático y la campaña de difamación emprendida desde el aparato municipal, a través de sus múltiples recursos.
“El municipio no está con condiciones de asumir la prestación del servicio de agua y con esta decisión pone en riesgo a toda la ciudad. Estamos a dos meses de la temporada de verano, ya llegaron los estudiantes, y la alta afluencia demanda un servicio de calidad para evitar problemas de salud”, dijo el contador Emmanuel Conrero, trabajador de la institución.
Y advirtió: “Todos sabemos cómo es la gestión de Avilés, sólo basta con ver el estado de las calles. Ha demostrado que no es un gobierno que se caracterice por su buena gestión, justamente”.
Una de las afirmaciones que el cuerpo de trabajadores quiere dejar en claro es que no hay garantías de continuidad de las fuentes laborales. Más allá de las declaraciones públicas que ha hecho Avilés en distintos medios, lo cierto es que no hay ningún documento que certifique que esto será así.
El decreto firmado por el intendente el 1 de septiembre tiene seis artículos. Ninguno de ellos hace mención a la situación de los trabajadores. Solo determina el fin de la concesión del servicio de agua a la Coopi y establece fechas para su traspaso: el 14 de octubre, la recepción provisoria; el 1 de noviembre, la recepción definitiva. Nada más.
A esto hay que sumarle que en las sucesivas reuniones mantenidas por el intendente y los miembros de su gabinete con diferentes actores sociales se dijo que el municipio tuvo encuentros con representantes del ministerio de Trabajo de la provincia, lo cual fue desmentido en la reunión que el Sindicato de Trabajadores de la Coopi (STC) mantuvo este miércoles en dicha dependencia provincial.
Por el STC estuvo presente el secretario General José Ipólito, mientras que en representación de la cartera del gobierno provincial participaron Roberto Reale, subsecretario Legal, Técnico y de Coordinación Administrativa, y Franco Mogetta, secretario de Trabajo y Relaciones Laborales.
“Lo negaron rotundamente”, dijo Ipólito al ser consultado sobre el supuesto contacto del municipio con los representantes del Ministerio de Trabajo. “Nos dijeron: ‘Esta es la casa de los trabajadores y si cualquier tipo de patronal hace una presentación de ese tipo, lo primero que debe hacer el ministerio es llamar a la representación gremial’”, relató.
Y reiteró: “No hubo ninguna comunicación del municipio con el ministerio de Trabajo, y los funcionarios nos dijeron que van a intervenir cuando lo demande su grado de responsabilidad”.
El dirigente remarcó que en el ministerio de Trabajo “no tenían una información acabada de los hechos, sólo sabían del conflicto por los medios”. “Es una mentira más de este berenjenal que ha armado el Ejecutivo”, acusó.
Ipólito recordó también que en la reunión municipio-Coopi mantenida en el ERSEP el pasado 14 de septiembre, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, dijo que se habían mantenido reuniones con las autoridades de los municipios y comunas del Sur de Punilla y de Estancia Vieja. Y ese encuentro se realizó recién la semana pasada.
“Dentro de todo este conflicto hay un alto grado de improvisación”, evaluó.
Tras el decretazo, Avilés se mostró dialoguista
El intendente mantuvo la semana pasada varias reuniones con diferentes actores sociales con la intención de ponerlos al tanto de la decisión tomada. El martes se juntó con las autoridades de las localidades del Sur de Punilla y Estancia Vieja.
En el encuentro estuvieron la intendenta de San Antonio, Patricia Cicerone; de Mayu Sumaj, Fabián Flores; de Icho Cruz, José Gava; y las jefas comunales de Tala Huasi, Ana Miranda; de Cuesta Blanca, Andrea Jordan; y el titular del Ejecutivo de Estancia Vieja, Adolfo Parizzia. Avilés estuvo acompañado por todos los secretarios de su gabinete y por la presidenta del Concejo, Alejandra Roldán.
El jefe comunal de Estancia Vieja, Adolfo Parizzia, dijo que en el encuentro Avilés dio las razones por las cuales decidió quitarle la concesión del servicio a la Coopi, tras 53 años de trabajo. “Nos dio su apreciación. Serán o no valederos, eso lo tendrá que decir la justicia”, manifestó a VillaNos Radio 100.7.
Además, consideró que por el impacto de la decisión la reunión con las comunas y municipios afectados se tendría que haber hecho antes. “Nos tendría que haber hecho participar anteriormente. Se lo dije en la reunión. Si es algo que tenemos en común, tiene que ser puesto en común”, expresó.
Parizzia aclaró que la situación de Estancia Vieja es diferente al de las comunas el Sur de Punilla, ya que se abastece del arroyo Los Chorrillos. En cuanto a la relación con la Coopi dijo: “Nosotros no tenemos inconvenientes. Estamos trabajando muy bien con la gente de la Coopi. No tenemos problemas”.
Confirmó además que en el encuentro se habló de crear un Ente Regional, pero aclaró que sería para todos los servicios públicos y que apenas es “una idea”. “Sería no solo para el tema del agua. Ya estamos trabajando de esa manera con el tema de la basura. Se tiró una idea de que se incorpore el tema del agua, pero hay que ir viéndolo”, afirmó y remarcó: “Hoy por hoy no hay nada concreto en lo más mínimo”.
Las autoridades de las comunas y municipios del Sur de Punilla, en tanto, han preferido no hacer declaraciones públicas por el momento. Si bien coincidieron en que “no tienen problemas con la Cooperativa Integral”, dijeron que esperaban la resolución de la justicia. Esta semana se juntarán para tomar una decisión conjunta.
El jueves fue el turno de los referentes de distintos cultos. Avilés y su gabinete recibieron primero a los curas párrocos Mario Bernabey (Nuestra Señora del Carmen), Hugo Villagra (Niño Dios) y Daniel Rodríguez (San José); y luego al Consejo Pastoral de Iglesias Evangélicas.
“Fueron dos reuniones muy positivas en las que explicamos el proceso que derivó en esta decisión. La intención del Gobierno era que la iniciativa se discuta primero en el seno del Concejo de Representantes y luego con la participación de la ciudadanía a través de un referéndum. También se aprovechó la oportunidad para explicar la situación legal y la capacidad técnica y operativa con la que cuenta el Municipio para prestar el servicio”, afirmó el secretario de Calidad Institucional, Participación y Cultos, Darío Zeino.
En tal sentido, el funcionario comentó que, “se brindaron detalles sobre el pase de los empleados que así lo deseen, como así también la modalidad de contratación a la que podrán acceder, y se aclaró algunas dudas que había por parte de los presentes”.
No consulta a los Centros Vecinales
La semana anterior, Avilés y sus funcionarios se habían reunido con representantes de Centro Vecinales, distribuidos por distritos. Si bien en la convocatoria previa se les había dicho a los dirigentes barriales que se tocarían temas generales, el encuentro derivó en una bajada de línea directa sobre la postura que el municipio tiene en torno al conflicto del agua.
“Nos dijeron que íbamos a tener oportunidad de hablar con el intendente sobre distintos temas. El día anterior, hicimos nuestra reunión de comisión para puntualizar los temas. Ya en la reunión nos dijeron que lo que se iba a hacer era explicar la postura del municipio, inclusive desde lo legal, en torno al agua”, dijo la presidenta del Centro Vecinal de barrio Costa Azul Sur, Liliana Picatto.
Mismas consideraciones tuvo la representante de barrio los Algarrobos, Miriam Castellino. “El único tema que se tocó fue el del agua”, dijo y confirmó que los Centros Vecinales no fueron consultados por el intendente antes de que tome la decisión de quitarle el servicio a la Coopi.
“Creo que como a la mayoría de la sociedad, esta decisión nos tomó por sorpresa”, expresó.
Castellino, junto a otros 30 dirigentes vecinales firmaron una nota dirigida al Concejo de Representantes en la que se expresan a favor del diálogo y de que el intendente dé marcha atrás al decreto.
“Preocupados por la situación del servicio de agua y de sus trabajadores, y en relación con el decreto de referencia, nos dirigimos a usted y por su intermedio al resto de los Concejales que conforman el Cuerpo que usted preside a los fines de solicitarles que se expidan a favor del diálogo entre el municipio y la Coopi y soliciten se dé de baja el decreto de extinción de concesión del servicio de agua a esta última”, se lee en la misiva.
Citando las atribuciones que la ordenanza 6009 le confiere a las entidades barriales, los vecinalistas afirman que, “la gravedad de la situación no colabora en la mejora en la calidad de vida de los vecinos ni fortalece la democracia”.
La nota afirma también que “dada las expresiones públicas de diferentes voceros de la propia municipalidad que ‘el servicio es bueno’, entendemos entonces que existen diferencias entre las partes y cuestiones a mejorarse en el servicio que bien podrían ser subsanadas en una mesa de acuerdo, con mediación de por medio si hiciera falta, tal como se capacitó en el curso de Diplomado en Gestión Vecinal organizado por el municipio el año pasado”.
Y remarca: “Creemos que lamentablemente el decreto de Ejecutivo obtura esta posibilidad del diálogo democrático para arribar a un consenso y por este motivo reiteramos la necesidad de que el mismo no se efectivice. Solicitamos que ustedes, como representantes de los vecinos, se expidan en este sentido e intervengan propiciando espacios de diálogo democrático entre las partes, con participación de las organizaciones a instituciones intermedias de la ciudad como así también de los actores sociales, por el bien común de la ciudad”.
El jueves pasado ingresó al Concejo otra nota de vecinos que también se expresan a favor del diálogo y de que el intendente dé marcha atrás con el decreto. “Nos conmociona y nos preocupa profundamente la situación del servicio de agua y el futuro de la Coopi y de sus trabajadores. Seguramente hay cuestiones a mejorarse en el servicio, que es responsabilidad del concedente y del concesionario de común acuerdo, por lo que pedimos se genere una mesa de negociación que asegure las fuentes laborales y el servicio de agua para todos los vecinos, por nuestra salud (…)”, se lee en la nota, firmada por más de 20 particulares.
Nota correspondiente a la edición n° 435 del semanario La Jornada, del 25 de setiembre de 2016.
