Marcelo Cuevas (PRO): “Hubiera estado bueno que llegáramos a un consenso. Hemos trabajado casi 60 días para llegar a algo positivo que hasta el momento no ha podido ser. La empresa, en el medio de una instancia de diálogo y trabajo conjunto, lanzó una campaña difamatoria basada en información falaz, atentando contra Carlos Paz como destino turístico.
Carlos Paz ha tomado la bandera de la preservación de sus laderas para garantizar el futuro. Por eso, apoyo desde un primer momento este proyecto. Creo que es el camino correcto. La instancia de dialogo se agotó”.
Natalia Lenci (UCR): “Nos encontramos apurados a aprobar una expropiación donde no contamos con toda la información que necesitamos para poder llevarla a cabo, además del incumplimiento que estoy denunciando de aspectos formales que establece una ordenanza respecto a la formalidad de una expropiación.
Son 33 hectáreas y no tenemos un monto establecido. Le pedimos un informe a la Unión Inmobiliaria Regional de la Provincia de Córdoba (UNIR) que nos manifiesta que como mínimo esta expropiación saldrá $41.760.000. No podemos tomar una decisión tan importante, en la que vamos a endeudar al municipio en estos montos, sin habernos dado el debate serio y responsable con más información dentro de la comisión. Se hizo una evaluación del local por separado, y el informe detalló un valor de $19.489.000”.
Carla Livelli (CPU): “Los números oficiales que tenemos, la valuación fiscal que está incorporada en la información a analizar del proyecto, no excede los 8 millones de pesos.
Una vez que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un bien o una franja comienza la instancia del juicio de expropiación, donde el Consejo Provincial de Tasaciones tiene que dar un monto. Hablar de un monto que no sea el fiscal con anticipación a eso es una irresponsabilidad total. Decir que existe un monto millonario en dólares cuando el Consejo Provincial de Tasaciones no tiene autoridad para expedirse es una falta de respeto a la ciudadanía total.
El mismo proyecto de expropiación dice el destino de las parcelas, es la preservación del bosque serrano y toda actividad que tenga que ver con la divulgación ambiental. Nosotros nos acotamos a los que dice el proyecto de expropiación enviado por el ejecutivo y en ese marco tiene que darse la utilidad del salón”.
Gustavo Molina (Frente Cívico): “Hay un concepto que se repite desde el gobierno en los últimos dos años: el diálogo está agotado. Pasa con la Coopi y con una serie de instituciones.
Cada vez que se abre una instancia de negociación la respuesta es esa. Y la Aerosilla recibe el mismo trato cuando el diálogo recién empezaba.
Estamos hablando de muchos millones, porque una cosa es la valuación fiscal y otra lo que terminará pagando la municipalidad.
Hay muchos proyectos de expropiaciones que están parados, y de repente hay apuro con un ícono de la ciudad.
Nos cabe actuar con mucha responsabilidad y de mirar a la cara a nuestros descendientes porque vamos a cargar sobre sus hombros tener que afrontar las costas de este conflicto”.
Walter Gispert (Frente Cívico): “Estoy en contra de expropiar el salón. Hay mucha plata de por medio y podríamos expropiar muchísimas cosas. ¿Qué es más conveniente expropiar la montaña si hoy los dueños no pueden hacer nada o expropiar las veredas de la calle Cárcano? No se ha expropiado nada, la única fue la montaña mágica. Empezaría a expropiar a quien quiere ser expropiado. Hay un montón de expedientes que nunca fueron tratados. Estoy dispuesto a una negociación”.
Omar Ruiz (GEN): “El proyecto debería seguir en comisión (la moción fue rechazada). Necesitamos más tiempo. El diálogo no está agotado. Veía mucho apuro por resolver esto y no se pautaron los tiempos.
Hay una lógica maniquea, se intenta dividir la ciudad en buenos y malos. Aerosilla merece consideración porque es una de las primeras empresas de la ciudad que le aportó muchísimo turísticamente a esta ciudad, es un ícono.
Se inicia una negociación con la intensión de resolver un conflicto, de evitarle al municipio litigiosidad, de retirar recursos de los contribuyentes para pagar algo que fue ofrecido por parte de la Aerosilla como una donación. No entiendo el apuro, lo sustancial está (en la oferta de la Aerosilla). La respuesta no es la expropiación. Si uno cree en el diálogo es hasta agotar las últimas instancias. Estas cosas me llevan a no poder acompañar este proyecto.
El Concejo anterior resolvió la intangibilidad. Vamos a expropiar para proteger las laderas que ya están protegidas. Desde el punto de vista legal no hace falta esta ordenanza”.
Laura Orce (UPC): “Estamos ante una cuestión de derecho público. Me preocupó el antecedente que estas cuestiones pudieran generar, al habilitar algún tipo de acuerdo con uno (privado) porque a otros no.
Considero prioritario el tema de la calle, no me parece una cuestión menor en lo más mínimo.
No es menor el condicionamiento del uso cuando uno dona.
Me preocupaba avalar un acuerdo y un convenio donde pudiéramos conciliar el interés netamente particular con el público.
Las condiciones que estableció la Aerosilla me causaron profundo malestar. Si estoy otorgando (haciendo una donación) cómo puedo yo condicionar así al Estado, cómo puedo yo particular pretender ingresar a la faz legislativa cuestiones pecuniarias que tienen que ver con dólares, uso o no. Cómo puedo hacer una donación y condicionar el derecho de la comunidad toda o limitarla en algo, cómo puede alguien plantear cuestiones que cualquier otro, que tiene que estar en el rol de la función pública, no las puede aceptar”.
Nota correspondiente a la edición n° 512 del semanario La Jornada, del 30 de abril de 2018.
