A través de un comunicado titulado ‘¿Adónde está el agua que nos falta?’, la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) criticó fuertemente a la municipalidad de Villa Carlos Paz por la gestión del servicio de agua. Y la acusó directamente de que, ‘abren y cierran el grifo con impúdica supremacía, garantizando el recurso para la ciudad turística a costa de dejar a varias localidades sin agua’.
Además de esta discrecionalidad, la ONG ambientalista planteó que el municipio carlospacense ‘tampoco está abordando el origen del problema: la desprotección de la cuenca del río San Antonio’.
El comunicado completo
‘En septiembre de 2020, la municipalidad de Villa Carlos Paz presionó para que las localidades del sur de Punilla no renovaran la firma del convenio con la COOPI. En mayo del 2021, el gobierno de Villa Carlos Paz había puesto un ultimátum sobre el manejo del recurso: o aceptaban las condiciones o no las abastecería de agua potable.
Una vez más, los enjambres políticos salpicaron a los ciudadanos; esta vez frente a un derecho humano consagrado en tratados internacionales y establecido en la Constitución.
Desde que Villa Carlos Paz tomó el manejo del servicio, abren y cierran el grifo con impúdica supremacía, garantizando el recurso para la ciudad turística a costa de dejar a varias localidades sin agua.
La provisión de agua potable sin distinción es obligación del Estado. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Los Estados Partes deben adoptar medidas para hacer efectivo este derecho sin discriminación alguna.
Además de la discrecionalidad que hace el gobierno de Villa Carlos Paz priorizando el recurso para “su molino”, sin control alguno a pesar de la alerta roja que ellos mismos declaran, tampoco están abordando el origen del problema: la desprotección de la cuenca del río San Antonio.
En el actual contexto de crisis hídrica, los usuarios somos responsables en el uso medido del agua, pero la aplicación de políticas públicas que contribuyan a mitigar el cambio climático, la protección del bosque nativo, limitar las factibilidades de agua según la capacidad de carga de cada localidad, poner freno al irracional avance inmobiliario con un ordenamiento territorial participativo y sin tibiezas; son responsabilidades de los gobiernos’.
