Accesibilidad: la ciudad, una gran barrera

Por Jorgelina Quinteros

El lunes pasado por la mañana se llevó a cabo una reunión en el Concejo de Representantes donde se abordó la problemática de la accesibilidad en Villa Carlos Paz. Tres personas que participaron de la misma y utilizan sillas de ruedas se trasladaron a nuestra ciudad desde Córdoba Capital para aportar sus conocimientos y experiencias en el tema. La propuesta era trabajar en acciones concretas junto con los ediles para eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas que limitan a las personas con discapacidad en su desenvolvimiento cotidiano.

Parece sencillo para cualquier visitante viajar desde otro punto de la provincia a la Villa y pasar una mañana recorriéndola. No lo es. Este grupo tuvo que solicitar a la empresa Coniferal que les facilite un colectivo especial para poder trasladarse, ya que las unidades de transporte interurbano que hacen este trayecto no cuentan con rampas para ingresar con sillas de ruedas. Cuando llegaron a la ciudad, no encontraban lugar cerca de la terminal de ómnibus donde pudieran descender. Lograron hacerlo con dificultad en la zona del frente donde había una rampa, luego pidieron autorización para estacionar el colectivo cerca del puente Cassaffousth. Sin embargo, el chofer recibió una intimación para retirarse del lugar.

“Cuando salimos hacia una rampa había un montón de taxis parados. ´Te podes correr porque estas tapando la rampa´, les dije. ´Esta es la parada de taxi señora, la rampa está mal hecha, hay una en la esquina´, manifestaron los choferes. Hacia donde nos indicaron, no podíamos ir porque había un banco”, relató Marcela Di Nanno, Ppresidenta de la Asociación Civil Tu Derecho Mi Derecho, a VillaNos Radio 100.7.

“Quienes estaban en silla de ruedas fueron al baño para personas con discapacidad y no había para tirar agua ni tenían papel. Cuando expresé esto, me dijeron que el papel lo tienen que ir a buscar al otro baño”, añadió Di Nanno quien integraba el grupo de activistas que participaron en el encuentro.

En el mismo, también estuvieron presentes representantes de organizaciones como ‘Unidos por la Inclusión Social’ (UPIS), ‘Derechos sobre Ruedas’, ‘Mamielis’ y ‘SI.PE.TAX’.

El único ingreso al Concejo de Representantes es a través de una escalera, por lo tanto, para comenzar la reunión, los concejales tuvieron que descender a la sala de prensa ubicada en la planta baja. Estas condiciones edilicias implican que las personas que se desplazan en silla de ruedas no pueden, actualmente, presenciar una sesión ordinaria del Concejo.

Las barreras arquitectónicas y urbanísticas para las personas con alguna discapacidad están a la vista de todos: escaleras, rampas que no facilitan la movilidad independiente y no garantizan su seguridad, veredas angostas y desniveladas, baches en el asfalto, la falta de baños adaptados, son algunos de los obstáculos que podemos identificar recorriendo los espacios públicos de la ciudad.

En cuanto al transporte urbano de pasajeros, sólo uno de los vehículos cuenta con rampa y de los colectivos interurbanos, ninguno.

El concepto de barreras es algo más que obstáculos simples y físicos. La Organización Mundial de la Salud las describe como “los factores en el entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes limitan el funcionamiento y crean discapacidad”, definición que se incluye en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en vigencia desde el 3 de mayo de 2008.

Es decir que la discapacidad es un concepto que evoluciona y se piensa desde una perspectiva social.

La mirada no está puesta en las condiciones de la persona, sino en las interacciones de esa persona con el contexto, que impide o facilita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

A partir de esta noción, se pueden identificar diferentes tipos de barreras: de comunicación, físicas, programáticas (programas de salud pública y atención sanitaria), sociales, de transporte, políticas y actitudinales. Estas últimas, constituyen una de las barreras más difíciles de modificar, puesto que se relacionan con las representaciones sobre la discapacidad y su valor simbólico. La transformación de estas ideas y concepciones estigmatizantes está ligada a la responsabilidad del Estado de desarrollar políticas públicas y hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes que garanticen a las personas con discapacidad su desenvolvimiento en forma autónoma y su participación plena en todos los aspectos de la vida.

Las reuniones en el Concejo de Representantes con instituciones y agrupaciones que se dedican a trabajar sobre la temática de discapacidad comenzaron el 17 de febrero de este año. El objetivo era avanzar en un diagnóstico que derive, luego, en un plan integral para contribuir a que la ciudad sea accesible para todos. Esto incluía trabajar en la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de accesoa espacios, productos y servicios.

Se realizaron diferentes encuentros a lo largo del año. En el último participaron los ediles Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico), Natalia Lenci (UCR), Laura Orce (UpC), Carla Livelli, Soledad Zacarías, Omar Ruiz, Mirtha Alessio y Alejandra Roldán (CPU).

Lucía Torres, de UPIS, explicó que la reunión se enmarcó en la convocatoria que se hizo a principios de año “con una perspectiva de diagnóstico”.

“Desde aquel entonces, y aun desde el año pasado, venimos haciendo reclamos respecto a  la accesibilidad, pero se sigue sin llevar a cabo ninguna medida”, expresó a VillaNos Radio 100.7.

El pedido concreto es que se hagan efectivas las leyes de accesibilidad y diseño universal del transporte y los espacios públicos.

El diseño universal es un paradigma que orienta sus acciones al desarrollo de productos, servicios y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Esto implica hacer una plaza, por ejemplo, adaptada para garantizar la movilidad, seguridad y esparcimiento de todos, no únicamente para las personas con una discapacidad.

“Todos coincidimos en que desde marzo no se hizo nada. Ni escucharon los reclamos ni se tomó ninguna medida. Lo que estamos reclamando son acciones efectivas, acá se están incumpliendo leyes”, aseguró Torres, y puso como ejemplo las concernientes a garantizar que haya unidades de transporte adaptadas para personas con discapacidad.

“El transporte urbano e interurbano, calles y veredas y lugares públicos son inaccesibles”, precisó. Entre ellas, y paradójicamente, está la denominada ‘Casa de la Inclusión’ del municipio que funciona en Villa Independencia.

Este espacio fue inaugurado en octubre de 2013 y desde esa fecha, las organizaciones solicitan la reubicación de la sede a un inmueble más céntrico y con las condiciones edilicias adecuadas. El edificio actual no puede ser utilizado por personas con discapacidad motriz, dado que no cuenta con las obras de infraestructura necesarias y no está ubicado geográficamente en un sector de fácil accesibilidad.

“Al mismo se debe acceder por una escalera de 60 escalones sin baranda protectora, la rampa de ingreso por calle Las Violetas no es adecuada por su pendiente y falta de barandas”, expresaron organizaciones y especialista en el tema, mediante una carta a las autoridades municipales.

En cuanto al transporte urbano de pasajeros, la ordenanza 4502, vigente desde noviembre del 2015, establece que, “las unidades afectadas a la Línea Expreso deberán contar con rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida desde el inicio de la Concesión y el resto de la unidades se deberán ir adecuando en la medida en que se renueven las unidades”. 

Dicho servicio está conformado por el conjunto de líneas que cubren recorridos que coinciden con las líneas del servicio barrial, pero con un régimen de paradas especialmente determinadas y una velocidad comercial superior al de las líneas barriales. Las unidades con rampa en la ciudad deberían ser, por lo menos, tres.

También existe una ordenanza que regula la accesibilidad del transporte turístico. “Los accesos de ascenso y descenso de pasajeros serán lo suficientemente anchos y seguros a fin de permitir la accesibilidad de personas con discapacidad.Los pasillos interiores deberán tener una ancho mínimo que permita el libre paso de por  lo menos una persona, debiéndose dejar un espacio libre para la ubicación de silla de ruedas”, especifica la norma 4590 sancionada en abril de este año.

“La ciudad está con diagnóstico reservado. Los reclamos son permanentes pero las autoridades hacen oídos sordos”, afirmó la referente de UPIS. “Estamos hablando de una ciudad turística donde no se puede transitar por las veredas, porque la ocupan mesas y sillas de bares y no hay rampas ni en el Concejo de Representantes. Nosotros podemos aportar nuestro conocimiento, tienen solamente que estar abiertos”, señaló la presidenta de Tu Derecho Mi Derecho.

De igual manera, Torres adelantó que la próxima reunión se realizará en noviembre y que si no hay novedades respecto a algunas cuestiones como garantizar la accesibilidad del Concejo de Representantes, “vamos a presentar un recurso de amparo para que la accesibilidad se dé de manera efectiva”.

Por otra parte, alertó sobre una incómoda situación que se vivió en el marco del encuentro cuando la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, se retiró imprevistamente.

“Hubo compañeras de las organizaciones que vinieron desde Córdoba, dejaron sus trabajos y familias y Roldán se fue a los 5 minutos sin pedir disculpas. Se ofendió porque le dijimos que no queríamos que nos sigan envolviendo con paparruchadas. No nos aguantamos más esas cosas, que nos sigan chamullando, diciendo pavadas. No queremos que nos tomen más de boludos. Se ve que tomó eso como un insulto, porque no tiene argumentos sólidos para sostener un debate ni responder a los reclamos, entonces la salida más fácil es huir como una rata”, subrayó. “Se retiró faltando el respeto a quienes estábamos ahí y, automáticamente, se levantaron algunos concejales más aduciendo que tenían cosas que hacer, lo sentí como una falta de respeto. Lo que planteamos es cuestión de derechos y de moral, no tiene nada que ver con lo partidario”, añadió Di Nanno.

 

La inclusión es urgente

“Lo cierto es que siguen sin darnos respuestas más que decir que para el año próximo se iban tomar en cuenta algunas cosas, y la accesibilidad no puede esperar. Es ya”, dijo Torres, y advirtió que Villa Carlos Paz es una ciudad “totalmente inaccesible”. Aclaró, además, que no se habla de inversiones millonarias ni mucho menos: “Nos tiene indignados que se gastan millones en lentejuelas y luces y no en la dignidad de las personas”.

A pesar de los sostenidos reclamos, no hay acciones en marcha que permitan revertir esa situación. Las medidas que se tienen que tomar no son extraordinarias y no implican, necesariamente, elevadas inversiones presupuestarias para una ciudad como Villa Carlos Paz.

“Las políticas públicas están siempre atrás de las necesidades prioritarias de una persona con discapacidad hoy. Estamos hablando de cubrir necesidades básicas de cualquier persona para vivir con calidad de vida y desarrollarse de una manera digna, autónoma y participativa en una comunidad inclusiva. No estamos hablando de alta tecnología o equipamiento, sino de estrategias y acciones de muy bajo costo y mínimos recursos que se pueden pensar a la hora de diagramar y ofrecer espacios para todas las personas”, explicó la Lic. Gricelda Callegari, especialista en Gestión de la Educación Especial.

La Carta Orgánica Municipal, en su artículo 51, señala: “El Municipio procura la integración de las personas con capacidades diferentes mediante políticas que tiendan a su protección, integración, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral”.

Este compromiso asumido contribuye a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, e implica que sean contemplados a través de la implementación de un programa integral de gobierno.

“No son decisiones aisladas, no sirve hacer el menú del restaurante en braille si la persona no puede llegar al lugar. ¿De qué vale una silla anfibia en el balneario El Fantasio, sino puedo trasladarme hasta allí en forma independiente? Es una acción, pero se necesita un programa que articule medidas para pensar de manera global la problemática. Es indispensable una propuesta integral que se sustente en el diseño de una ciudad para todos, que en vez de acentuar limitaciones, potencie capacidades y posibilidades de participación social”, remarcó la licenciada.

“No podemos seguir esperando la voluntad política. Nuestros hijos siguen teniendo necesidades, siguen creciendo y siguen muriendo reclamando por una mejor calidad de vida”, reclamó Di Nanno.

 

Hacer de la palabra escrita una realidad

Carlos Paz cuenta con una subdirección de Discapacidad que depende de la secretaría General, Desarrollo Social y Educación y coordina las políticas en esta materia y el Centro de Inclusión Municipal. El presupuesto 2016 aprobado en diciembre de 2015 para llevar adelante estas políticas, incluidas las vinculadas a los adultos mayores, es de $2.755.000. El concejal Omar Ruiz elaboró un proyecto para que se designe a dicha partida otros $300.000 para transformar el Concejo de Representantes en un espacio accesible para todas las personas con discapacidad.

En octubre de 1997, Carlos Paz adhirió a la Ley Provincial Nº 8501, sancionada en 1995, que establece la adhesión a la Ley Nacional Nº 22431 de Protección Integral de las Personas Discapacitadas junto con la Ley Nacional Nº 24.314 de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida que la modifica.

La última específicamente establece la prioridad de la “supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida” y define la accesibilidad como “la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria sin restricciones”.

La ordenanza 6001 de junio de 2015 y la 3264 de 1997 van en sintonía con las leyes nacionales, porque garantizan el acceso y la visibilidad para las personas con discapacidad en espectáculos públicos y determinan construir en el edificio municipal “16 de Julio” rampas de acceso, baños y estacionamiento reservado para personas con discapacidad.

Así como también, la norma que fue sancionada el 2 de junio de este año obliga a bares y restaurantes a tener cartas de menú en sistema Braille para las personas ciegas y con escritura macrotipo, para quienes tienen baja visión.

Son abundantes y extensos los marcos legislativos a nivel internacional, nacional, provincial y municipal que existen. Sin embargo, el texto de esas normativas no se ve reflejado en un presupuesto que permita, por un lado, desarrollar programas que articulen la experiencia de organizaciones y especialistas con los recursos del Estado municipal. Por otro, ejecutar las obras necesarias que garanticen la accesibilidad en todos los sectores de la ciudad, contemplando el respeto del derecho de las personas con discapacidad.

Algo así como transformar las barreras en puentes.

 

 

Proponen invertir 300 mil pesos para hacer accesible el Concejo

Omar Ruiz (CPU) presentó un proyecto que pretende generar las condiciones administrativas y económicas en el municipio para dotar de accesibilidad integral al edificio del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz.

La iniciativa fue ingresada como respuesta concreta al pedido de organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad durante la reunión que tuvo lugar el pasado lunes.

El proyecto plantea modificar el presupuesto vigente para dotar a la partida correspondiente de 300 mil pesos “a los fines de adquirir en forma urgente el equipamiento necesario para realizar la adaptación del edificio sede, de este Concejo de Representantes, para dotarlo de accesibilidad, reconociendo así el derecho de las personas con discapacidad”.

Ruiz preside la comisión de Desarrollo Social, Salud y Educación que el lunes pasado recibió a instituciones intermedias de la ciudad y Córdoba Capital para trabajar en políticas públicas por la inclusión. La demanda concreta de las organizaciones fue el destino de partidas presupuestarias que permitan garantizar la accesibilidad en los espacios públicos. Uno de esos espacios es el Concejo de Representantes, adonde no se puede acceder con silla de ruedas.

El proyecto tomó estado legislativo en la sesión del jueves y pasó a comisión para ser analizado.

 

Repudiaron el ‘destrato y la actitud patoteril’ de la presidenta del Concejo, Alejandra Roldán

Tras la reunión mantenida con concejales de los diferentes bloques para abordar la problemática de la accesibilidad en Villa Carlos Paz, organizaciones y activistas repudiaron en duros términos el ‘maltrato’ y la actitud ‘patoteril’ de la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán.

Es que, durante el encuentro y ante algunas críticas y pedidos de precisiones sobre partidas presupuestarias,  Roldán optó por retirarse intempestivamente.

Ante esto y apenas finalizada la reunión, las organizaciones presentaron una nota en la secretaría legislativa que dice textualmente: “Desde las organizaciones abajo firmantes, y en nuestro carácter de sujetos de derecho y activistas por los derechos de las personas con discapacidad, REPUDIAMOS el destrato, y la actitud patoteril, de la PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REPRESENTANTES de esta ciudad, la SRA. ALEJANDRA ROLDAN, para con nosotros al ser interpelada por partidas presupuestarias, y la operatividad del Concejo respecto a las exigencias que este colectivo viene realizando para la designación de presupuesto que permita realizar las obras y modificaciones arquitectónicas para hacer de Carlos Paz una ciudad accesible PARA TODOS. Ante la falta de argumentos sólidos la Presidenta del Concejo optó por retirarse de manera arbitraria de la reunión, lo que nos hace confirmar la falta de respeto para con este colectivo, sobre todo las organizaciones que, pese a las dificultades de transporte se hicieron presentes en nuestra ciudad para aportar su experiencia y trayectoria.

Exigimos de parte de la Presidenta del Concejo las respectivas disculpas públicas y el compromiso de trabajar de manera urgente sobre las necesidades que este colectivo viene planteando. Sin otro particular. Esperamos respuesta urgente”.

Firman el documento Florencia Santillán, Lucía Torres (Fundación U.P.I.S.), Norma Sánchez (Fundación Derechos sobre Ruedas), Carolina Ferraro (Mamielis), Marcela Di Nanno (Asociación Civil Tu derecho Mi derecho) y Alejandro Martín (SI.PE.TAX).

 

Nota correspondiente a la edición n° 440 del semanario La Jornada, del 30 de octubre de 2016.