La ordenanza que suspende la aprobación de nuevos edificios fue sancionada con los votos de Alejandra Roldán, Sebastián Guruceta, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti, Laura Gallardo, Leonardo Villalobo y Marcela Bosch. Se retiraron del recinto al momento de la votación los ediles de JxCP Pía Felpeto, Daniel Ribetti, Noe García Roñoni y Fernando Revello. Carlos Quaranta (CPI) se mantuvo en su banca, pero votó en contra.
Apenas dos días después de que asumieran sus nuevos integrantes, el Concejo de Representantes tuvo una sesión extraordinaria para abordar un único proyecto enviado por el intendente Esteban Avilés: suspender por doce 12 meses (con la posibilidad de una prórroga por el mismo tiempo) la aprobación de nuevos edificios de viviendas colectivas (en bloque o dispersas), edificios de usos oficinas y edificios de usos mixtos.
La propuesta, anticipada por el mandatario en su discurso de asunción, fue aprobada en soledad por los siete ediles de Carlos Paz Unido, tras un fuerte cruce de opiniones desde las bancas y con la particularidad del retiro al momento de la votación de los cuatro concejales del bloque de Juntos por Carlos Paz.
La norma exceptúa a los edificios destinados a alojamiento turístico, servicios institucionales, educativos y de salud.
Además, se encomendó al Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) ‘la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal’.
La novedad fue rechazada enfáticamente por la oposición y cayó muy mal en todos los involucrados, desde los trabajadores de la construcción hasta desarrollistas, inmobiliarios y profesionales. El principal reclamo tiene que ver con la unilateralidad de la decisión, tomada sin consultar ni hacer partícipes a las instituciones del sector, y sin medir el daño que provocará a nivel social y económico en el contexto de una crisis como la que atraviesa el país.
En este marco, no se descartan acciones judiciales contra el municipio.
El debate legislativo
El Concejo de Representantes discutió el proyecto por poco más de una hora durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado miércoles 16. Afuera del recinto, fuertemente custodiado por la policía, protestaban contra la medida trabajadores de la construcción afiliados al gremio UOCRA.
La concejala oficialista Raquel Merlino tuvo a su cargo la presentación y defensa inicial del proyecto.
‘El fenómeno del crecimiento edilicio y renovación urbana, hacia un modelo de ciudad de alta densidad es un hecho que preocupa tanto a la ciudadanía como al gobierno municipal’, señaló la edila. Y advirtió por la escasez de servicios básicos como agua, gas, cloacas y energía eléctrica.
‘La ciudad crece, salimos a la vereda y encontramos un nuevo edificio, un nuevo complejo, sin tenerlos en cuenta. Todo agravado por la tipología que se construye ya que no está dirigida a paliar el grave déficit habitacional, sino únicamente a la inversión especulativa’, indicó.
Aclaró, de cara a la discusión dentro del CPUA que, ‘está en nuestro espíritu la participación y tener en cuenta la opinión de todos para poder hacer una ciudad sustentable, sostenible y que represente a todos los ciudadanos’.
El edil de Carlos Paz Inteligente, Carlos Quaranta, respondió inmediatamente a Merlino y sostuvo que esa pretendida apertura ‘no la hemos sentido en estos años’.
Acto seguido puntualizó que desde que gobierna Carlos Paz Unido, en 2011, el Código de Edificación fue modificado o suspendido parcialmente unas 60 veces, 16 durante la última gestión de Gómez Gesteira.
‘No cuestiono el fondo de cada ordenanza, pero sí denota una falta de planificación adecuada’, dijo. Y planteó que, ‘estamos frente a un nuevo parche’.
Opinó que el momento para encarar ‘el desarrollo de un plan urbano planteando de manera estratégica la incorporación y el uso de esos nuevos territorios’ fue cuando se amplió el ejido de la ciudad.
‘Estamos de acuerdo con un estudio serio, completo e integral de la situación y lo venimos planteando desde 2019, pero hicieron oídos sordos, avanzaron en etapas parciales comprometiendo recursos y estamos hoy viendo como ponemos un nuevo parche provisorio que nos proteja de lo que el propio gobierno vino impulsando.
Todo esto se profundiza por la falta de cumplimiento del plan de obras que presentó el subsecretario de Agua en el CPUA, según el cual en 2023 iba a estar finalizada la planta de captación y tratamiento de agua potable en Villa del Lago y a la fecha no comenzó a ejecutarse.
La falta de ejecución de obras comienza a poner en riesgo la prestación de los servicios’, alertó.
Se preguntó, asimismo, ‘por qué los bloques de las minorías debemos hacernos cargo de este proyecto que se presenta como si fuera algo positivo en sí mismo, una decisión de la ciudad que se quiere, cuando no es más que la convalidación de la falta de planificación, de la permanente negativa que tuvieron a escuchar las ideas, planteos y proyectos que otros concejales que no somos del oficialismo venimos haciendo hace cuatro años’.
Quaranta también hizo una lectura política de la presentación: ‘Este último tiempo nos ha sorprendido como después de las elecciones municipales pasamos de ser la mejor ciudad de la provincia a estar en crisis económica, y ahora también respecto a la prestación de los servicios públicos’.
Por otro lado, mostró su preocupación por cómo impactará esta suspensión ‘en el escenario laboral, en los carlospacenses que trabajan en estas obras, en los comercios que proveen a estas obras, y en todo el comercio de la ciudad que recibe el derrame del gasto’.
‘Cómo se piensa amortiguar el impacto en los trabajadores’, interrogó. Y lanzó: ‘Es muy fácil tomar medidas detrás de un escritorio’.
A su turno, Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) agradeció el respeto con el que se dirigió Merlino, aunque sostuvo que, ‘esa intención acerca del diálogo y la participación no es real’.
‘He tenido contacto con integrantes del CPUA y de los colegios profesionales, y no sabían nada ni estaban de acuerdo’, dijo.
Para Ribetti, la suspensión de los nuevos edificios ‘pone en evidencia que lo que estamos viviendo surge de la matriz legislativa que este gobierno ha desarrollado en estos 12 años. Los edificios no nacen como los yuyos, hay un funcionario en Obras Privadas que pone su firma y lo avala’.
Contó luego que mantuvo diálogo ‘con el gremio de la construcción, y calculan un impacto directo de mil trabajadores que no van a tener accesos a estos puestos laborales el próximo año’.
‘Esta ciudad no se puede dar el lujo de que esto suceda. También va a generar una fuerte afectación en el ámbito profesional vinculado con esta actividad.
¿Cómo impacta esto en el mercado inmobiliario?
¿Se puede tomar una decisión así sin contemplar estos interrogantes?’, preguntó.
Insistió con que, ‘no hay una emergencia declarada para sostener un proyecto de esta naturaleza, con todos los daños que genera, así como sucedió con las cuentas de afectación específica’.
Coincidió con Quaranta en relación a que, hasta las elecciones, ‘la economía era prístina, teníamos una ingeniería financiara brillante, teníamos superávit y de repente hay que echar mano a las cuentas de afectación específica, y por otro lado teníamos prosperidad en el desarrollo inmobiliario, y ahora hay que frenar todo y ver cómo seguimos’.
Tras el rechazo del bloque oficialista a su moción para que el proyecto pase a comisión para ser analizado en profundidad garantizando la participación de todos los sectores, adelantó que los integrantes del bloque Juntos por Carlos Paz ‘vamos a tomar una actitud más que simbólica, muy concreta. Nos vamos a levantar, nos vamos a ir de la sala, y vamos a dejar al oficialismo votando solo este proyecto, en la misma soledad que decidieron presentarlo, sin consultar con nadie’.
El último en tomar la palabra fue el jefe del bloque de CPU, Sebastián Guruceta.
A los gritos ofreció su habitual diatriba con chicanas y críticas a la oposición, incluyendo su clásica mención a la COOPI, pero no respondió a ninguno de los interrogantes que se plantearon desde la oposición.
‘Estamos avizorando una situación muy peligrosa para la comunidad.
Y no estamos cercenando la construcción, estamos diciendo que se puede construir infraestructura turística, hasta seis unidades de vivienda.
Como bloque estamos comprometidos con los vecinos para que tengan la cobertura básica de nuestros servicios’, manifestó.
Acto seguido, la presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán, sometió el proyecto a votación, siendo aprobado por los siete integrantes del bloque oficialista.
La cerrazón exacerbada que muestra en la realidad la Gestión Comunitaria en temas trascendentales -a contramano de su discurso- continuó con la negativa a aprobar un pedido de informes clave sobre el tema que presentó Quaranta en la sesión del jueves 24.
‘Para poder dimensionar el impacto que está teniendo la construcción de edificios en nuestra ciudad primero debemos saber exactamente de cuántos edificios estamos hablando’, dijo el edil de Carlos Paz Inteligente. Y reclamó conocer ‘cuántos proyectos hay aprobados y en proceso de ejecución, es decir, qué edificios se están construyendo en este momento; también qué edificios tienen aprobado el proyecto, pero aún no han iniciado la obra; y aquellos que iniciaron expedientes y aún no cuentan con aprobación del Municipio y, finalmente, cuántos edificios se han construido en los últimos 10 años’.
Sin ofrecer la más mínima explicación, el oficialismo envió el proyecto a comisión.
Colegio de Arquitectos
A través de una nota ingresada al Concejo de Representantes, el Colegio de Arquitectos Regional 6, expresó su rechazo a la decisión del municipio de suspender por doce 12 meses la aprobación de nuevos edificios de viviendas colectivas.
La misiva del Colegio de Arquitectos lleva las firmas del presidente, Mariano Cardona, y la secretaria, Belén Jakuto, y plantea que la suspensión ‘reitera la virtual paralización de la industria de la construcción (…), afectando gravemente la fuente de recursos económico-laborales de la ciudad, sin que una situación de emergencia declarada, lo justifique’.
Asimismo, advierte que, ‘el plazo de suspensión propuesto de 12 meses prorrogables discrecionalmente por otro período igual, en la coyuntura actual, resulta gravemente lesivo de la economía individual de los ciudadanos que participan en el proceso constructivo, como profesionales, personal de obra, proveedores, y otros vecinos, dado que es también una cuestión de interés público’. Y agrega: ‘Corresponde al Estado local proveer los medios y recursos necesarios para readecuar el Código de Edificación local, pero sin lesionar gravemente los derechos de los ciudadanos’.
Por otro lado, sostienen que, ‘resulta contradictorio el espíritu del proyecto, que excepciona de la suspensión a los edificios destinados al alojamiento turístico, considerando que la saturación de los servicios esenciales como los recursos hídricos, energéticos y de tratamiento de desechos, se produce precisamente con la afluencia de los visitantes en los períodos vacacionales.
Es decir, no se justifica la necesidad de un extenso plazo de suspensión para la aprobación de proyectos como el propuesto para readecuar el desarrollo urbanístico en favor de la densificación, cualificación y completamiento de la mancha urbana, la eficiencia energética y la gestión de los recursos, y las redes de infraestructura, por resultar esta medida inocua a los fines perseguidos’.
En este contexto, el Colegio de Arquitectos sostuvo que acompaña ‘la necesidad de adecuar la normativa edilicia y la planificación del desarrollo urbano respetando los presupuestos ambientales establecidos por la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz, pero sin que para ello sea necesario establecer plazo de suspensión a su desarrollo, que afecte los derechos también esenciales de sus vecinos, como el de trabajar, ejercer o acceder a una vivienda’.
Asociación Inmobiliaria
La secretaria de la Asociación Inmobiliaria, Martina Casesi, reconoció que la noticia fue ‘un baldazo de agua fría’.
‘Estamos con mucha incertidumbre y temor.
Consideramos que la paralización de la construcción generaría una recesión en cuanto a valores y a ventas concretas. El valor de un lote está asociado con lo que se pueda construir, y si no se puede construir nada durante este plazo, la realidad es que ese valor será bastante inferior. Probablemente no se produzca ninguna venta de lotes para la construcción de edificios durante este plazo’, señaló en una entrevista con VillaNos Radio.
Casesi, abogada y corredora inmobiliaria, planteó asimismo que, ‘no entendemos bien el fundamento o el espíritu de esta ordenanza, si bien creemos que está relacionado con la cuestión ambiental.
La Asociación Inmobiliaria participa en el CPUA y sabemos que es necesaria una reforma en el Código de Edificación. Vemos muchas construcciones distintas y que hay un perfil urbanístico muy variable. Hay muchas cosas por cambiar; pero la verdad es que la medida es demasiado abrupta, intempestiva y autoritaria’, remarcó.
Además, confirmó que la ordenanza no tuvo un paso previo por el CPUA. ‘Fue una sorpresa para todos. Nos sentimos ignorados’, insistió.
‘La industria de la construcción es muy grande en Carlos Paz, no solo tiene que ver con las grandes constructoras que quizás es hacia donde apunta esta medida. Le da trabajo a las inmobiliarias, arquitectos, albañiles, cerrajeros, a la persona que se encarga de hacer las cortinas para cada departamento que luego se amuebla. Es mucha la gente que perdería esa fuente de trabajo. No está claro cómo se van a subsanar todas estas pérdidas de empleo que sucederán’, advirtió.
Consultada sobre las consecuencias jurídicas de la medida, Casesi no descartó que, ‘desde algún sector se inicie algún proceso judicial’.
‘Hay mucha gente que, si bien no tenía el proyecto aprobado, ya había comprado el terreno y hecho un estudio de suelo. Es decir: ya tenía la intención de construir y de repente se le ve vulnerado un derecho que luego la justicia tendrá que determinar o no si lo tiene. Seguramente si uno acciona, puede que dé pie a que otros actores también actúen judicialmente’, anticipó.
Para JxCP ‘es un completo disparate’
El bloque de concejales de Juntos por Carlos Paz advirtió por las graves consecuencias de esta medida en el entramado social de la ciudad, por su impacto en los puestos de trabajo, y también desde el punto de vista legal, exponiendo al municipio a eventuales juicios millonarios.
A través de un comunicado, reiteraron su rechazo al ‘tratamiento express, sin debate real, inconsulto, de la suspensión de los desarrollos de viviendas colectivas’.
‘Queremos subrayar la importancia de respaldar el desarrollo sostenible de la ciudad, el adecuado cuidado de los recursos naturales y en este caso el desenvolvimiento del sector de la construcción, considerando a las familias que del mismo dependen, que ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo los causados por la pandemia global que afectó a todo el mundo.
Tanto el mercado inmobiliario como el de la construcción han sido históricamente, dinamizadores de nuestra economía local, constituyendo sus familias, unos de los componentes más fuertes de la identidad local, junto a las familias hoteleras y gastronómicas, contando con inmobiliarias que tienen una trayectoria de más de 50 años en Carlos Paz.
La suspensión de los desarrollos de viviendas colectivas, en un intento de administrar los servicios públicos básicos y esenciales, podría tener efectos contraproducentes en la recuperación económica y en la estabilidad financiera de muchas familias carlospacenses que dependen de esta industria’, alertaron.
‘Se debe y se puede lograr un equilibrio entre el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad. La suspensión total de proyectos inmobiliarios podría tener consecuencias negativas en múltiples aspectos, para poder ser evaluada en 24 horas’, afirmaron, en alusión a que la propuesta fue ingresa al cuerpo legislativo el martes, un día antes de la sesión extraordinaria donde se la votó sobre tablas.
Los ediles de JxCP plantearon que, ‘un tema crucial como este no puede quedar al margen de grandes consensos, de la participación del CPUA, de los profesionales, de las entidades gremiales y del sector de la construcción en general’.
‘No se puede en tan acotado tiempo consultar a todos los comprometidos por tal medida, a modo de tomar dimensión del real efecto que esta pueda tener.
También debemos tener en cuenta a los mismos propietarios que vendieron su lote o casa en contraprestación de un departamento o algunos de ellos, y frente a esta imposición ven lesionadas las garantías de sus derechos.
Situación que creemos traerá gravosas consecuencias legales en contra del municipio que deberán ser solventadas con el recurso fiscal y no con el patrimonio personal de quien impone esta norma.
Instamos al Poder Ejecutivo a reconsiderar los plazos para un estudio más a fondo, el cual contará con nuestro compromiso para encontrar la mejor y más razonable medida posible’, finalizaron.
El comunicado se conoció en el marco de una conferencia de prensa que los cuatro integrantes del bloque (Daniel Ribetti, Pía Felpeto, Noe García Roñoni y Fernando Revello) ofrecieron en un bar frente al municipio, apenas finalizada la sesión.
‘Tomamos la decisión de levantarnos e irnos y dejarlos en el mismo contexto de soledad que eligieron ellos para presentar el proyecto, sin el aval del CPUA, de los colegios profesionales y del gremio de la construcción’, insistió Ribetti.
Para Felpeto, ‘no hay debate ni formulación de consultas’, lo que constituye ‘un grave problema’ para la ciudad.
Revello, en tanto, se mostró pesimista por los resultados de la suspensión. ‘Veo un panorama desolador. Habrá un montón de despidos, y en medio de la crisis en la que está el país me parece una locura que el Estado paralice las obras de esta manera.
Estoy de acuerdo con que hay que debatir la ciudad que queremos, pero hay que hacerlo con todos’, dijo.
Sostuvo, en este sentido, que una medida de este tipo ‘tendrá consecuencias legales, y los carlospacenses vamos a tener que pagar los caprichos de este gobierno’.
Roñoni, por su parte, atribuyó el ataque de Avilés al sector inmobiliario en que, ‘al parecer el gobierno necesita un nuevo enemigo’.
‘El sector inmobiliario es muy amplio. Los damnificados vamos a ser varios. No solo los desarrollistas, sino también las pequeñas inmobiliarias y la gente que trabaja en la construcción’, remarcó.
Por último, Ribetti alertó que la medida ‘ataca la espina medular de la economía local que hoy se ve reflejada en la construcción, sin plan B.
Es muy irresponsable tomar una decisión así después de 12 años de tener el control político de la ciudad. Es evidenciar que lo que han hecho no ha servido’.
‘Es un completo disparate, un desatino desde el punto de vista político de un gobierno que ya asumió sin rumbo’, sentenció.
También desde Juntos por Carlos Paz, el excandidato a intendente y referente del espacio, Emilio Iosa, rechazó la decisión de Avilés y envió un mensaje a los sectores de la construcción y sus trabajadores.
‘Villa Carlos Paz está ante una situación de emergencia climática, sumada a una recesión económica enorme. No podemos poner al ambiente en contra de las Pymes y sus trabajadores, sino todo lo contrario. Tenemos que poner a los trabajadores y a las Pymes de la construcción al servicio de un plan para recuperar el ambiente y diseñar un modelo de desarrollo sostenible que pueda enfrentar el desafío edilicio y urbanístico del siglo XXI’, señaló. Y agregó que, ‘nuestro problema no es que el intendente quiera una ciudad ediliciamente chata. El problema es que quiere una ciudad chata en todo sentido. Chata en los aspectos económico, social, cultural, educativo, sanitario y científico. Quiere una ciudad chata para poder manejarla y mantenerla bajo su yugo’.
‘La forma de ejercer el poder de su gobierno ha sido y es, de forma inconsulta y en soledad. Quieren poner al progreso en contra del ambiente y poner al ambiente en contra de los trabajadores. Necesitan encontrar a los nuevos enemigos del lago y los están buscando entre la gente que construye. Creo que hay que animarse a un gran encuentro de todas las partes, porque es mucha la gente que tiene cosas interesantes para aportar en materia de urbanismo sin necesidad de dejar personas sin trabajo. Se puede y se debe cuidar el ambiente generando más empleo. Esa es nuestra propuesta’, finalizó.
Nota correspondiente a la edición n° 592 del periódico La Jornada, del 30 de agosto de 2023.
