Por Evelina Ramírez
Desde que quedó establecida la institución de la defensoría del Pueblo en la Carta Orgánica Municipal, la convocatoria a elecciones ha generado enormes controversias. De acuerdo a lo previsto en la séptima cláusula transitoria, la primera elección del ombudsman local debería haberse realizado en octubre de 2008. Eso nunca sucedió.
Recién en 2013, Villa Carlos Paz eligió defensor del Pueblo. Y la previa de esos comicios estuvo signada por la intentona de Avilés de promover una enmienda de la Carta Orgánica para modificar la forma de elección del defensor del Pueblo. En lugar de que los vecinos voten, el intendente proponía un acuerdo de partidos que se definiría en el Cuerpo Legislativo.
La encendida oposición del por entonces presidente del Concejo de Representantes, Walter Gispert, hizo fracasar el intento de Avilés de cercenar la participación política de los vecinos. A esa postura se sumaron los ediles Adrián Lizarriturri (UPC) y Marcelo Sargiotto, quien a último momento cambió su voto.
Fue el momento más tenso de la relación Avilés-Gispert durante el primer mandato de Carlos Paz Unido. Un momento bisagra, que si lo analizamos considerando lo que sucede hoy, sería un anticipo de las diferencias que luego se cristalizaron abiertamente.
Valga este breve repaso como contexto para analizar lo que pasa en estos días.
Está claro que la previa de la elección de este año no está ajena a las polémicas. Primero, por la serie de dilaciones que el departamento Ejecutivo viene teniendo para resolver temas claves para garantizar la transparencia de la elección.
Desde distintos sectores políticos ya le venían pidiendo definiciones en torno al tema. Y aquí bien vale recuperar el proyecto presentado por el concejal Omar Ruiz el 3 de enero de este año en donde, entre otras cosas, se le solicitaba al intendente que informe la fecha en la que se convocará a elecciones y cuál es la interpretación del Departamento Ejecutivo respecto de la vigencia o no, de la Junta Electoral Municipal Provisoria creada para los comicios municipales de 2015. El proyecto pasó a Comisión General y nunca tuvo respuesta.
En la misma línea se había expresado el líder del Frente Cívico, Walter Gispert, a fines de enero al sostener que, “si Avilés no convoca a elección del defensor del Pueblo lo tendrá que hacer el Concejo”.
Recién a mediados de marzo Avilés firmó el decreto llamando a elecciones para designar defensor del Pueblo y Adjunto para el 25 de junio próximo. En la misma convocatoria, el intendente planteó conformar una Junta Electoral Municipal Provisoria (JEM) idéntica a la que tuvo intervención en los comicios municipales de 2015. Esto es, con dos letrados designados por el Colegio de Abogados y un escribano.
En este marco cabe recordar que en 2012 el Tribunal Superior de Justicia decidió no integrar más las juntas electorales en ninguna localidad de la provincia, lo que puso a la ciudad ante una encrucijada legal ya que la Carta Orgánica establece taxativamente que el organismo a cargo de los comicios debe estar conformado por funcionarios del Poder Judicial.
Aunque el TSJ hizo una excepción e integró con funcionarios de la justicia provincial la Junta para la elección del defensor del Pueblo de 2013, para los comicios municipales de 2015 la negativa fue tajante y hubo que conformar una Junta Provisoria.
Desde aquel momento, el problema existe. Recién a fines de marzo, y en medio del escándalo por el presunto ‘chiste’ que el concejal Hugo Bustos hizo en torno a los desaparecidos en la última dictadura, Avilés envió al Concejo un proyecto de enmienda de los artículos 209 y 213 de la Carta Orgánica Municipal, que establecen las condiciones actuales de la Junta Electoral Municipal.
Estas dilaciones y la falta de acuerdos han llevado al Colegio de Abogados a plantear directamente la postergación de los comicios. “Tendrán que posponer la fecha fijada”, dijo la presidenta María Fernanda Pujol a VillaNos Radio (ver recuadro aparte).
Lo que sucede es que la aprobación de la JEM por parte del Concejo estaría lista –de no ocurrir ningún inconveniente- para el 27 de abril. Tras ello, el Colegio de abogados debería definir el mecanismo de selección de los profesionales que integraría la Junta y luego poner manos a la obra al proceso electoral.
El tema es que, con la fecha ya definida, hay procedimientos que ya deberían ir desarrollándose. Por ejemplo, la depuración de los padrones. El caso más extremo es la presentación de alianzas que, de acuerdo a lo establecido por el Código Electoral provincial, debe hacerse 60 días antes del acto comicial. Esto sería el 25 de abril (dos días antes de aprobada la ordenanza).
La “no-política”
En la última sesión, el Concejo de Representantes trató en primera lectura la conformación de la Junta Electoral Municipal Provisoria que tendrá intervención en la elección del defensor del Pueblo, definida en principio para el 25 de junio próximo.
El debate en el recinto legislativo se extendió por una hora, donde hubo acusaciones cruzadas de que no hay voluntad de que se realice la elección. La votación final fue 7-5. Acompañaron con su voto los ediles Alejandra Roldán, Soledad Zacarías, Mirtha Alessio, Hugo Bustos (CPU), Marcelo Cuevas (PRO) y Omar Ruiz.
A la hora de fundamentar las razones por las que no acompañaban esta propuesta, desde el bloque de Frente Cívico dijeron que no avalarían la forma de proceder del intendente que “resuelve sin construir consensos”.
“Mandaron la ordenanza de convocatoria a elecciones para el 25 de junio el ultimo día que se podía enviar. Mandaron la ordenanza de la junta el último día que se podía enviar. Y ahora vienen con los planteos de que no hay tiempo”, expresó Gispert y subrayó: “A nosotros no nos van a correr con el apuro. Se puede resolver este tema de manera racional y con política”.
En esa línea, planteó que el proyecto vuelva a comisión. Recordó como fue el proceso de constitución de la Junta Electoral Provisoria que se conformó en 2015 y dijo que allí “primero se construyó el acuerdo y luego la norma legal”. “No hubo conflicto con esa Junta, porque hubo política”, remarcó.
Además, argumentó que tampoco se está cumpliendo con el artículo 229 de la COM que rige para la actividad del Consejo de Partidos Políticos. Allí se plantea que, “el Concejo de Representantes debe enviar al Consejo de Partidos Políticos, con la mayor antelación posible a su tratamiento, copia de los proyectos de ordenanza que de alguna manera afectan o involucren a los Partidos Políticos”.
“No tenemos ningún documento que plantee que el CPP fue convocado”, aseguró Gispert y enfatizó: “Debe volver el acuerdo a la política. Deben terminar de mandar las cosas sin hablar con nadie”.
Quien ofició de portavoz del bloque avilesista fue el concejal Hugo Bustos. Leyendo gran parte de sus argumentos, primero planteó que el CPP “no estaría legalmente conformado” y mencionó la reunión que la secretaría de Calidad Institucional, Cultos, Participación Vecinal y Juventud convocó en octubre del año pasado y a la cual sólo acudió CPU y el líder de Desarrollo y Transparencia, Víctor Curvino.
Luego dio lectura a las actas de sesión del 2015 cuando se aprobó la conformación de la JEM Provisoria para la elección de renovación de autoridades municipales. “Para seguir con el futuro, también tenemos que aprender del pasado y del presente. Los que estamos en esta fila (y señaló a la banca de sus pares) supuestamente teníamos las mismas ideas, los mismos ideales y los mismos principios”, afirmó.
Los dichos del edil generaron un murmullo de repudio, sobre todo de los integrantes de organismos de derechos humanos presentes en el recinto. “Bustos basura, vos sos la dictadura” y “Concejales no sean cómplices” decían los afiches en alusión a la necesidad de que el Concejo esclarezca el hecho que involucra al concejal haciendo una macabra ‘broma’ sobre los desaparecidos.
Haciéndose eco de ese malestar que se notaba en el ambiente, tomó la palabra el edil Gustavo Molina (FC) y dijo: “Me llama la atención cómo en su alegato hace mención a los valores republicanos y democráticos… y veo carteles por todos lados”.
Además, recordó que en 2013 Bustos fue el principal defensor en el Concejo del proyecto de enmienda planteado por Avilés que proponía dar de baja la elección por voto popular de los integrantes de la defensoría del Pueblo. “Él fue uno de los autores firmantes del proyecto para sepultar la elección del defensor del Pueblo”, manifestó.
También recordó el rol que asumió Rubén López (actual secretario de Salud y por entonces concejal del Frente por Carlos Paz), que estaba presente el jueves en el recinto legislativo. “Son los brazos que quisieron llevar adelante la ausencia de la expresión democrática en la ciudad de Carlos Paz”, reforzó.
La concejala Natalia Lenci (UCR), por su parte, recordó que en setiembre de 2015 presentó una propuesta para reformar la Carta Orgánica Municipal y modificar, entre otros puntos, el relacionado a la Junta Electoral. Pero la iniciativa nunca fue tratada. “Desde el primer día que asumí en esta banca, tuve la responsabilidad y la preocupación por resolver este tema. Entonces ¿quién tiene la intención de que esto no salga?”, se preguntó.
Para justificar su acompañamiento al proyecto, el concejal Omar Ruiz dijo que, “la elección se tiene que hacer”. Reconoció las demoras y responsabilidades, pero afirmó que, “si el proyecto vuelve a Comisión, no hay elección”.
Dio su reconocimiento al Colegio de Abogados porque desde el 2015 “se pusieron al frente del tema”.
“Es responsabilidad del Concejo garantizar que esa elección se haga en tiempo y forma”, afirmó y concluyó diciendo: “No nos queda otra”.
El cierre del debate lo dio la concejala Laura Orce (UPC), quien en su exposición brindó un detalle pormenorizado de las actuaciones del Colegio de Abogados de Córdoba, puesto que integra el directorio de dicha institución.
Recordó que en enero de 2017, Avilés se reunió con las autoridades de la delegación local del Colegio de Abogados. Allí se le informó al mandatario que el pedido debería ser elevado al Colegio de Abogados de Córdoba, que es quien autoriza a la delegación a tener intervención.
Recién el 14 de marzo el municipio formalizó la solicitud. El 16 de marzo, el presidente de la institución, Dr. Héctor Oscar Etchegaray, contesta pidiendo copia de la Carta Magna de la ciudad y “toda reglamentación que sea aplicable al proceso eleccionario”.
“Obviamente eso ocurrió porque recién ahora estamos discutiendo el proyecto de ordenanza de conformación de la Junta”, dijo Orce y remarcó: “No le podemos decir al Colegio de Abogados: ‘hagan lo que nosotros queremos’”.
Leyendo una acta del directorio del Colegio, la edila reparó en una moción avalada en la que se plantea que, “se apruebe la participación (del Colegio en el armado de la JEM) y que se le solicite a la municipalidad la ordenanza electoral y su reglamentación para tener pleno y acabado conocimiento de las condiciones en que debería trabajar la Junta Electoral y en función de ello, tomar la decisión sobre cuál será el proceso de selección de sus miembros”.
“El Colegio no puede ‘ir viendo’ cómo elegir a quienes integraran la JEM. No es así. Esto tiene un procedimiento”, remarcó.
En la votación, primó la urgencia por sobre la necesidad de construir los consensos que legitimen el obrar de una JEM, que tendrá la enorme responsabilidad de garantizar la transparencia del acto eleccionario. Esta semana debería hacerse la audiencia pública y la semana que viene, el tratamiento en segunda lectura. Si todo prospera, la Junta Electoral se conformará con tres abogados designados por el colegio local.
No hay más tiempo para nada más. La política, el consenso, el intercambio de opiniones, quedará para otro momento.
Nota correspondiente a la edición n° 461 del semanario La Jornada, del 16 de abril de 2017.
