El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió rechazar por mayoría el recurso de amparo presentado por la Cooperativa Integral ante el decreto de municipalización del servicio de cloacas que firmó el por entonces intendente Esteban Avilés.
Así lo informó el municipio el pasado jueves 11 de agosto a través de una gacetilla donde confirmó que “cuando quede firme la sentencia”, el municipio “dictará el instrumento” tendiente a la recepción provisoria y definitiva del servicio.
Cabe recordar que en agosto de 2017 Avilés dispuso que, tras el vencimiento del contrato de concesión, la municipalidad asumiría la prestación. El instrumento para ello fue un decreto a través del cual definió una serie de fechas en donde una comitiva municipal haría inspecciones en las estaciones de bombeo y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Allí es cuando la COOPI emprendió una acción de amparo señalando lo establecido en el artículo 134 de la Carta Orgánica Municipal (COM) que establece que para la municipalización de servicios es necesaria la intervención del Concejo de Representantes, con audiencia pública y mayoría agravada.
El fallo del TSJ fue dividido. Los vocales Sebastián Cruz López Peña, María Marta Cáceres, María de las Mercedes Blanc Gerzicich, Domingo Juan Sesin, Luis Eugenio Angulo, y Aída Lucía Teresa Tarditti avalaron que la municipalización del servicio de cloacas se resuelva por decreto.
‘El TSJ ha interpretado que la decisión del municipio de asumir la prestación
directa de un servicio público no debe cumplir con las mismas exigencias formales previstas por su Carta Orgánica para disponer la municipalización de aquel. Ello, pues la modificación del modo de su prestación no altera en absoluto el carácter municipal del servicio en cuestión, el que -como tal- viene garantizándose dentro de la órbita local desde hace varias décadas’, se lee en la resolución.
Solo el vocal Luis Enrique Rubio defendió que sea el Concejo de Representantes el que defina en manos de quien tiene que estar la prestación. ‘El legislador municipal ha preservado la decisión de definir el modo de gestión de los servicios públicos locales entre aquellas cuestiones que merecen ser reflexionadas con mayor deliberación y participación ciudadana en forma previa a adoptar una determinación; ello, en tanto no caben dudas de que la cuestión por definir hace sustancialmente a la vida de la comunidad vecinal y, como tal, debe ser asumida y definida siguiendo los pasos y consensos previstos por la COM’, afirmó.
‘13 trabajadores’
A una semana de conocerse el fallo, el gobierno municipal convocó a algunos medios de comunicación para hacer referencia al tema. Durante el encuentro, el intendente Daniel Gómez Gesteira dijo que, ‘como municipio estamos preparados técnicamente para asumir con responsabilidad y brindar un servicio de cloacas de calidad, adecuado y a un precio justo y razonable, sin el cobro de capitalización ni compensación y garantizando el cuidado de nuestro lago’.
‘Lo haremos con especial protección de los trabajadores del servicio, a los que se les respetará sus condiciones laborales, según Resoluciones Nº 5 y Nº 12 /2021 dictadas por el Ministro de Trabajo Dr. Omar Sereno. Estamos preparados y lo hemos demostrado con el servicio de agua’, agregó aludiendo al laudo arbitral que el ministerio de Trabajo emitió en el marco del traspaso de servicio de agua y que el municipio incumplió.
Vale recordar que dicha resolución ministerial establecía que son 118 las y los trabajadores de la COOPI que debían pasar al municipio, sin embargo, al día de la fecha solo absorbió a 83.
Consultado sobre la cantidad de personas que deberían pasar al municipio, el Asesor Letrado Darío Pérez respondió que, ‘el número que nosotros manejamos son 13 personas que son las que figuran en los registros laborales a diciembre de 2018’.
La COOPI, en tanto, no realizó ninguna declaración pública sobre el tema. Se especula que presentaría la apelación al fallo del TSJ para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la sentencia. Vale aclarar que los tiempos procesales aún no están corriendo puesto que el hackeo del Poder Judicial provincial ha demorado la notificación formal de la resolución.
Valdez: ‘La municipalidad entiende que debe absorber la cantidad de trabajadores que técnicamente se determine’
El pasado viernes 26 de agosto se concretó la primera audiencia en el ministerio de Trabajo para abordar la situación de las y los trabajadores de la COOPI afectados al servicio de cloacas. En la reunión hubo representantes del municipio, de la COOPI, del SIPOS (Sindicato del Personal de Obras Sanitarias) y del ministerio de Servicios Públicos del gobierno provincial.
Al mediodía, el sindicato desarrolló una asamblea de trabajadores y trabajadoras en la planta de líquidos cloacales de Costa Azul donde puso en común lo abordado en ese encuentro.
‘Hemos empezado bien este proceso que involucra a las cloacas. La municipalidad entiende que debe absorber la cantidad de trabajadores que técnicamente se determine que corresponda’, expresó el secretario General del SIPOS, Gustavo Valdez, en diálogo con VillaNos Radio.
Y remarcó que el municipio no sostuvo en la reunión que tengan que ser sólo 13 trabajadores los que pasen a la órbita municipal. ‘Si bien eso fue lo que dijeron públicamente a los medios de comunicación de Carlos Paz, entienden que no es así. Dijeron que el número tiene que resultar de un trabajo técnico en función de lo que el servicio de cloacas significa y en función de las tareas concretas que cada compañero o compañera desarrolla hoy’, señaló el dirigente.
En esa misma audiencia la COOPI llevó la nómina de 64 trabajadores abocados al servicio de cloacas y un informe técnico firmado por un especialista que detalla la funcionalidad de cada puesto de trabajo.
En el encuentro también quedó expresado que si se considera la misma fórmula que se aplicó para el laudo arbitral del agua -3,5 operarios cada mil conexiones domiciliaria- la cifra de trabajadores a pasar al municipio superaría los 50.
Si se consideran las conexiones potenciales a la red (recordemos que la conexión al servicio de cloacas es obligatoria en aquellos barrios donde pasa la red y que el municipio debería hacer cumplir para trabajar verdaderamente por el saneamiento de nuestra cuenca hídrica), el número de trabajadores ascendería a 73. ‘Esta situación nos alienta, porque más allá de la voluntad del municipio, el someterse a un criterio técnico implica ser serios y actuar correctamente’, dijo Valdez.
Nota correspondiente a la edición n° 580 del periódico La Jornada, del 31 de agosto de 2021.
