Por Evelina Ramírez
Con los votos de los ediles que responden al intendente Avilés (Alejandra Roldán, Mirtha Alessio, Hugo Bustos, Soledad Zacarías y Carla Livelli) sumados a los del edil del PRO, Marcelo Cuevas, y al de la concejala de Unión por Córdoba, Laura Orce, el Concejo de Representantes aprobó el viernes pasado el aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. El concejal Omar Ruiz no estuvo presente en la sesión.
De esta forma, el boleto pasará a costar 13.50 pesos desde el momento de la promulgación de la ordenanza y 15 pesos a partir del 1 de mayo.
El debate en el recinto se extendió por más de dos horas. Del intercambio salieron mociones que modificaron el proyecto tal cual había ingresado. El cambio sustancial tiene que ver con la incorporación de la categoría “usuario regular”, que comenzará a regir a partir de mayo y que permitirá que los pasajeros adquieran 20 boletos por adelantado a un valor de 13.50 (lo que representa 270 pesos). Además, tendrán un límite de 45 días para agotarlos, con posibilidad de prórroga por 30 días más.
Se suma también la categoría del Boleto Obrero, destinado a aquellos usuarios que acrediten mediante certificado o recibo de sueldo que no perciben un ingreso mayor al salario mínimo vital y móvil, podrán acceder a abonar el pasaje a un 70 por ciento del boleto ordinario.
Además, la empresa deberá mantener los beneficios provinciales vigentes, como el BEG (Boleto Educativo Gratuito), el BAM (Boleto Adulto Mayor), el BOS (Boleto Obrero Social) y el BSC (Boleto Social Cordobés).
La moción plateada por la concejala Zacarías, fue aprobada por unanimidad e incluida en el artículo 8 de la ordenanza. Seguidamente, los concejales del Frente Cívico (Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira) junto a la edila radical Natalia Lenci, plantearon ir más allá. Y a la moción aprobada sumarle otra propuesta sobre la que venían trabajando: la posibilidad de un subsidio municipal.
La idea consistía en que el municipio subsidie 1.50 del boleto comprado bajo el régimen de “usuarios regulares”. De esta manera, quienes compraran más de 20 boletos pagarían el pasaje a 12 pesos (la diferencia la afrontaría le municipio) y a 13.50 a partir del 1 de mayo. El subsidio sería por tres meses, hasta que entre en vigencia el segundo aumento. Y considerando la moción del avilesismo, desde el 1 de mayo en adelante el “paraguas” sería la figura del usuario frecuente.
En las sucesivas intervenciones Gispert aclaró que se trataba de un subsidio para el usuario y no para la empresa. Que, según los cálculos realizados, los tres meses de subsidios le insumían al municipio un aporte cercano al millón de pesos y, como tal, se trataba de un monto que el municipio está en condiciones de afrontar.
De hecho, en el proyecto que la oposición había planteado como alternativa (que ingresó como despacho de minoría y que finalmente no se trató en el recinto), se sugería que el dinero para el subsidio se saque de la partida de publicidad y propaganda (para la cual Avilés tiene 38 millones de pesos asignados para el 2018).
“Si no quieren de esa partida, saquen de otra. De donde a ustedes les parezca. No hablamos de una fortuna. Pero le demos un mensaje a la población, que nos ha interpelado de una forma muy clara”, espetó Gispert a sus pares.
La propuesta no contó con los votos suficientes. Solo cuatro ediles la acompañaron (Gispert, Molina, Sequeira y Lenci).
A la hora de expresar su postura, la concejala de Unión por Córdoba, Laura Orce, sostuvo que acompañaba el proyecto a los fines de generar las condiciones necesarias para plantear la caducidad del contrato y promover un nuevo llamado a licitación. En varias oportunidades que hizo uso de la palabra reiteró que “el segundo aumento no va a suceder, porque la empresa no va a cumplir”.
“No comparto subsidiar a la empresa. Hay que generar las condiciones para hacer un nuevo llamado a licitación”, dijo Orce.
Vale recordar que en la ordenanza aprobada figura en el artículo 2 que “durante un período de cuarenta y cinco (45) días corridos, a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos o por el órgano que en el futuro lo reemplace, de manera periódica efectúa el control en la prestación del servicio público, supervisando el mantenimiento en la regularidad y continuidad del mismo, conforme a lo establecido en el contrato de concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, Anexos integrantes al mismo y Pliego de Base y Condiciones”.
Agrega el artículo 3 que tras el vencimiento del plazo establecido, “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir al Concejo de Representantes nómina con detalle de las condiciones de prestación del servicio relevado”.
En tanto el articulo 5 deja explícito que “la falta de regularidad y continuidad en la prestación del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus importa incumplimiento grave en los términos dispuestos en la cláusula Decima Primera del Contrato Nº 332/2007”.
Los artículos mencionados fueron propuestos por la edila peronista.
En este punto bien vale mencionar que en la cláusula décimo primera del contrato figura que causales de extinción del contrato las “razones de orden jurídico o de hecho que a juicio de la municipalidad hagan imposible el cumplimiento del objeto de la concesión” y “por caducidad dispuesta por el Departamento Ejecutivo ante el incumplimiento grave y/o reiterado del concesionario”.
Sobre las posibilidades de una licitación, el edil Walter Gispert ya adelantó que una alternativa sería llamar a licitación para cubrir los barrios que originalmente no estaban incluidos en el pliego, como lo son Altos del Valle y Villa del Lago.
Sobre esta idea, orce manifestó su acuerdo. En este sentido dijo que “la empresa no puede seguir alegando que presta el servicio en estos barrios ‘de onda’”. “Hay que condicionar el departamento Ejecutivo y a la empresa”, reiteró Orce.
En esa línea, la concejala radical Natalia Lenci tuvo una enfática intervención donde remarcó que lo que subyace en el proyecto es que el gobierno no controló a la empresa. Y en esto, bien vale resaltar que todos los concejales reconocieron que “el servicio anda mal”, lo que sucede es que –al parecer- a la empresa no se le ha impuesto ninguna multa por esos incumplimientos.
En este sentido, la concejala remarcó que esto también implica que “hay funcionarios responsables”. Y apuntó directamente hacia el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone. Recuperó las promesas que el secretario hizo en la audiencia pública realizada en marzo del 2017, cuando se discutía el incremento a 12 pesos.
Allí funcionario dijo que el municipio emprendería “nuevo sistema de control” que incluiría no sólo a los 12 inspectores de la dirección de Transporte, sino también al personal de Seguridad Ciudadana. También habló que se emprendería una “encuesta seria de los usuarios”.
“Nada de lo que se prometió, se hizo. Los responsables de no controlar a la empresa tienen nombre y apellido”, enfatizó.
Los vecinos, muy disconformes: “Pensamos que los concejales tendrían otra postura después de lo que se dijo en la audiencia”
Tal como sucedió en otras oportunidades donde el tema del transporte se discutiría en el Concejo, los vecinos afectados se hicieron presentes en el recinto. Tras la aprobación del aumento y considerando las intervenciones de los concejales que votaron a favor, expresaron su disconformidad.
“Siguen charlando a los vecinos y la empresa seguirá jugando con los usuarios como lo viene haciendo hasta ahora. En mi barrio que es Altos del Valle, se sacaron frecuencias, se cambió el recorrido y nadie hizo nada”, se quejó Eva Farías. Además consideró que, “los concejales se chicanean entre ellos, y los vecinos quedan en el medio”.
“Seguimos sacando plata de nuestro bolsillo para mantener a una empresa que nos deja hasta más de tres horas en una parada de colectivos. No le importa si hace calor, llueve o hace frío”, dijo y remarcó: “Pensamos que los concejales tendrían otra postura después de lo que se dijo en la audiencia. Perdimos el tiempo yendo a las audiencias públicas para que ellos no nos escuchen. Escucharon a la empresa, porque parece que le tienen miedo, porque les mete presión o hay alguna otra cosa”.
A estas consideraciones se sumaron las de María Elena Paz, del barrio Villa del Lago, quien remarcó: “Los vecinos estamos pintados. El hecho de haber ganado una elección no da derechos sino obligaciones. Esa sería la postura de un Ejecutivo que piensa en función de la gente, del pueblo. Hoy nos encontramos con una nueva bofetada”.
En cuanto a la propuesta de que el segundo esté supeditado a que la empresa cumpla con lo establecido por contrato, la consideraron poco suficiente. “Hace 11 años que está la empresa y no adaptó los colectivos. En las 400 (viviendas) va el requecho de lo que tienen en cuanto a micros. ¿Qué garantiza que en mayo tendremos un colectivo como corresponde o que se cumplirá con los horarios?, ¿11 años tardaron en darse cuenta que se necesita ver otra solución y creen que nos 15 pesos en mayo estará solucionado?”, se preguntó Farías.
Nota correspondiente a la edición n° 499 del semanario La Jornada, del 29 de enero de 2017.
