La decisión del tribuno de Cuentas por la UCR, Daniel Viale, de negarse a firmar órdenes de pago vinculadas a la pauta oficial, hasta no estar seguro de que el intendente Esteban Avilés no está violando la ordenanza 5264 que regula la contratación de la publicidad del municipio, generó un verdadero tembladeral en la prensa carlospacense.
El uso indiscriminado de fondos públicos por parte de Avilés para posicionar su imagen y la de su ‘delfín’ para 2019, Daniel Gómez Gesteira, viene siendo denunciado sistemáticamente por concejales de la oposición, que presentaron sobre esta cuestión diferentes proyectos.
Sin embargo, la actitud de Viale de ponerle ‘freno’ a los expedientes provocó malestar en los beneficiarios de las pautas, que salieron a criticarlo de todas las formas posibles, acusándolo de hacer un uso político del tema.
Más allá de que esto fuera cierto, o no, lo que se pierde de vista es que el tribunal de Cuentas está conformado por tres miembros, dos de los cuales responden al oficialismo: la presidenta Raquel Merlino, y Liliana Farkas.
Es decir, si quisiera, y más allá de la oposición de Viale, el avilesismo tiene los votos necesarios para que los expedientes sigan su curso normal.
Pero claro, si bien hacia afuera el discurso es que la política de comunicación del municipio no viola ninguna ordenanza, a la hora de poner la firma esta convicción flaquea. Y existe temor de verse involucrado en alguna denuncia de tipo penal.
En este marco, trascendió que este martes habría habido una reunión clave entre el principal operador de Avilés con los medios, el director de la Secretaria Privada, Prensa y Protocolo Hernán Anders y las dos vocales del tribunal de Cuentas por el oficialismo. La intención del encuentro fue ‘convencer’ a las tribunas Merlino y Farkas de que no había inconvenientes ni peligro judicial para ellas si visaban las órdenes de pago.
La prioridad de Anders, en este momento, es ‘calmar’ los reclamos de la prensa que tiene pauta con el municipio atendiendo que Avilés, en plenas gestiones para ‘saltar’ a la política provincial, no puede darse el lujo que, de repente, la opinión sobre su gestión –forjada a fuerza de acuerdos económicos- se modifique y deje de ser todo lo buena que esos medios hoy dicen que es.
La ordenanza
La ordenanza 5264 que regula la contratación de la publicidad oficial expresa taxativamente que, “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá abstenerse de utilizar cualquier forma de comunicación institucional que importe promover explícita o implícitamente, intereses de algún partido político, ni estar al servicio de destacar actos de gestión en la figura o nombre de persona, ni para promoción personal de funcionario alguno, ya sea con utilización de nombres propios, de slogans o similares”.
Fue sancionada por el Concejo de Representantes en 2010. El principal impulsor fue Avilés. En aquel momento presidía el cuerpo legislativo y el intendente era Carlos Felpeto quien, en primera instancia, vetó la ordenanza. Sin embargo, los concejales consiguieron ‘número’, insistieron y fue promulgada el 20 de mayo de 2010.
Se cuestionaba, básicamente, que en todas las publicidades del gobierno figuraba la leyenda ‘Gestión Felpeto’.
Una vez que asumió como intendente, Avilés comenzó a desconocer esta ordenanza e impuso un esquema publicitario direccionado a posicionar su imagen. La cuestión se profundizó cuando quedaron claras sus ambiciones de saltar a la política provincial. Además, en agosto pasado, puso en marcha la estrategia para buscar retener el gobierno municipal en 2019. Como primera medida puso a su candidato, Daniel Gómez Gesteira, en un cargo creado especialmente para garantizarle la mayor exposición. Y acompañó esta decisión con una obscena campaña publicitaria donde el protagonista es Gómez Gesteira.
A partir de esta situación y con el antecedente de las presentaciones en el Concejo de Representantes, Viale envió una nota a la presidenta del tribunal de Cuentas, Raquel Merlino, pidiéndole que “arbitre los medios para que sean remitidas (…) las demo y/o textos contratados por el municipio para su difusión en todos los medios de prensa locales, provinciales y nacionales; de manera tal que se pueda valorar con exactitud si las contrataciones cumplimentan la normativa vigente”.
“Somos un órgano de control. El poder Ejecutivo puede contratar cualquier cosa, pero cuando el expediente llega al tribunal, tenemos la obligación de ver si se ajusta o no a ordenanza. Solicitamos el demo para ver si esto se cumple”, explicó a Radio Cyber. Y subrayó: “la ordenanza fue hecha por Avilés, y el que más debería hacerla cumplir es él”.
