Por Alejandro Gómez
Fiel reflejo de lo que viene sucediendo desde agosto de 2016, cuando el intendente Esteban Avilés anunció unilateralmente que municipalizaría el servicio de agua, el Concejo de Representantes no logró los consensos necesarios para someter a referéndum si la Cooperativa Integral debía seguir a cargo de la prestación o si, en cambio, debía ser el municipio quien la tuviera a su cargo.
El tema se instaló a partir de la presentación de un proyecto de referéndum, el pasado martes 21 de agosto, por parte del defensor del Pueblo, Daniel Mowszet. Y tuvo tratamiento express. En poco más de una semana se realizaron dos reuniones de la comisión General (lunes 27 y miércoles 29) y en la sesión del último jueves se debatieron dos despachos.
El del oficialismo (Alejandra Roldán, Mirtha Alessio, Carla Livelli, Soledad Zacarías, Hugo Bustos y Marcelo Cuevas), basado en la propuesta de Mowszet, planteaba realizar la consulta sobre si “la Coopi debe prestar el servicio de agua potable o no debe hacerlo” el 25 de noviembre. Si ganaba el ‘sí’, se encomendaba al ejecutivo la firma de un nuevo contrato de concesión por 10 años.
Si, en cambio, se imponía el ‘no’, el municipio asumiría la prestación del servicio el 15 de marzo “ajustándose a las actuaciones presentadas oportunamente ante el ministerio de Trabajo de la Provincia”.
El de la oposición pretendía realizar el referéndum el 31 de marzo, con Boleta Única, sobre si la Coopi debía continuar o no, con la prestación “del servicio de provisión de agua y cloacas”. Si la mayoría votaba por el ‘sí’, se firmaría un nuevo convenio de concesión por 15 años y un día, para cumplir con lo dispuesto por la Carta Orgánica.
Si ganaba el ‘no’, el municipio asumiría la prestación el 30 de agosto a través de un ente con personería jurídica propia. En relación a los trabajadores, establecía la obligación del municipio de incorporar al personal que al 31 de agosto de 2018 “se encontraba prestando tareas de operación, mantenimiento, administración y comercialización del servicio de agua y cloacas bajo las directivas de la Coopi, garantizando sus remuneraciones y demás derechos laborales adquiridos”. Además, prohibía al gobierno realizar campañas publicitarias tanto por el ‘sí’ como por el ‘no’. De acuerdo a los que explicaron los ediles firmantes (Omar Ruiz, Natalia Lenci, Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira), el proyecto debía ser tratado con el mecanismo de doble lectura y audiencia pública.
Sin embargo, después de un debate de casi dos horas, que abundó en chicanas políticas, pases de facturas y agresiones hasta en términos personales, ninguno logró la mayoría agravada necesaria (8 votos en la actual composición legislativa) para ser aprobado.
Fue un nuevo fracaso de Avilés en su ‘cruzada’ contra la Coopi. Cabe recordar que primero intentó municipalizar el servicio a través de una ordenanza aprobada en el Concejo, como no tenía los votos, resolvió avanzar mediante un decreto que, después de diferentes instancias judiciales y en un marco de absoluta tensión, hoy está siendo revisado por la Corte Suprema de Justicia de la nación.
En esta ocasión el brazo ejecutor, de acuerdo a todas las lecturas políticas que se hicieron, fue la defensoría del Pueblo. Y lo que parecía una maniobra donde sólo podía ganar terminó siendo un boomerang que, por un lado, terminó consolidando a la oposición y expuso la ‘funcionalidad’ de la defensoría del Pueblo a los mandatos del Palacio 16 de Julio.
El debate
Resulta interesante repasar lo que se dijo a lo largo del debate en el Concejo de Representantes.
Antes del inicio de la sesión, se le permitió hacer uso de la palabra al secretario General del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), Gustavo Valdez. El gremialista reconoció que la propuesta de Mowszet “nos ha sorprendido” y la calificó como “extemporánea e inoportuna”. Recordó que en la única charla que tuvo el ombudsman con la Multisectorial, les dijo que estaba inhibido de actuar en el conflicto porque estaba judicializado. “Eso no se ha terminado”, dijo en referencia al fallo que se espera de la Corte Suprema. Y planteó que “la angustia que expresó (Mowszet) por los trabajadores desapareció en el proyecto porque no hay ni una línea sobre eso”. De todos modos advirtió que, “no basta con expresar preocupación” y remitió a revisar el expediente en el ministerio de Trabajo para confirmar que el municipio nunca pudo acercar una propuesta concreta sobre cómo pretendía incorporar a los trabajadores de la Coopi -respetando sus derechos adquiridos- si el servicio pasaba a manos del Estado.
Insistió, por último, con que la solución al conflicto pasa por “discutir un nuevo contrato y hasta el esquema prestacional si se quiere”.
Tras las palabras de Valdez, arrancó la sesión propiamente dicha con el marco de una sala colmada que desnudó, una vez más, las deficiencias en infraestructura que tiene el Concejo, tanto en lo que hace a la capacidad como a la accesibilidad al recinto.
El primero en argumentar –por así decirlo- fue el ultraavilesista Hugo Bustos, en calidad de ‘miembro informante’ del despacho de la mayoría. Señaló que el referéndum propuesto por el defensor del Pueblo es “la única solución al conflicto” con la Coopi “y viene a atender los intereses de todos los vecinos por la vía más idónea”. Precisó que no hacerlo sería convalidar una situación ilegítima, ya que la Coopi en este momento no tiene contrato ni prórroga que le dé cobertura a la prestación (la Cooperativa San Roque que brinda el servicio en Villa del Lago está en las mismas condiciones pero no hubo referencias a esta realidad).
“Que la ciudadanía decida”, cerró, haciendo suyas las palabras del defensor del Pueblo.
El turno fue luego de Omar Ruiz. “Para resolver los conflictos hay dos caminos: el político y el judicial. Desde 2016 hubo decisiones que se tomaron para que no haya escenario de diálogo”, dijo en alusión al intendente.
Defendió la propuesta “superadora” elaborada por la oposición y consideró que, “si vamos a ir hacia una democracia de participación, sería bueno abordar otros temas”.
Walter Gispert (Frente Cívico) opinó, a tono con sus declaraciones previas, que el proyecto del oficialismo “no buscó resolver el problema del agua, si no hacer explotar a los que estamos trabajando juntos para 2019”. Desandó el camino transitado por Avilés para quitarle el agua a la Coopi (proyecto de ordenanza y decreto) y consideró “insólito” el argumento de los 19 años.
“La Carta Orgánica no habla de las empresas, habla de que los contratos si son por más de 15 años necesitan referéndum. Pero le mandé una nota al defensor del Pueblo para que si sostienen esa posición, vayan por el referéndum con todas las empresas que superan esa cantidad de años”, subrayó. Y puso en la lista a la Cooperativa San Roque, la prestataria del servicio de recolección de residuos Cotreco, y la Cooperativa 17 de Julio que tiene a su cargo la limpieza de los terrenos.
Observó que el defensor del Pueblo no podía intervenir en el conflicto por el agua porque era un tema judicializado, y eso está prohibido en la reglamentación del organismo, y llamó al oficialismo a que “voten nuestro proyecto así la gente decide en marzo y los candidatos (a intendente) pueden decir qué opinan”.
“Quiero que siga la Coopi. Y lo digo para que no nos hagamos las gallinas distraídas”, retó.
Tomó la palabra nuevamente Bustos, sólo para chicanear a Gispert leyendo declaraciones periodísticas de 2014 con críticas a la Coopi. “Es solo para ver cómo algunos cambian de postura de acuerdo a lo que les conviene”, disparó.
Al vuelo lo agarró Gustavo Molina (Frente Cívico). “Destaco la disposición y el tiempo de algunos concejales para desgrabar declaraciones, en un mecanismo muy similar a las prácticas de inteligencia. De las más berretas por cierto”, retrucó. Y se despachó con una analogía del mundo animal: “ante el peligro el tero dispara sus alarmas… el único problema es que no se sabe dónde tiene los huevos”.
El concejal expuso que con la presentación del proyecto de referéndum “la defensoría del Pueblo apareció como el brazo blando del ejecutivo”. Y calificó a la propuesta de Cambalache, “ya que buscó mezclar el tema del agua con el voto joven. La Biblia y el calefón”.
Aseguró que la defensoría “tiene enemistad manifiesta con la Coopi”, y remató: “no me vengan con que se agotó el diálogo. El dialogo nunca existió. El proyecto del oficialismo atenta contra la paz social”.
El discurso más encendido, y también el más agresivo en términos personales, lo dio Laura Orce (UPC).
“Acá estamos en este circo barato. Haciendo de cuenta que somos recopados y que queremos escuchar a la gente”, arrancó. Sostuvo que ambos proyectos “son una barrabasada, de terror, un mamarracho” y subrayó que, “nunca estuve a favor del referéndum, siempre dije que el servicio debían prestarlo las cooperativas”.
“Son unos cobardes”, espetó Orce en relación a los ediles que no se animaban a votar en contra del referéndum para no pagar el costo político.
Natalia Lenci (UCR), lamentó que la sesión “se haya convertido en una desacreditación constante de las personas”, y estableció que el proyecto elaborado por la oposición pretendía que el referéndum “se haga de manera transparente”.
Volvió a pedir la palabra Gispert para reclamarle a Orce que no haya expresado su postura en contra del referéndum en las reuniones de comisión, lo que le valió una réplica de la edila peronista. “Yo digo siempre lo que pienso y pago los costos por eso”, afirmó.
La presidenta Alejandra Roldán se reservó para clausurar el debate. “Nosotros esperamos y buscamos consensos. Presentamos un borrador y los esperamos, pero la minoría presentó un despacho primero. No forzamos nosotros el tratamiento”, aseveró.
Acto seguido se puso a consideración en primer lugar la propuesta del oficialismo. A favor votaron Roldán, Alessio, Livelli, Zacarías, Bustos, Cuevas y… Orce (completamente a contramano de lo que había argumentado previamente). Siete votos.
Inmediatamente se votó el proyecto de la oposición, que contó con el respaldo de Ruiz, Lenci, Gispert, Molina y Sequeira. Cinco votos.
Ninguno alcanzó, así, la mayoría agravada (8 votos) que fija la Carta Orgánica para este tipo de proyectos, y no habrá referéndum.
A partir de ahora quedará esperar si Avilés se resigna a no poder doblegar a la Coopi y que el conflicto lo resuelva el próximo gobierno, o si vuelve a la carga con algún otro ardid.
Nota correspondiente a la edición n° 530 del semanario La Jornada, del 03 de setiembre de 2018.
