Se declaró la emergencia en violencia de género en Carlos Paz

Por Jorgelina Quinteros

El Concejo de Representantes aprobó el pasado jueves la declaración de “interés público, emergencia social y prioridad de gobierno, las políticas contra la violencia de género” en Villa Carlos Paz.

La ordenanza establece políticas públicas que apunten a “la prevención, asistencia inmediata y promoción de los derechos, ante todo tipo de violencia de género en el ámbito público y privado”.

Fue aprobado por unanimidad, once concejales votaron a favor y la concejala Natalia Lenci de la Unión Cívica Radical estuvo ausente.

Este proyecto fue presentado por el colectivo #NiUnaMenos el 25 de noviembre del 2016, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Lenci le dio estado legislativo a la iniciativa que recibió tratamiento en la comisión de Desarrollo Social, Educación y Salud presidida por el edil Omar Ruiz (CPU).

“Rescatamos el proyecto que ha presentado #NiUnaMenos y se enriqueció con aportes del Consejo Asesor en Políticas de Género y la Casa de la Mujer, un proyecto presentado por el concejal Marcelo Cuevas (PRO) respecto a la información pública en materia de violencia de género y propuestas de jóvenes como Eduardo Macat”, expresó Ruiz.

“El proyecto responde en gran medida a esa demanda que se hizo”, añadió.

El concejal elogió la decisión política del Concejo de Representantes de accionar frente a una emergencia social, porque “así lo indican los femicidios, los casos de lesiones y la cantidad de denuncias que todos los meses se hacen en la región, son datos alarmantes”.

El Consejo Asesor es el “organismo rector de las políticas públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, esto fue establecido en la ordenanza que le da origen y en la que fue aprobada recientemente. Una de las acciones inmediatas que deberá llevar a cabo es continuar avanzando en el desarrollo de una “Guía de Actuación y Protocolo”, que según señaló Ruiz se está trabajando desde septiembre del año pasado.

Este es un reclamo concreto y urgente del colectivo #NiUnaMenos. “Se han realizado reuniones con distintas instituciones: el poder judicial, la policía de la provincia, la Asociación Hotelera (AS.HO.GA) y el Colegio de Abogados para encontrar todas las respuestas para acompañar a la víctima cuando hace una denuncia y que no tenga que sufrir otras violencias institucionales en ese momento”, explicó el edil.

En ese sentido, Ruiz adelantó que la concejala Laura Orce (Unión por Córdoba) está haciendo gestiones con el gobierno provincial para que se habilite en Carlos Paz una unidad judicial especial donde las víctimas de violencia puedan ser atendidas. También, garantizó un “compromiso del ejecutivo municipal con los abogados para que haya una guardia pasiva para acompañar a las víctimas”.

 

Avances y retrocesos

En cuanto a la demanda concreta de apertura de Casas Refugio Transitorias (1 cada 10 mil habitantes) para albergar a mujeres obligadas a dejar su vivienda porque habitan con sus agresores, Ruiz dijo que “AS.HO.GA ha ofrecido algunos hoteles de manera anónima, para que puedan alojar a las víctimas hasta que se tramite la exclusióndel hogar del victimario”.

Por eso, en el proyecto aprobado no se hace referencia a albergues, si no a residencias o alojamientos. Es decir, que la construcción de refugios con infraestructura y personal que brinde contención a las víctimas no está determinada en la ordenanza aprobada. “Es una tercerización de la responsabilidad que tiene que tener el Estado”, manifestó Sonia Da Cruz, integrante de #NiUnaMenosCarlosPaz.

Otras dos modificaciones del proyecto original son preocupantes y determinan que el proyecto aprobado tenga imprecisión en dos aspectos centrales: presupuesto y tiempo de ejecución. Se eliminó del proyecto original el plazo de un año para que el Estado municipal desarrolle las acciones prioritarias que define la ordenanza.

Por otro lado, se excluyó el artículo 6 que establecía “el 7% del presupuesto municipal en viviendas para la construcción destinada a grupos familiares en riesgo por violencia de género” o, en su defecto, que las mujeres violentadas accedan al 7% de las adjudicaciones de planes de vivienda. También, fue quitado el artículo 5 que establecía “de carácter obligatorio en los organismos municipales y empresas dependientes de la Municipalidad  destinar el 3% de los puestos de trabajo a mujeres en situación de riesgo por violencia”.

Por esta razón, desde #NiUnaMenos se mostraron disconformes con la ordenanza: “Se aprobó sin presupuesto que es justamente lo que estábamos pidiendo”, declaró Claudia Ruiz Moreno.

Se mantuvo el artículo que hace referencia a que se garantice que la víctima mantenga la cobertura de obra social en caso de que el agresor sea el titular de la misma y se amplió la propuesta de desarrollo de programas de concientización sobre diferentes formas de violencia de género y capacitación en perspectiva de género para los funcionarios públicos, agentes municipales, comunicadores sociales e instituciones de la ciudad.

A su vez, se incorporó un punto basado en un proyecto del concejal Marcelo Cuevas que establece que “toda información que se emita a través de los servicios de comunicación audiovisuales, gráficos y digitales acerca de episodios de violencia de género incluirá una mención expresa a las líneas telefónicas gratuitas, nacional y provincial, 144 y 0800-888-989”, destinadas a dar información y asesoramiento sobre violencia de género.

Asimismo, la iniciativa contempla la coordinación de políticas con municipios y comunas de la región.

Más allá de que todo proyecto es perfectible y el presentado por #NiUnaMenos no es la excepción, el que fue aprobado recientemente por el Concejo ganó en ambigüedad y vaguedad en varios aspectos. El artículo 5º es el mejor ejemplo: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del ‘Área de Políticas de Género – Casa de la Mujer y la Familia’, arbitrará y dará prioridad a todos los mecanismos disponibles y a disponer, para enfrentar esta grave situación con políticas públicas municipales que aborden la problemática de manera integral, con un grupo profesional idóneo, dando respuestas inmediatas, para que las víctimas puedan denunciar, ser albergadas en residencias o alojamientos para víctimas de violencia de género, tener contención psicológica, recibir asesoramiento y acompañamiento jurídico para la denuncia, obtener un subsidio en los casos que el informe socio económico lo indique, recibir asesoramiento para reinserción laboral y garantías y facilidades para el acceso a la salud, vivienda y educación para las víctimas y sus hijos/as.”

El proyecto base desarrollaba estos puntos de manera más detallada, estableciendo la “creación de Centros de Asistencia, asesoramiento legal y contención psicológica de la mujer violentada y sus hijos con atención de 24 horas, nombrando personal ingresado por concurso y con formación específica en la problemática”. “Esto ya se viene haciendo desde la Casa de la Mujer”, especificó Ruiz sobre el artículo 5. Sin embargo, este organismo no brinda atención las 24 horas.

El mencionado artículo tampoco determina ni el monto ni la cantidad de subsidios disponibles para mujeres violentadas que necesiten ayuda económica. #NiUnaMenos determinaba que fueran “equivalentes al monto de la canasta familiar”. Tampoco, se determina un trabajo articulado con el Poder Judicial para que arbitre las medidas de exclusión del agresor del hogar en un plazo de 24 horas y el monitoreo de esa orden que efectivice su cumplimiento; ni la inclusión en Centros Infantiles Municipales para los hijos menores de la víctima o el acceso en forma gratuita a estudios y capacitación profesional.

Las integrantes de #NiUnaMenos se quejaron porque no les permitieron ingresar a la sesión aduciendo que la capacidad de la sala del Concejo de Representantes estaba colmada y no fueron convocadas a la sesión por parte de los ediles.

“La municipalidad se vio movilizada por #NiUnaMenos, si no hacíamos marchas el municipio no se movía. Vamos por más, no nos conforma. Seguimos en la lucha por la construcción de albergues y la definición de un presupuesto. No vamos abajar los brazos”, declaró Ruiz Moreno.

 

Hablemos de presupuesto

El artículo 12 es uno de los más controversiales del proyecto que declaró la emergencia en violencia de género en la ciudad. “El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar los cambios de partidas necesarios, a los fines de adecuar el presupuesto municipal, programa 35.51.514 –Políticas de Género y Casa de la Mujer- y su ejecución, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza”, expresa.

Actualmente, el presupuesto para 2017 es de $1.350.000, por lo tanto se establece que es necesaria una readecuación presupuestaria para cumplir los objetivos de la ordenanza y garantizar que las políticas de género sean prioritarias para el Estado municipal.

Está claro que la asignación de presupuesto acorde para el desarrollo de las acciones propuestas, es uno de los aspectos centrales que es necesario discutir. Sin embargo, la ordenanza deja absolutamente a criterio del ejecutivo este punto.

“Hoy estamos dando el primer paso que es solo el comienzo. Las instituciones y el Concejo se están comprometiendo con esta decisión política y esta ordenanza. Ahora el departamento ejecutivo debe hacer lo propio destinando los fondos que hagan falta”, expresó Ruiz. “Es necesaria una plena ejecución de los fondos presupuestarios para que estas políticas y estas campañas de prevención y asistencia frente a los casos de violencia de género puedan ser una realidad en Villa Carlos Paz. Y en los próximos años estas estadísticas de denuncias se vean notable y sustancialmente disminuidas”, agregó.

Por su parte, Lenci en su perfil de Facebook publicó: “Espero que el Gobierno del intendente Avilés ponga en funcionamiento lo normado desde el Concejo de Representantes, que el importante presupuesto que tiene para abordar esta problemática sea usado como corresponde y no tengamos que reclamarle como en muchos casos la ejecución de las ordenanzas vigentes”.

Entonces, si de los dos impulsores de este proyecto surge un énfasis en relación a los fondos destinados para ejecutar lo que la ordenanza propone, ¿por qué no se definió un presupuesto y se detallaron porcentajes acordes para cada uno de los puntos mencionados en el artículo 5? ¿Por qué no hay referencia a los plazos que esta ordenanza tiene para empezar a ejecutarse?

En base al presupuesto anual asignado para el desarrollo del programa Políticas de Género y Casa de la Mujer aprobado en diciembre del 2016 el Estado destina anualmente $40,90 por cada mujer, si se toma como base que la población de mujeres de nuestra ciudad censada en el 2010 es de 32.975.

Esto implica un incremento de la inversión anual con respecto al 2016 que era de $6,20 por mujer.

En este sentido, el panorama a nivel nacional es bastante desalentador, el gobierno de Mauricio Macri sólo destina $4,43 por mujer, por año.

Ahora, la pregunta que surge es cómo se invierten esos $40 por mujer. ¿La Casa de la Mujer va a funcionar las 24 horas, se van a construir albergues, se van a destinar planes de viviendas para las víctimas, se va erradicar la precarización laboral de las mujeres en Carlos Paz?

Hoy una mujer en Carlos Paz no tiene una Unidad Judicial de la Mujer a dónde recurrir, si no que tiene que asistir a una unidad de competencias múltiples donde se toman diferentes tipos de denuncias, sin considerar la situación de vulnerabilidad particular que atraviesa la víctima.

La declaración de emergencia es un avance desde lo simbólico porque instala el tema en la agenda pública, a pesar de la amplitud de acciones que contempla sin detallar claramente cómo se van a ejecutar. Sin embargo, es inútil sin un compromiso real a destinar presupuesto que sea utilizado para garantizar las cuestiones urgentes de asistencia y contención a las mujeres, pero también pensar políticas a largo plazo con una mirada integral de las diferentes formas de violencia desde los micromachismos incorporados al lenguaje cotidiano hasta los femicidios impunes.

En una ciudad donde los organismos oficiales y los dirigentes políticos no piden justicia por Andrea Castana ni reclaman respuestas a la policía por la violencia institucional y de género que ejercen contra jóvenes de nuestra ciudad es difícil creer que algún día los patrones culturales y educativos en los que se basa todo un sistema patriarcal, machista y misógino van a cambiar. Más allá de las leyes, es hora de que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias y transformen el silencio oficial en acciones responsables y comprometidas que apunten a construir condiciones igualitarias de vida para las mujeres.

 

 

Las mujeres del interior, las más desprotegidas

En el 2016, 23 mujeres murieron por violencia de género en la provincia de Córdoba. La mayoría eran jóvenes de entre 16 a 40 años. 19 femicidios fueron cometidos en el interior, 4 específicamente en el departamento Punilla. En 21 casos, son responsables del crimen o los principales sospechosos ex o actuales parejas de las víctimas.

Desde la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas no publican estadísticas oficiales. Estos casos surgen de un relevamiento realizado en base a la información que difunden los medios de comunicación.

En el 2017, el panorama a nivel nacional y provincial no mejoró y las cifras son preocupantes. La ONG Casa de la Mujer reveló que en lo que va del 2017 ya se cometieron 57 femicidios, uno cada 18 horas.

El interior provincial es la zona donde las mujeres se encuentran más desprotegidas por la falta de acceso a la justicia. Andrea Castana, Ingrid Vidosa, Dahyana García  y Carina Drigani son las mujeres que murieron a manos de la violencia machista en nuestra ciudad. Para algunas aún la justicia no llega, a pesar del paso de los años.

“Hemos visto muchísimos casos de violencia de género en nuestra ciudad. Los datos del poder judicial alarman. Estamos hablando entre 70 a 100 denuncias mensuales en Villa Carlos Paz y toda la región”, afirmó Ruiz sobre la situación en nuestra ciudad. En lo que va de este año se conocieron a través de los medios el caso de una mujer atacada a cintazos en cercanías del centro, otra golpeada en un hotel de barrio Villa Domínguez, una adolescente que estuvo 22 horas para denunciar que fue acosada, dos hechos de abuso sexual y mujeres mayores y menores de edad que fueron golpeadas y requisadas desnudas por la policía, luego de la manifestación por el asesinato de Franco Amaya.

“En el interior carecemos de los recursos que hay en Córdoba Capital: no hay equipos de contención cuando la víctima hace la denuncia, la gente que toma la denuncia no sabe cómo hacerlo. Los botones antipánicos solo funcionan en los lugares donde hay una oficina que pueda activar los mecanismos de control”, contó la ex jueza Cecilia Fernández, que trabajó 23 años en el distrito Villa María, al portal Cosecha Roja.

Además, criticó la falta de control a la violación de órdenes de restricción y exclusión del hogar: “Las mujeres llegan desesperadas a hacer la denuncia. Cuando salen el victimario se enfurece más y nadie lo controla. El juez no puede hacerlo: es función del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia de la Provincia es responsable de las políticas públicas que deben implementarse, pero no sólo en la Capital, en toda la provincia.

El Polo Integral de la Mujer funciona en Córdoba Capital donde brindan asistencia jurídica y social y cuentan con refugios preparados para recibir a mujeres violentadas que, actualmente, son los más cercanos de la zona sur de punilla.

Ante una situación de violencia, hay número gratuito para pedir información o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país: 144. En Córdoba también funciona el 0800 888 98 98. Las comunicaciones son anónimas y confidenciales.

 

Nota correspondiente a la edición n° 455 del semanario La Jornada, del 05 de marzo de 2017.