Por Evelina Ramírez
“Quise realizar la denuncia para que se acabe la impunidad del gobierno de Avilés”, comienza diciendo en la entrevista Lucila Reñicoli, ex trabajadora de la municipalidad de Villa Carlos Paz.
Convencida de animar a otras personas a relatar lo que padecen cotidianamente, la mujer ha denunciado públicamente situaciones de hostigamiento y violencia laboral que padeció siendo empleada municipal.
Entró a trabajar en el 2021 como secretaria del jefe de Vía pública, Carlos Ceballos. Allí realizaba tareas vinculadas a habilitaciones, clausuras y reclamos al 147. El 26 de marzo pasado, su expareja concurrió a su espacio laboral generando disturbios en el lugar. Ella ya lo había denunciado por violencia de género y regía sobre él una orden de restricción. Tras los hechos, el hombre fue detenido.
Lucila no estaba en el lugar. Sin embargo, al día siguiente, al presentarse a trabajar, la mujer fue impedida de ingresar a la oficina. “Lejos de contenerme, me dejaron más vulnerable. Me sentí doblemente mal. Ya había vivido una situación personal horrible como para que laboralmente me terminen haciendo a un lado”, describió en una entrevista con VillaNos Radio.
Tras los hechos, Lucila quedó a disposición del área de Recursos Humanos, a cargo de Roberto Buzurro, quien decide trasladarla al cementerio. “Durante 10 días me presenté al municipio, preocupada por mi puesto laboral. Soy sustento de familia. Tengo dos hijos y una madre discapacitada. Recién el 10 de abril me dijeron que tenía que ir a trabajar al cementerio”, relató la mujer.
Consultada sobre si desde el municipio le dieron los motivos del traslado, respondió que el argumento esgrimido fue el escándalo que hubo en la base de Inspectoría General. “Me dijeron que no querían que las cosas trascendieran en el trabajo, siendo que yo tenía una orden de restricción vigente”, remarcó.
Para sumarle más gravedad a la situación, Lucila es trasladada al cementerio donde tiene un hijo sepultado. “Para mí era un dolor muy grande volver al lugar al cual no había vuelto después de que lo enterré. Todos estaban en conocimiento de esta situación. Yo lo tomé como algo macabro”, consideró y dijo: “Creo que buscaron el modo de que renuncie”.
Sin embargo, su decisión fue “aguantar”. “No me podía dar el lujo de renunciar. Pero era una tortura día a día. Pedí muchas veces que me trasladen”.
La situación se le volvió insoportable que incluso atentó contra su vida. El hecho ocurrió la noche del 25 de mayo. La joven fue trasladada al hospital Gumersindo Sayago y luego derivada al área de salud mental del hospital Domingo Funes, donde permaneció una semana. “Yo presenté todos los certificados y tengo constancia de absolutamente todo”, repasó. Una vez que le dan el alta, volvió a trabajar al municipio y su destino laboral seguía siendo el cementerio.
La joven dijo que solicitó en reiteradas oportunidades ser cambiada de lugar de trabajo, pero no fue escuchada. “Me comuniqué con personas allegadas a Esteban (Avilés) y a (Roberto) Buzzurro. Hablé con mucha gente y todos me decían que espere a que lleguen las elecciones, que una vez que asumiera Esteban Avilés, las cosas iban a cambiar. Yo, ilusa, creí en ese discurso como muchos carlospacenses. El resultado de eso fue que luego de que asumiera, hubo una ola masiva de despidos entre las cuales estuve yo”.
En su caso, no se trató del vencimiento del contrato, sino que, teniendo el contrato vigente, el municipio decide despedirla sin causa. “No dieron ningún fundamento. Yo no tengo ninguna sanción ni apercibimiento. Pero en el contrato hay un punto que dice que puede ser dado de baja en cualquier momento, lo cual va en contra de todas las leyes laborales e incluso del propio Estatuto del Empleado Municipal”, remarcó.
La mujer recordó que, durante la campaña, los trabajadores municipales fueron condicionados a repartir material de difusión de Carlos Paz Unido. Ella fue parte de esa tarea. De hecho, también colaboraba con el área Protocolo. “Sinceramente, estaba bajo presión. Tengo los mensajes donde nos ‘invitan’ a asistir. Luego teníamos que pasar la lista de quienes asistían y quienes no. En el grupo que estaba, yo era la encargada de hacer esa tarea. Luego tenía que pasar la lista al área de Recursos Humanos. Nos decían que cada uno era adulto y que sabía las consecuencias que había”, relató.
Lucila subrayó que decidió hacer pública su situación para animar a otras personas a denunciar lo que viven dentro del municipio. “Quise hacerlo público para que no quede impune, porque nadie se anima a ir en contra del gobierno actual”.
Nota correspondiente a la edición n° 593 del periódico La Jornada, del 26 de septiembre de 2023.
