María Florencia Santillán adelantó que presentará una denuncia por ‘discriminación’ ante el INADI y el defensor del Pueblo contra el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz. ¿La razón? Carecer de ingresos accesibles. Santillán tiene discapacidad motriz y utiliza silla de ruedas. El jueves 7 de junio, como integrante del colectivo Ni Una Menos, intentó presencia la sesión del cuerpo legislativo donde se iba a tratar un proyecto en relación a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero no pudo acceder.
Es que la sala de sesiones está ubicada en el primer piso de la Terminal de Ómnibus y sólo se puede ingresar por escalera. A pesar de que hubo proyectos aprobados para la instalación de una especie de montacargas con el objetivo de garantizar que todos puedan ingresar, las obras nunca se realizaron. Y la presidenta Alejandra Roldán no brindó ninguna explicación.
Tras ver frustrada su asistencia a la sesión, Santillán decidió recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo.
“Ya no podemos seguir esperando reuniones donde se habla, se promete, se establecen compromisos que luego no se cumplen, etc. No hay más tiempo. La inclusión plena y la participación ciudadana son un derecho, no un favor”, remarcó en una carta abierta publicada en su perfil de Facebook.
En diálogo con VillaNos Radio recordó que hace dos años comenzó las gestiones, junto a otras organizaciones sociales que vienen trabajando la temática de la inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, y que el compromiso logrado por las autoridades del Concejo fue la de construir un ascensor o montacargas para las personas con movilidad reducida. Lo cierto es que ha pasado el tiempo, y ninguna de estas acciones se ha concretado.
“No vemos ninguna intención del Concejo ni del Ejecutivo en resolver este tema. Hablamos de un problema muy puntual, pero Villa Carlos Paz en sí es una ciudad poco accesible en términos arquitectónicos. No es una política pública del avilesismo hacer una ciudad accesible. Las sesiones del Concejo son públicas y yo no pude acceder. Se me ha violentado un derecho”, remarcó.
La carta
María Florencia Santillán adelantó su decisión de acudir ante el INADI en una carta abierta publicada en su perfil de Facebook que expresa lo siguiente:
“El día jueves 7/06 el Colectivo #NiUnaMenos de Villa Carlos Paz convocaba a una actividad en el Concejo de Representantes, por la presentación de un proyecto de uno de los concejales locales. Participo de manera activa en el Colectivo #NiUnaMenos de Villa Carlos Paz hace mas de 2 años. Antes de mudarme a Carlos Paz ya lo hacía, desde la organización partidaria de la que formaba parte, pero no es eso lo que quiero contar en estas líneas.
Para quienes no lo saben, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, funciona arriba de la Terminal de Ómnibus y el acceso al recinto es únicamente por escaleras.
Yo uso silla de ruedas, ¿Cómo hago para acceder al recinto del cuerpo legislativo de la ciudad donde vivo?
La carta orgánica de la ciudad establece en su apartado “Sección Tercera: Políticas Especiales. Capítulo I: Políticas para las Personas; 9. Prevé el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, de comunicación, sociales, educacionales, urbanísticas, de transporte y de cualquier otro tipo, así como la progresiva eliminación de las existentes”. También establece en su Artículo 118 que “Las sesiones son públicas, salvo los casos en que el reglamento disponga lo contrario”, al mismo tiempo que sostiene en el Articulo 29, que es deber de todos los ciudadanos de Carlos Paz “evitar todo tipo de discriminación”.
¿Qué una ciudadana no pueda acceder a una sesión PÚBLICA no es, acaso, un acto de discriminación? Yo entiendo que sí. Yo entiendo, y siento, que soy discriminada por un municipio y un cuerpo legislativo que no cumple con lo establecido en la Carta Orgánica a la que tantas veces se aferran.
Me ha tocado participar, en varias ocasiones, de las reuniones de comisión a la que han sido invitadas organizaciones del tercer sector que trabajan en la inclusión plena de las personas con discapacidad y he leído presupuestos presentados por arquitectos a fines al municipio con la “promesa” y el “compromiso” de la construcción de un ascensor a fin de romper con la barrera arquitectónica que convierte al Concejo de Representantes en un espacio edilicio para pocos.
No solo que el ascensor no se construyó nunca, sino que tampoco se han conocido de manera PÚBLICA las intenciones serias de colocar un ascensor, o mudar el recinto a un espacio accesible para todos y todas.
Como ciudadana y como activista por los derechos de las personas con discapacidad (ese es el termino que ONU establece como correcto, no “personas con capacidades diferentes”, como se menciona en la Carta Orgánica) me encuentro en la obligación de hacer valer mis derechos como tal. Es por esto, que voy a presentar una denuncia por discriminación ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y hacer lo propio frente al Defensor del Pueblo de la ciudad. Entiendo que ya no podemos seguir esperando reuniones donde se habla, se promete, se establecen compromisos que luego no se cumplen, etc. No hay más tiempo. La inclusión plena y la participación ciudadana son un derecho, no un favor.
No poder presenciar una sesión del Concejo de Representantes junto a mis compañerxs, es una violación plena a mis derechos como persona, como ciudadana, como activista.
Espero que la toma de medidas más urgentes y severas, el cuerpo legislativo que dice ser el cuerpo que “representa” a todos los carlospacenses de una pronta y favorable respuesta a lo que ya no es un reclamo, sino una exigencia: quiero, y queremos, un Concejo y una ciudad para todas y todos”.
Nota correspondiente a la edición n° 519 del semanario La Jornada, del 11 de junio de 2018.
