El Tribunal de Cuentas de San Antonio de Arredondo resolvió el jueves pasado por unanimidad no aprobar el balance municipal correspondiente al ejercicio 2016.
Es la primera vez que esto ocurre en la localidad del sur de Punilla lo que, según algunos dirigentes, deja al descubierto las irregulares en el manejo de los fondos públicos por parte de la intendenta Patricia Cicerone.
Tal cual lo establece la Ley Orgánica Municipal 8102, el dictamen fue girado al Concejo Deliberante para su tratamiento.
Cabe recordar que el tribunal de Cuentas está integrado por los radicales Marcelo Colella (presidente) y Paula Romero, y la peronista Silvia Tisera.
Cicerone quiere dar explicaciones
Ante la resolución del Tribunal de Cuentas, la intendenta Patricia Cicerone se ofreció a dar las explicaciones necesarias al Concejo Deliberante.
En un comunicado, Cicerone recordó que es el cuerpo legislativo “quien deberá examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la Administración Municipal” según lo establece la Ley Orgánica Municipal n° 8.102. Y en este sentido, afirmó que el departamento Ejecutivo “está a disposición del Honorable Concejo Deliberante para aclarar todo lo que ese cuerpo requiera en virtud de sus facultades, y de las consideraciones expuestas por el Honorable Tribunal de Cuentas en su dictamen”.
“Si bien el dictamen emitido por el Honorable Tribunal de Cuentas no es vinculante para la resolución del Honorable Concejo Deliberante, este Departamento Ejecutivo, quiere manifestar su voluntad expresa de aclarar al cuerpo legislativo, las observaciones realizadas”, reforzó.
“El ejecutivo es el único responsable del manejo de los fondos públicos”
El comunicado de la intendenta rápidamente encontró respuesta en el bloque de concejales de Unión por Córdoba. Los ediles Gloria Verra, Andrea Salluzzi y Ariel Moyano firmaron un documento donde sostuvieron que, “en un Estado de Derecho la división de poderes implica el ejercicio independiente de cada uno de ellos, debiendo cumplir con las obligaciones establecida por ley, de acuerdo al cargo que cada uno ocupa, y que fueran designados por el mandato popular”.
En este sentido enfatizaron que, “la obligación de la intendenta es enviar toda la documentación para su visación y control al Tribunal de Cuentas de los actos administrativos que comprometan los fondos públicos. Es su obligación que toda información referida debe ser enviada a dicho Tribunal periódicamente”.
“Sostenemos que la transparencia de los actos de gobierno no se declaman a través de un parte de prensa sino que ante el revés político recibido recientemente, a destiempo pretende aclarar ante el Concejo Deliberante lo visado y dictaminado por el Tribunal de cuentas.
Rechazamos categóricamente el concepto técnico legal y político usado en su parte de prensa donde sostiene que “el dictamen emitido por el TC no es vinculante” aunque usa al Concejo Deliberante como excusa por su falta de información y transparencia en sus largos años de gestión, faltando el respeto a los vecinos y a la división de poderes, imprescindibles en el equilibrio institucional.
El Bloque de Unión por Córdoba sostiene que la esencia de la Cuenta General del Ejercicio es un instrumento técnico, con connotaciones sociales, políticas, técnicas-económicas,
Un gobierno de puertas cerradas no puede trasladar al Concejo Deliberante una responsabilidad de tal magnitud, cuando es el Ejecutivo el único responsable del manejo de los fondos públicos, desconociendo al Tribunal de Cuentas cómo el verdadero órgano de contralor, quien en este caso por unanimidad de expidió desfavorable en el dictamen del balance 2016”, concluyeron los concejales peronistas.
Nota correspondiente a la edición n° 477 del semanario La Jornada, del 30 de julio de 2017.
