La fiscal de Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, pidió la elevación a juicio de la causa por el asesinato de Franco Amaya. El joven de 18 años fue asesinado de un balazo a quemarropa el pasado 22 de febrero, en un control vehicular ubicado en la esquina de Alem y Los Gigantes.
Por el hecho hay dos imputados. Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (25) está acusado de homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal. En tanto, José Ezequiel Villagra (22) está imputado de omisión de los deberes de funcionario público.
“Los elementos de prueba son contundentes. Entre ellos, una serie de testimonios los cuales precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las cuáles habría acaecido el hecho”, dijo Gómez a VillaNos Radio.
Y explicó que ahora resta esperar es que el pedido de elevación a juicio quede firme. “Una vez que las partes fueron notificadas, tienen el transcurso de tres días donde pueden oponerse a la elevación de la causa a juicio, ya sea solicitando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal”.
Vale mencionar que Bustos está detenido en la cárcel de Bouwer, mientras que Villagra en libertad. La investigación de la fiscal también dio cuenta que los policías imputados estaban alcoholizados. Según el dosaje realizado, los oficiales presentaban 0,84 y 0,87 de alcohol en sangre.
“Los valores de alcohol en sangre no serían acordes a la función que estaban desempeñando ese día. Estaban a cargo de un control policial y esa es una cuestiones que también se le endilga a Villagra, porque él era responsable de dicho control”, expresó.
Y remarcó: ““Estamos hablando de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que tiene que cumplir determinadas normas internas, sobre todo en lo que tiene que ver con el uso del armas de fuego”.
En la investigación también se realizaron pericias en la motocicleta de Franco, que dieron como resultado que el vehículo no tenía frenos.
Respecto de si se pueden juzgar también responsabilidades superiores en torno a la capacitación que recibieron los policías, Gómez respondió: “En esta instancia procesal, hasta el momento, nosotros hemos circunscripto la investigación a dentro de lo que es determinar los autores del hecho. Con respecto a otras cuestiones, hay que ver qué es lo que surge del curso del debate”.
Vale recordar que el mismo 22 de febrero, familiares, amgx y vecinxs en general se manifestaron ante la Departamental Punilla, reclamando justicia por Franco Amaya. La protesta terminó con 10 personas detenidas, entre las cuales había cuatro menores.
Según los relatos de los detenidos, la policía actuó de civil y aplicando mucha violencia. Incluso todas las detenidas mujeres fueron obligadas a sacarse la ropa.
Tras su liberación, los detenidxs hicieron una presentación ante la Fiscalía 3 solicitando conocer las razones de las imputaciones y que se brinden explicaciones sobre la represión policial que llevó adelante el personal de la Departamental Punilla.
Consultada al respecto, Gómez respondió: “Las órdenes fueron impartidas por esta fiscalía con respecto a la aprehensión de los imputados. Del curso de la investigación surgirá si hay algún tipo de responsabilidad por parte del personal policial que actuó en su momento”.
