El concejal Gustavo Molina (Frente Cívico), presentó un proyecto que persigue como objetivo “declarar en todo el territorio del Municipio de Villa Carlos Paz, la Emergencia Ambiental y Sanitaria por los humos emanados por la quema del basural a cielo abierto de nuestra ciudad, hasta la puesta en marcha del futuro Centro Ambiental (GIRSU)”.

“El Estado Municipal dotará de personal y recursos para realizar un abordaje sanitario de forma gradual a los vecinos más próximos al basural, hacia el resto de la población. El enfoque está puesto en la prevención y la asistencia médica inmediata. El Municipio entregará barbijos y demás elementos que consideren los profesionales de la salud de ser necesarios para la prevención”, se lee en el artículo 2 del proyecto. Asimismo, la iniciativa plantea que, “de confirmarse anomalías en la salud de las personas por el efecto de los humos provenientes del basural de Villa Carlos Paz, el Estado Municipal garantiza de modo gratuito, el tratamiento médico necesario con el seguimiento evolutivo correspondiente”.

En diálogo con VillaNos Radio, el edil sostuvo que es sabido que el problema del basural viene desde hace décadas, pero que en los últimos dos años los incendios recurrentes se han agravado.

“Entendemos que el problema de fondo tardará en resolverse. Tenemos que esperar que funcione el Centro Ambiental, incluso corregir en base a lo que se vaya viendo de su funcionamiento. Los funcionarios dicen que el Centro Ambiental está ejecutado en un 70%, por eso nosotros decimos que hay que declarar la emergencia ambiental hasta la puesta en marcha de ese centro”, expresó.

Recordó, además, que en febrero del año aspado impulsó un proyecto de resolución donde solicitó que se desarrollara un plan de contingencia para abordar los incendios recurrentes. El proyecto nunca fue tratado. Semanas más tarde, ya en marzo, solicitó que el tema sea abordado en el primer Pleno de Gobierno del 2017 y hacia fines de ese mes, se logró la declaración de la emergencia ambiental, en el marco también de los olores nauseabundos que emanaba el lago San Roque en aquel momento.

La diferencia esta vez es que en lugar de ser un proyecto de resolución se trata de una ordenanza. “La ordenanza tiene una fuerza distinta, ya que le ordena al Ejecutivo llevar adelante determinadas acciones. Tiene la fuerza de una ley local”, aclaró.

Pese a la urgencia de la situación, el proyecto pasó a comisión en la sesión del viernes pasado.

 

Nota correspondiente a la edición n° 499 del semanario La Jornada, del 29 de enero de 2017.

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