A través de la ordenanza 6725, promulgada el 22 de junio pasado, el municipio habilitó el Concurso Público de Antecedentes para determinar pases a planta permanente.
Sin embargo, a tres meses de la aprobación, aún no se sabe cuántos son los puestos a cubrir, de qué sector, cómo se validarán las formaciones profesionales y qué plazos maneja el gobierno municipal para las designaciones.
Considerando la falta de información, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron mayor transparencia y solicitaron ser veedores del proceso. “No es un tema menor el pase a planta. Conociendo el nivel de precarización que existe en la municipalidad de Carlos Paz, las y los trabajadores están esperando con ansias que se abran estos concursos”, expresó a VillaNos Radio Julia Giuliani, secretaria de prensa de ATE Córdoba.
Además, advirtió que les resulta alarmante que aún no se hayan definido fechas. “No sabemos qué antecedentes se considerarán. No hay un portal de transparencia donde se conozca el puntaje, más allá del que figura en el estatuto. No hay fechas sobre cuándo va a ser la apertura”, detalló.
Tras solicitar ser veedores en el proceso, dirigentes de ATE fueron recibidos por el concejal Gustavo Molina, representante por la minoría dentro de la Comisión de Evaluación. Allí, los gremialistas expresaron su preocupación ante algunas publicaciones hechas desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) donde afirman que, para tener posibilidades de pasar a planta permanente, deben ser afiliados a ese gremio.
“Eso, por supuesto, es repudiable. Aparte habla de cierta connivencia entre el Ejecutivo y el sindicato. Desde el lugar que me toca en la Comisión Revisora, vamos a garantizar la independencia y la igualdad de condiciones de todos los trabajadores municipales, más allá de que estén afiliados a uno u otro gremio, o directamente si no están afiliados. Esto para que haya igualdad en el acceso a los cargos públicos”, expresó Molina.
Por tal motivo, el edil impulsó un pedido de informes para convocar al director de Recursos Humanos, Roberto Buzurro, a concurrir al recinto legislativo para brindar información sobre el criterio de selección de la representación sindical en la Comisión de Evaluación.
“Queremos saber cuál es la veracidad de las expresiones del sindicato (STM) y si el director de Recursos Humanos tiene conocimiento de eso. Si tiene conocimiento, queremos saber qué medidas piensa llevar adelante, porque nos parece totalmente injusto. Esperamos que aclaren la situación, cosa que generalmente no sucede, ya que cada proyecto que impulsa la oposición, o por lo menos cuatro de sus integrantes, son absolutamente invisibilizados y nunca nos dan la discusión”, señaló Molina, anticipando lo que sucedería en el debate parlamentario.
Y efectivamente, fue lo que ocurrió.
El bloque de Carlos Paz Unido (CPU) sumado al voto de la concejala radical Natalia Lenci rechazaron que se convoque a Buzurro al recinto legislativo.
A la hora de argumentar el rechazo, el jefe de bloque de la bancada oficialista, Sebastián Guruceta, aludió a los artículos de la Carta Orgánica Municipal donde -según dijo- se deja en claro que el único gremio que tiene potestad de representación de los trabajadores municipales en Villa Carlos Paz es el STM.
“El artículo 103 específicamente habla del Régimen del Empleo Municipal donde claramente en el párrafo dos se dice que el Sindicato de Empleados Municipales está facultado para fiscalizar dicho concurso. No habla de representación gremial ni de terceros. Habla expresamente del Sindicato de Empleados Municipales”, dijo y remarcó: “Expresamente los convencionales constituyentes establecieron en diferentes artículos el reconocimiento del STM como único representante de los empleados del municipio”.
“¿Para qué vamos a citar el director de Recursos humanos si el no tiene ninguna designación ni injerencia sobre quiénes son los representantes sindicales que se sientan en la mesa de esta comisión evaluadora?”, se preguntó.
Como respuesta, Molina dijo que CPU hace una interpretación selectiva de los artículos de la Carta Orgánica, en función de su conveniencia. Además, recordó que, con la asunción del servicio de agua, en el municipio está teniendo participación el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS). “¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que resolver cuestiones que tengan que ver con los trabajadores del agua? Tengo entendido que tienen reuniones periódicas con el SIPOS. Ese gremio, ¿está reconocido en el estatuto y en la Carta Orgánica Municipal? Lo que estamos pidiendo es que se tengan en cuenta todos los actores que tienen representación gremial”, argumentó.
En lo concreto, el punto fue rechazado con los votos en contra de CPU y Lenci.
Con presencia de referentes nacionales, ATE reclamó libertad sindical en el municipio de Carlos Paz
El 16 de septiembre se cumplieron 45 años de la voladura de la sede que ATE tenía en el Hospital Colonia de Santa María de Punilla. En el marco de ese aniversario, desde el gremio impulsaron una serie de acciones de homenaje para recordar lo sucedido.
En ese marco, dirigentes provinciales y nacionales estuvieron en Villa Carlos Paz donde, además, aludieron a la situación que atraviesan los trabajadores municipales de nuestra ciudad. En este sentido denunciaron la política de discriminación y persecución que el intendente Daniel Gómez Gesteira, viene perpetrando contra la organización sindical.
“Está claro que representamos a los trabajadores estatales de la nación, la provincia y los municipios. En esa pelea aún siguen sin sus puestos de trabajo ocho compañeros y compañeras despedidos en plena fiestas, con perjuicio de que trata de trabajadores de la salud que durante toda la pandemia estuvieron en la primera línea de combate contra el Covid-19”, comenzó repasando Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.
En este sentido recordó que hay un proceso judicial abierto, aunque subrayó que “los tiempos de la Justicia no son los mismos que los de los trabajadores”. Y afirmó: “Está claro que la justicia de Córdoba no es independiente. Es una justicia rápida para juzgar a los sectores populares y trabajadores; y dubitativa y tardía para juzgar a los sectores poderosos”.
Giuliani recordó que desde el primer momento se pidió diálogo con las autoridades municipales para abordar los reclamos que ya venía planteando el personal de salud; sin embargo, la respuesta de gobierno de Gómez Gesteira fue despedir a los profesionales que venían siendo portavoces de las demandas.
Por su parte, el secretario General de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy comenzó respaldando a los trabajadores municipales y remarcó que “lo que está haciendo el intendente es un acto ilegal”.
“La ley argentina establece la obligatoriedad de las patronales de reconocer el derecho a la libertad sindical, lo dice la Constitución Nacional. Esta ilegalidad genera perjuicios económicos a los trabajadores, a la organización y que además conculca derechos”, afirmó.
Detalló, además, que en 2011 ATE tenía presencia organizada en 800 municipios. Hoy, 10 años, la organización se extendió a 1500 municipios de los 2220 que hay en el país. “Para lograr ese objetivo hemos tropezado muchas veces con esta misma piedra que nos pone por delante el intendente de Villa Carlos Paz. Inclusive en la misma provincia estuvimos 10 año sin que nos reconocieran el derecho a la representación de los estatales provinciales, cuando De la Sota nos quitó ese derecho y después tuvo que devolverlo”.
Godoy consideró que “los funcionarios creen que ahogan a los trabajadores, generan miedo y angustia para obligarlos a retroceder. Pero ATE es una organización nacional y donde nos tocan a uno y nos tocan a todos”.
En este sentido señaló que desde el gremio no descartan emprender acciones gremiales, políticas y judiciales para ponerle un freno a las amenazas.
“Para nosotros es muy importante garantizar el derecho a la libertad y democracia sindical. Les digo que acá está la Asociación Trabajadores del Estado para quienes estén dispuestos a defender su dignidad y los derechos de todas y todos los trabajadores estatales del municipio”, recalcó.
Nota correspondiente a la edición n° 569 del periódico La Jornada, del 29 de septiembre de 2021.
