La defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz presentó dos denuncias contra la Coopi ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) por el cobro de la capitalización a usuarios no asociados y la aplicación de la nueva tarifa. Desde la Coopi consideraron que la acusación mezcla “desinformación, mala fe y discriminación”.
Las denuncias fueron confirmadas el pasado lunes por la mañana durante una conferencia de prensa ofrecida por el ombudsman Daniel Mowszet, quien hizo referencia a “una serie continua de reclamos efectuados por los usuarios y que, tras reiteradas conversaciones mantenidas con representantes de esa institución y pedidos de informes en los que se acercaron esas inquietudes, no pudieron ser resueltos adecuadamente”.
Según detalló, la primera denuncia refiere al cobro del rubro “capitalización”, aplicado por la Coopi a 5686 usuarios no asociados a la misma.
En este sentido, la defensoría “entiende y plantea ante el ente de control que al tratarse de un aporte de capital -y no una tarifa por un servicio prestado-, solo debe ser abonado por quienes integran la Cooperativa, en su calidad de socios. Toda persona que no revista esa calidad no resulta sujeto pasivo de la obligación de pago de la capitalización. En consecuencia, solicita al ERSEP ordene la restitución de los importes indebidamente percibidos y el pago de una indemnización, prevista por la Ley de Defensa del Consumidor”.
Mowszet estuvo acompañado por el defensor Adjunto, Néstor Matheus, y el asesor letrado de la institución, Tomás Rueda.
La segunda denuncia está relacionada con el último aumento tarifario aprobado mediante Ordenanza 6321, de fecha 5 de enero de 2018, por cuanto se condicionó el mismo a que la Coopi expresara un desistimiento de incluir el rubro “capitalización” en la misma boleta correspondiente al cobro del servicio de agua.
La defensoría considera que, “dado que la Coopi nunca efectuó ese desistimiento, no debió ni debe aplicar el nuevo esquema tarifario dispuesto, solicitando, en consecuencia, se ordene la restitución de los importes indebidamente percibidos”.
La respuesta de la Coopi no se hizo esperar. Y fue muy categórica. El abogado Juan Carlos Antonino sostuvo que en la denuncia de Mowszet “hay desinformación, mala fe y discriminación”.
“El primer punto refiere a que la Coopi está cobrando capitalización a los usuarios no asociados. En realidad hay una resolución de 1976 del Inac, actualmente Inaes, el instituto que regula el funcionamiento de las cooperativas, que dice que en caso de prestación de servicios como el de agua a usuarios no asociados, estos deben atenerse a las regulaciones que a esos efectos establezcan las cooperativas. Y en caso de rubros como capitalización, que hace al servicio, los usuarios no asociados deben pagar el equivalente. Sería discriminatorio para el no asociado el cobro una tarifa superior al asociado pero esto no es así.
La denuncia no tiene sustento. Hay argumentos suficientes para sostener nuestra posición”, afirmó.
Además, recordó que este tema “ya ha sido tratado en el Ersep y está judicializado. El defensor del Pueblo no descubrió la pólvora”.
Por otra parte, aclaró que la municipalidad “reconoció expresamente el derecho de la Coopi a cobrar capitalización, pero cuestiona su inclusión en la misma factura. Y ese derecho también ha sido reconocido por el Ersep”.
Por eso, pedir la restitución de los importes por capitalización “es por desinformación y si no, absolutamente mala fe”.
Respecto a la segunda denuncia, Antonino repasó: “la tarifaria se dicta como consecuencia de un proyecto que eleva el ejecutivo, obligado por la Cámara Contencioso Administrativa que hizo lugar a un amparo por mora que había interpuesto la Coopi porque desde 2016 el intendente se negaba a reajustar las tarifas”.
“Pero aprueban la ordenanza con una trampa, ya que incluyen en el artículo 4º como condicionante de la nueva tarifa que no se incluya la capitalización. La municipalidad había interpuesto en la justicia una acción declarativa de certeza para que se determinara si se podía incluir o no el rubro capitalización en la boleta y pidió como cautelar que hasta tanto se resuelva intime a la Coopi para que se abstenga de incluirla. Pero la jueza le dijo no y convalidó el derecho de la Coopi de seguir incluyendo el rubro. Entonces lo ponen en la ordenanza, por lo que ese artículo está violando una manda judicial. Lo hemos denunciado en el expediente e interpusimos un recurso de reconsideración de la ordenanza que se está tramitando en el Concejo de Representantes.
Si lo aceptan, queda sin efecto el artículo 4º, y si no lo vamos a judicializar”, adelantó.
El letrado aseguró, asimismo, que Mowszet tuvo acceso al expediente. “Está pidiendo algo sabiendo que no corresponde”, acusó.
Por último, planteo que existe discriminación por cuanto a la Cooperativa San Roque, que también incluye en la factura el rubro gastos administrativos, no se le hizo ningún cuestionamiento.
“No es el mismo trato. La Cooperativa San Roque aplica este rubro como gastos administrativos que también está contemplado en el artículo 4º de la ordenanza, pero el defensor en este caso no inició ningún tipo de medidas. Por otra parte, esa cooperativa está cobrando agua a los usuarios, que se la da la Coopi, y no la paga”, recriminó.
Nota correspondiente a la edición n° 514 del semanario La Jornada, del 14 de mayo de 2018.
