En la sesión del jueves pasado, la concejala Laura Orce presentó un despacho ‘por minoría’ a través del cual pretendía modificar la reglamentación del Pleno de Gobierno, dejando en claro que las sesiones debían ser públicas. Es decir, de puertas abiertas para todo aquel que quiera asistir, y no cerradas como ocurre actualmente.
Para Orce, impedir el acceso de los vecinos “viola expresamente los principios de publicidad de los actos de gobierno, de transparencia, en donde la responsabilidad de los funcionarios respecto de la cosa pública deviene en un concepto abstracto y vacuo”.
Su proyecto también plantea cuestiones relacionadas al quórum, la estructura de las sesiones, orden de los debates y uso de la palabra, y la necesidad de contar con un acta labrada en las mismas condiciones que las efectuadas en el Concejo de Representantes.
Pero no alcanzó con el respaldo que le dieron Gispert, Molina, Sequeira y Lenci ya que el oficialismo, con argumentos cuanto menos endebles, impuso su mayoría para enviarlo de nuevo a comisión.
“Esto es vergonzoso, es no tener el coraje siquiera de aprobar o no el proyecto. Se está violando la Constitución, se está violando la Carta Orgánica”, remarcó Orce.
Por su parte, la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, se comprometió a tratar exclusivamente este tema en la comisión General el próximo 12 de abril.
Nota correspondiente a la edición n° 458 del semanario La Jornada, del 26 de marzo de 2017.
