La tensa situación en el Hospital Rawson de San Juan incluyó desde personas obstruyendo el paso de la camilla hacia la sala de cirugía, hasta la utilización de aparatología médica por personas ajenas a la institución.
En la tarde del sábado, una mujer acompañó a su hija de 14 años y con retraso madurativo, a realizarse un aborto, ya que se encontraba atravesando un embarazo de diez semanas, producto de una violación.
En estos casos, la interrupción del embarazo está contemplada en el artículo 86 del Código Penal de la Nación, que establece que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
Con el argumento de que la provincia no adhirió al protocolo de Salud de la Nación que contempla estos casos, el médico Federico Bazan y la abogada Paola Miers, integrantes del grupo Provida San Juan, y otros activistas en contra del aborto legal, intentaron impedir la intervención.
Horas más tarde, la pareja denunció al equipo médico que llevó a cabo la interrupción del embarazo, aunque, según informó Página|12, “ellos también serán investigados por haber ingresado al hospital sin autorización, haber usado tecnología de la institución y haber intentado disuadir a la mujer a través de engaños”.
El Ministerio de Salud provincial salió en defensa de los profesionales del hospital, al considerar que actuaron “en cumplimiento de la legislación vigente y con el fin de garantizar el derecho de acceso a la salud pública”.
Como presunto violador, un hombre de 32 años conocido como Marcelo Villalobos fue inmediatamente apresado. Villalobos es el propietario de la finca Médano de Oro, al sur de la provincia, donde trabaja la familia de la menor.
Finalmente, este lunes la provincia adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual, informó Sandra Vega, psicóloga de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de San Juan.
