Por Evelina Ramírez
“Seguimos caminando las calles, seguimos copando el centro de la ciudad lxs pibxs organizadxs bailando, murgueando y sosteniendo luchas. Sepan que acá están gritando las familias de lxs pibxs que cayeron en manos de la represión. Venimos a denunciar, todas y cada una de las veces que sean necesarias, las políticas represivas del Estado”.
Fragmento del documento final de la 15ta. Marcha de la Gorra
La Marcha de la Gorra tiene 15 años en Córdoba. La misma edad que tenía Joaquín Paredes cuando fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba el 25 de octubre de 2020. La marcha tiene más años que David Moreno, asesinado en Córdoba en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, con apenas 13 años.
Desde hace 15 noviembres que las calles céntricas de Córdoba capital se convierten en un espacio de denuncia y de alegría popular. Porque la marcha nació para darle visibilidad a una realidad que los jóvenes de sectores populares padecen a diario en los barrios: las detenciones arbitrarias, los maltratos, el hostigamiento y la estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad. Poder llegar al centro de la ciudad es, para muchos de ellos, imposible y riesgoso. Porque ser morocho y llevar una gorra ya configura el estereotipo de “lo peligroso”.
Pero la marcha también es una reivindicación de esa identidad popular que pretende ser marginalizada, reprimida, ocultada. Tal como sostiene Andrea Bonvillani en su libro “Entre el folklore de la fiesta y lo irreparable de la muerte juvenil”, la Marcha de la Gorra es “expresión de la cultura popular de los jóvenes de Córdoba que en cada noviembre muestran su música, sus bailes, sus formas de comunicarse y de socializar, sus modos de vestir y de peinarse, en fin, su identidad popular con sabor cordobés. El propio nombre de la Marcha viene dado por la demostración provocadora por parte de los jóvenes de un símbolo de la etiqueta social por la cual son identificados como peligrosos y detenidos: sus gorras. ese accesorio condensa múltiples sentidos. Representa la pertenencia a un sector poblacional barrial, a una cultura subalterna y a cierta franja de edad. Muchas veces este único elemento de su vestimenta alcanza para construir y reformar un estigma, aquel que se activa como presunción prejuiciosa para justificar el asedio a la detención policial”.
Fue el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos la organización que aglutinó a otros espacios para impulsar este reclamo colectivo. “En la primera marcha fuimos tres locos que nos organizamos. Nos juntamos en el CEA (Centro de Estudios Avanzados) para reclamar por nuestros derechos. Lo que nos pasaba a nosotros en el barrio también les pasaba a otros pibes en el barrio y nadie hacía ni decía nada”, recordó Jorge “Pini” Castellanos, uno de los primeros integrantes de la agrupación.
La dimensión que fue tomando la movilización permitió darle visibilidad a las detenciones arbitrarias que habilitaba el Código de Faltas que a fines de 2015 pasó a ser Código de Convivencia, aunque no cambió el fondo de la cuestión.
“No importa cuánto le laven la cara a la yuta con cambios de cúpula. No importan las reformas de los códigos legales y protocolos ¡En Córdoba siguen persiguiendo y deteniendo por portación de rostro! Los cambios contravencionales han significado una mayor judicialización de lxs pibxs. Los mismos que en sus propios barrios viven el amedrentamiento, el verdugueo, y las amenazas de los uniformados”, denunciaron en el documento final.
“Hoy en día seguimos con la Marcha de la Gorra porque esto no terminó todavía. Seguimos luchando porque ahora también están desapareciendo a los pibes. Y nadie da una respuesta. No hay nadie que investigue y parece que no tenés derecho ni a preguntar qué le pasó”, relató Pini Castellanos en su intervención frente a la marcha.
¿Cuántos crímenes cometió la policía en estos 15 años?
En su largo caminar de 15 años, la Marcha de la Gorra ha contenido a otras organizaciones como la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil integrada, mayormente, por las madres de víctimas de gatillo fácil. Año a año se suman más familias que -con sus carteles y banderas- reclaman justicia.
Tal es el caso de Isabel torres, mamá de Darío “Dibu” Torres, fue encontrado asesinado el 24 agosto de 2019 en el Parque de la Vida (en Córdoba capital) y la familia apunta a la responsabilidad policial por el hostigamiento que recibía el joven: “Han pasado dos años y tres meses de su asesinato y todavía la causa está bajo secreto de sumario”, dijo.
Cafú es integrante de la organización Los Caruchines que trabaja en Cerro Norte (barrio Argüello de Córdoba) y amigo de David Moreno, asesinado durante la represión desatada durante el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. “Marchamos porque tenemos un amigo que lo mató la policía con 12 años en el 2001. Este es el único momento en que los jóvenes podemos salir al centro y tomar las calles y decir que nos escuchen. Hay mucha represión policial, hay pibes torturados en las calles”, expresó.
Terriblemente, año a año, se suman más rostros en una lista que parece interminable. “El gatillo fácil, los asesinatos en lugares de encierro, y los femicidios de uniforme son políticas de Estado. Se suman las amenazas y la persecución que sufren las familias de las personas asesinadas por uniformados, que luchan contra un Poder Judicial cómplice, capitalista y patriarcal, que garantiza la impunidad”, se lee en otro fragmento del documento final.
Las organizaciones estudiantiles también participaron de esta decimoquinta marcha. “Marchamos porque creemos importante que como estudiantes y jóvenes nos movilizamos contra la violencia institucional”, dijo Simón Bilbao, presidente del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano. A lo que Candelaria Laveada de la Federación de Estudiantes Secundarios añadió: “Venimos a denunciar la impunidad con la que se maneja la policía en Córdoba y en Argentina. Entendemos que es una problemática que nos convoca y nos interpela”.
A diferencia de otros años, la marcha terminó con una intervención que simbolizó un enorme altar con flores, velas, plantas y las imágenes de las víctimas de gatillo fácil. “Ante tanta política de muerte, proponemos políticas de afecto. Nuestra lucha es por la vida y la libertad”, resumieron desde el Colectivo de Jóvenes.
Nota correspondiente a la edición n° 571 del periódico La Jornada, del 30 de noviembre de 2021.
