En la sesión del jueves pasado, el Concejo de Representantes rechazó un proyecto de resolución a través del cual se pretendía interpelar al Asesor Letrado, Juan Esteban Villa, y al Procurador del Tesoro, Darío Alfredo Pérez, por fallos judiciales adversos al municipio.
La iniciativa había sido impulsada por la edila radical Natalia Lenci, y sólo consiguió el apoyo de los otros dos concejales de la oposición: Laura Orce (Unión para el Desarrollo) y Marcelo Cuevas (PRO). El bloque oficialista votó en contra.
“Carlos Paz Unido negó la posibilidad de poder interpelar y conocer las estrategias del área de la Asesoría Letrada, blindando de esta forma a los funcionarios que tienen la función expresa de defender el patrimonio de la municipalidad, asesorar jurídicamente al departamento Ejecutivo y ejercer el control de legalidad en el Municipio”, acusó Lenci.
Por su parte, el presidente del cuerpo legislativo, Walter Gispert explicó las razones del rechazo a la interpelación. “Es una cuestión política. Si quieren saber algo presentan una nota y se la responden. En el caso de los juicios se hizo lo que se tenía que hacer. A veces la justicia falla a favor y otras en contra”, aseguró.
Fallos controvertidos
No satisfecha por la respuesta del oficialismo, Lenci apuntó que, “el accionar de la Asesoría Letrada en el contexto de las funciones detalladas hoy tiene como resultado gran cantidad de fallos controvertidos en contra del municipio los cuales generan costos al Estado en altos pagos de honorarios que cobrarán los antes mencionados asesores letrados y la posibilidad que los damnificados demanden al municipio por los daños y perjuicios que generó dicho accionar”.
“Nos llama poderosamente la atención lo manifestado por la jueza que reitera en los distintos fallos contrarios al Estado que el accionar del municipio es abusivo, ilegítimo y arbitrario”, remarcó.
La idea de la interpelación era que los funcionarios den “cuenta y razón” sobre los siguientes fallos: “Graffi, Edmundo y otros c/ Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz” – Amparo; “Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa de Carlos Paz Ltda. c/ Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz” – Amparo.
El primero se refiere al conflicto por el acueducto a TierrAlta, y el segundo tiene que ver con la decisión del municipio de excluir a la Coopi de una licitación pública.
“La justicia calificó el accionar del municipio de ‘ilegítimo, irrazonable y arbitrario’ en el caso de TierrAlta y ante el amparo de la Cooperativa Integral la justicia lo calificó por vía de la restricción, abusiva, ilegítima o arbitraria, que conlleva el agravio de igualdad ante la ley”, advirtió Lenci.
Nota correspondiente a la edición n° 399 del semanario La Jornada, del 10 de enero de 2015.
