Fuente: Somos Télam
Legisladores porteños denunciaron este viernes el desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis que estudiaban documentos elaborados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura; rechazaron los despidos integrantes de esos grupos y remarcaron que su vaciamiento y entrega a las instituciones castrenses de esos materiales representa “un peligro muy grande para esclarecer los juicios de lesa humanidad que siguen abiertos”.
“Queremos denunciar el accionar del Gobierno nacional y del ministro de Defensa (Luis Petri) en el desmantelamiento de un área muy sensible para seguir avanzando con los juicios por delitos de lesa humanidad. Rechazamos los despidos que se suman a los miles que se produjero en el Estado en un contexto en el cual el oficialismo pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, afirmó la legisladora Victoria Montenegro en el marco de una conferencia de prensa desde la legislatura porteña.
La conferencia inició a las 9:30 y fue convocada también por los legisladores Alejandrina Barry, Celeste Fierro y Gabriel Solano por el FIT -Unidad, y Victoria Freire de Unión por la Patria.
También estuvieron presentes el abogado Pablo Llonto, el fiscal Pablo Parenti, el exsecretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla Corti, trabajadores despedidos del organismo, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, CELS, Memoria Abierta, ATE del Ministerio de Defensa, CTA Autónoma, UTE, Sipreba y Metrodelegados, entre otros.
En ese marco, Montenegro aseguró que el Presidente Jaiver Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel tienen la “intención política de reescribir la historia argentina“ y que “tristemente los protagonistas de esta conferencia son los trabajadores que fueron despedidos”.
“No eran ñoquis del Estado. Son personas y cuadros técnicos que trabajaron muchísimo para acercar a la justicia las pruebas suficientes en los juicios por los crímenes de lesa humanidad”, afirmó Montenegro.
Desde su creación en 2010, los Equipos de Relevamiento y Análisis han analizado más de 17.000 legajos y producido más de 170 informes que han sido claves en el esclarecimiento y condena de distintos juicios de lesa humanidad.
Sus trabajadores se encargaban de analizar fuentes documentales de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico militar con el objetivo de entender las lógicas represivas durante el terrorismo de Estado.
Además, el anuncio del cierre fue comunicado por el director nacional de Derechos Humanos del ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes, quien hace pocas semanas visitó a los militares y policías condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
“El Gobierno había amenazado con un indulto. Vio que no podía en este país donde el 24 de marzo demostramos miles y miles que no vamos a dar un paso atrás, entonces intenta de esta manera avanzar hacia la impunidad”, remarcó Barry y añadió que el análisis de documentos fue “un material fundamental” en la búsqueda de justicia por la desaparición de sus padres y sus tíos.
“Pude reconstruir parte de mi historia por los aportes de los sobrevivientes y porque durante muchos años peleé por la apertura de los archivos y logré que me los dieran. Esto demuestra que tienen los archivos, pero no quieren difundir esa información porque serían pruebas contundentes para condenarlos”, afirmó Barry en declaraciones a Somos Télam.
En la conferencia de prensa, el abogado Pablo Llonto detalló que distintas presentaciones judiciales van a presentarse en todo el país para dar marcha atrás con esta medida.
La primera de ellas fue realizada el pasado miércoles a través de una acción de amparo y pedido de medida cautelar que realizó el letrado junto a la abogada Mariana Maurer ante el juzgado de Daniel Rafecas.
“Las causas tramitan en la inmensa mayoría de los juzgados de instrucción de todo el país y tenemos la obligación como abogados y abogadas de dar pelea en cada jurisdicción”, remarcó Llonto.
El abogado aseguró que “hay un objetivo de intentar obstaculizar de todas las maneras posibles el avance de trabajos de décadas en la búsqueda de memoria, verdad y justicia y del juicio y castigo para los culpables”.
“Tenemos claro que cuando hace cuarenta y pico de años pedíamos información al ministerio de defensa y a las Fuerzas Armadas sobre legajos o archivos, la respuestas no venían o venían mayoritariamente mal. Detrás de estas medidas, está la intención de seguir ocultando para beneficiar a los genocidas para lograr la impunidad que los genocidas”, advirtió.
La integrante del equipo de análisis documental, Angélica Enz, tomó la palabra como parte de los diez trabajadores despedidos del organismo y aseguró que “es una clara manifestación que el área desaparece”.
“Nuestra tarea era responder a los requerimientos de la justicia vinculados por delitos de lesa humanidad fundamentalmente en el periodo de 1976 a 1983. Muchos de ellos tiene más de diez años de antigüedad en la tarea y han desarrollado un nivel de conocimiento técnico muy específico”, aseguró Enz.
También explicó que el trabajo con los documentos permitían entender “cómo funcionaba el aparato represivo” gracias al cruce de información y recordó que el estado nacional “tiene un compromiso a nivel internacional y con resoluciones que todavía siguen vigentes”.
“Los requerimientos van a ser respondidos directamente por las mismas fuerzas. Es un hecho gravísimo y un peligro muy grave no solo por un posible conflicto de intereses sino porque no tienen el conocimiento incluso aunque haya predisposición”, subrayó.
Y añadió que las investigaciones que se siguen llevando adelante “van a estar comprometidas ya que hay información que no se va a poder aportar” en las más de 30 causas que continúan abiertas.
Durante la conferencia también se leyó el documento elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abuelas de Plaza de Mayo, e H.I.J.O.S. Capital titulado “Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos” donde se expresó el rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas.
“Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”; indicaron en el texto.
Además, sostuvieron que “mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia”.
“¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”, dijeron los organismos en el comunicado.
Aseguraron asimismo que seguirán “exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos”.
