Por Evelina Ramírez
Qué incómodo le resulta al poder político local acusar recibo de lo que está pasando con los bomberos de Villa Carlos Paz. Y la incomodidad nace, claramente, de lo implicado que está en las acusaciones el intendente Esteban Avilés y su entorno más cercano (en especial, su hermano Diego y el director de la Secretaría Privada, Prensa y Protocolo y hombre de su confianza, Hernán Anders, ambos imputados por el delito de defraudación por administración fraudulenta).
A esto hay que sumarle también que el propio intendente está denunciado por encubrimiento agravado, porque habría hecho uso de su poder político para poner personas de su confianza en la nueva Comisión Directiva y de esta manera, desactivar los mecanismos de control e impedir que se investigue qué sucedió con los fondos que deberían haberse utilizado para atender las demandas y necesidades del Cuerpo Activo.
Esta incomodidad quedó manifiesta en el Concejo de Representantes cuando los ediles tuvieron que resolver qué hacer con la nota que familiares y amigos de los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos dirigieron a los ediles para solicitarles que “resguarden la integridad personal de nuestros bomberos como también la seguridad y protección de nuestros vecinos”, según se lee en la misiva. La nota pasó a directamente a Asesoría Letrada del Ejecutivo, sin tratamiento en Comisión.
La incomodidad volvió a evidenciarse este jueves, a partir de un pedido de informes elaborado por la concejala Natalia Lenci y acompañado por el bloque del Frente Cívico en el que se le pide al Ejecutivo que informe si Anders está imputado en la causa bomberos y si hay funcionarios municipales en la nueva Comisión Directiva de Bomberos; y al Tribunal de Cuentas, en tanto, se le solicita que detalle la rendición de los subsidios municipales que han recibido los bomberos, desde 2011 a la fecha.
El argumento que utiliza el avilescismo para no tratar el tema es que “está politizado”. Así repiten una y otra vez los concejales que responden directamente al intendente.
“Hay un tema interno conflictivo entre la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo. No sólo pasa en Carlos Paz sino en la mayoría de los cuarteles, siempre en base a una mala relación interna institucional. Eso desencadenó una denuncia y después se politizó, como todas las cosas donde está mi apellido. Este es un conflicto que parecía chiquitito, se mete la política, se mete la justicia y ahora hay que esperar las resoluciones de la Justicia”, dijo el intendente Avilés en el programa Forum.
Plano judicial
La acusación que plantearon judicialmente desde el Cuerpo Activo de Bomberos, no es menor. Hablamos de dinero que recibe el cuartel en concepto de subsidios (municipales, provinciales y nacionales), bonos contribución, negocio de matafuegos e inspecciones que habrían sido utilizados por la Comisión Directiva para otra finalidad que nada tiene que ver con la tarea diaria del cuerpo activo. La defraudación sería millonaria.
La denuncia fue presentada el 29 de diciembre del año pasado y recayó en la Fiscalía N°2, a cargo de Ricardo Mazzuchi. La acusación era por el delito está tipificado como “defraudación por administración fraudulenta” y estaba dirigida hacia la Comisión Directiva en funciones.
En febrero de este año se dieron los primeros allanamientos, tanto en la sede del cuartel como en la vivienda de algunos de los acusados. A fines de agosto, el fiscal decidió imputar a cincos exdirectivos por “defraudación por administración fraudulenta”: Diego Avilés, hermano del intendente, el actual director de la secretaría Privada, Prensa y protocolo del municipio y expresidente de los bomberos, Hernán Anders, el también expresidente Alberto Lorenzatti, la exsecretaria Nélida “Cheli” Gómez, y la extesorera Cecilia Rodríguez.
En ese marco, el Cuerpo Activo decidió hace una ampliación de denuncia por encubrimiento agravado, dirigida tanto hacia el intendente Avilés como hacia el actual presidente de la Comisión Directiva, Marcelo Zornada, quien asumió esa función en la escandalosa asamblea de renovación de autoridades que se realizó 18 de agosto.
En el plano judicial la fiscalía sigue trabajando en el tema. Se está analizando el material secuestrado en los allanamientos, realizando un peritaje contable de la documentación aportada. Por otra parte, también se ha requerido la impugnación de la asamblea de renovación de autoridades en la Dirección de Inspecciones Jurídicas. El trámite ingresó hace 15 días y aun no hay una resolución sobre ese pedido.
Tropezar dos veces con la misma piedra
En la sesión del jueves pasado, el tema bomberos volvió al recinto legislativo. Y decimos “volvió” porque en enero de 2014 la entonces concejala radical Mirtha Rossi presentó un pedido de informes a través del cual le solicitaba al Ejecutivo envíe las rendiciones de los subsidios otorgados por la municipalidad en los últimos tres años al Cuerpo de Bomberos Voluntarios; y que le solicite a la Asociación de Bomberos Voluntarios copia del acta de constitución de los miembros de la Comisión Directiva.
El bloque de Carlos Paz Unido rechazó el pedido por considerar que tenía “intencionalidad política”. Prácticamente los mismos argumentos utilizó ahora el núcleo duro avilescista para justificar el rechazo a la nueva solicitud.
El proyecto inicial de Lenci pedía el apartamiento del director de la Secretaría Privada, Prensa y Protocolo, Hernán Anders, “teniendo en cuenta que el referido funcionario administra los recursos de prensa como así también de los eventos que realiza el Municipio de Villa Carlos Paz” y agregaba que el apartamiento debe extenderse “mientras dure la instrucción de la causa”.
Con la intención de lograr mayores acuerdos y conseguir los votos para su aprobación, la concejala radical modificó su proyecto a partir del trabajo realizado en comisión legislativa. De esta manera, quedó redactado de la siguiente manera: el artículo 1 simplemente le pedía al Ejecutivo que informe y confirme si Anders está imputado. El artículo 2 solicita información sobre si “fueron designados funcionarios municipales en la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz”. Y el artículo 3, en tanto, le pide al Tribunal de Cuentas que informe sobre que informe “los montos y las rendiciones de cuentas de los subsidios y de los aportes que a través de la cuenta específica contribución apoyo bomberos el municipio le ha realizado en los periodos 2011 hasta la fecha”.
“Hicimos los cambios teniendo en cuenta el trabajo que se hizo en la Comisión. Allí se marcó que la persona se encuentra solamente imputada y que debe regir el principio de inocencia. Por eso solamente le pedimos al Ejecutivo que informe si hay un funcionario que se encuentre imputado”, justificó Lenci.
Los cambios en el proyecto lograron el consenso del bloque del Frente Cívico, quien respaldó el pedido de información. “Entendemos que la información que estamos pidiendo es válida y de muy fácil resolución. Este Cuerpo le ha dado dignidad a la democracia sancionando una ordenanza de acceso a la información pública. En ese marco, las preguntas que reflejan este pedido de informes tienen mucha sencillez”, dijo en la banca el concejal Gustavo Molina.
Al justificar su negativa, el oficialista Hugo Bustos afirmó que el pedido de informes tiene “contenido político partidario”. Sostuvo que no está en contra de que se brinde la información sino que “no se está yendo por los canales adecuados”. En esa línea, consideró que sobre la imputación de Anders, es la fiscalía la que debe informar; y sobre la presencia de funcionarios en la Comisión Directiva de Bomberos, es la propia comisión la que debe decirlo.
En tanto, sobre los subsidios dijo que “la justicia ya ha actuado”. “Los subsidios y balances están en manos de la justicia. Entendemos que no podemos entorpecer el funcionamiento de lo que ya se está hablando”, dijo y concluyó que, “no es procedente aprobar este pedido de informes”.
Similares argumentos esgrimió la edila avilescista Mirtha Alessio, quien fue la encargada de traer al presente el pedido de informes de la concejala Rossi. “La respuesta que dimos en ese momento fue la misma que estamos dando ahora: que se dirijan al cuerpo pertinente”.
Chicana mediante hacia los ediles del Frente Cívico –primero le pidió a la presidenta del Concejo que aclare quién era el autor/a del proyecto; después le criticó a Gispert su elección de lugar en la banca dentro del recinto (¿?) – Alessio acusó: “Si la respuesta que estamos dando en la misma, no sé por qué ahora, para una parte del Cuerpo, esto cambió”.
La alusión directa hizo que el concejal Walter Gispert pidiera la palabra. “Hay memoria refractaria. Evidentemente el ser humano se acuerda de lo que quiere –comenzó diciendo-. La concejala Rossi pedía en aquel momento, además de la rendición de los subsidios, los nombres de los integrantes de la Comisión Directiva. Ahora acá estamos preguntando si un funcionario público está imputado y se le pregunta al responsable del nombramiento de ese funcionario. El intendente debe saber, seguramente, si alguno de sus funcionarios tiene alguna cuestión jurídica pendiente”.
Por su parte, la concejala Laura Orce (UPC) habló desde su experiencia como abogada y refutó la idea de que desde fiscalía se informe si Anders está imputado. “Si uno va a Tribunales a pedir la información, no te la van dar. No es que uno tiene libertad de acceder a esa información. Porque está en estado de sumario o hay un proceso penal que hay que resguardar, por varios principios procesales y constitucionales. Si alguno de los concejales vamos a pedir esa información, no la vamos a tener”, reiteró.
Quien también hizo uso de la palabra durante el debate parlamentario fue Omar Ruiz, que propuso que el proyecto se vote en general y artículo por artículo. Sostuvo que en el debate en comisión se opuso al apartamiento de un funcionario por estar solo imputado y se declaró “defensor del principio de inocencia”.
“La Carta Orgánica y las leyes son muy claras. El apartamiento solo puede ser a partir de la elevación de la causa a juicio o procesamiento. Pero por una simple imputación no se le puede pedir a un funcionario que sea apartado”, justificó.
Argumentó que no acompañaría con su voto los artículos 1 y 2 “porque preguntan cosas que ya sabemos y no quiero hacer política con esto”. “Sabemos que Hernán Anders está imputado. Además, la concejala Lenci en su primer proyecto cuando plantea el tema del apartamiento, lo afirma. El artículo segundo se pregunta si hay personas del municipio que integran la Comisión Directiva. Eso también se sabe. Y lo planteó Lenci también cuando habló de las incompatibilidades del cargo, que es otro debate que tendremos en su momento.
“No quiero preguntar las cosas que ya sé, sino lo que no sé. Lo que no se preguntó en el 2014 y que podría haber ayudado a que las finanzas, los números y los recursos que dicen hoy que faltan en bomberos, podrían haber estado. O no. No sé. Pero la función de la política es prevenir, anticiparse”.
En este sentido, sostuvo que, “no se puede ni politizar la justicia ni judicializar la política”. “La incapacidad de la política para ponerse de acuerdo con los actores sociales y políticos de la ciudad termina en Tribunales, judicializado. Y no es buena ni una cosa ni la otra. La política se tiene que ocupar de la política, y la justicia de los temas que se llevan a la justicia”, dijo.
Y añadió: “Esto va más allá de un tema partidario. Es un tema de responsabilidad nuestra. Yo no me voy a negar a pedir información al Tribunal de Cuentas que para eso está”.
Finalmente, el proyecto se votó en general y por artículo. En la votación general solo se opuso el concejal del PRO, Marcelo Cuevas. Los artículos 1 y 2 fueron rechazados (solo acompañaron los concejales del FC, Lenci y Orce) y el artículo 3 fue votado por unanimidad.
De esta manera y pese a las resistencias del avilescimo, se arroja un poco más de luz al manejo de los fondos de bomberos.
Nota correspondiente a la edición n° 434 del semanario La Jornada, del 18 de setiembre de 2016.
