La figura del locador de servicios, en cuestión

Por Evelina Ramírez

El reclamo de los trabajadores del hospital municipal Gumersindo Sayago puso en escena una discusión que, por lo menos, no estaba en la agenda política ni muchos menos mediática. Y tiene que ver con la precarización laboral que habilita la figura del locador de servicio.

En la sesión del pasado jueves 19 de mayo, el Concejo de Representantes aprobó por mayoría (sólo contó con los votos del bloque de Carlos Paz Unido) una ordenanza que habilita a los profesionales de la salud a que después de estar cinco años como locadores de servicios, tengan la opción de pasar a un contrato administrativo.

La ordenanza está restringida sólo a los trabajadores de la salud. No se extiende a la totalidad de los trabajadores municipales. Incluso, el pase a contrato administrativo (que tiene una duración de seis meses) no implica el reconocimiento de la antigüedad. Así está establecido en el artículo 2 de la flamante ordenanza: “La fecha de inicio se considera al sólo efecto de cambio de modalidad contractual, no generando derechos previsionales ni remunerativos por el concepto antigüedad. La antigüedad efectiva para el profesional comenzará a regir desde la vigencia del contrato administrativo generador de aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba”.

La figura del locador de servicio está contemplada en la Carta Orgánica Municipal, en el último párrafo del artículo 103.

Ahí, expresamente se indica que, “queda prohibida cualquier contratación laboral fuera de este régimen (personal permanente, personal contratado, personal transitorio y de gabinete), excepto los profesionales quienes a su solicitud podrán ser contratados por medio de locaciones de servicios”.

Los trabajadores que están como locadores de servicio no reciben un salario y no tienen relación de dependencia formal con la municipalidad. Son monotributistas: facturan por los servicios prestados. No hay aguinaldo ni vacaciones pagas. En el plano teórico, esto tiene lógica porque una locación tiene que ver con una tarea puntual. Se contrata a alguien por una tarea. El tema es cuando esa locación se extiende a lo largo de los años y genera una instancia de subordinación. Y por ende, una relación de dependencia.

De esta manera, se desnaturaliza la figura y se da lugar a instancias de precarización. Y hablamos de precarización porque los derechos del trabajador están siendo vulnerados. Según datos oficiales (que figuran en la web de la municipalidad), el total de trabajadores en la municipalidad era de 1185 en enero pasado, de los cuales 246 corresponden a locaciones de servicio. En la actualidad, 111 de esos trabajadores corresponden al área de Salud.

 

Breve repaso histórico

Si bien en los últimos años el Estado nacional logró reducir las cifras de desempleo, esto no significó la eliminación de formas de precarización laboral. El artículo 9 de la ley 25.164 de regulación de empleo público nacional establece que el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente “la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente”.

A esto se suma que en el año 2006, y vía decreto 214/2006, el Poder Ejecutivo Nacional, estableció en su artículo 156 que el personal no permanente de las jurisdicciones y entidades descentralizadas “no superará un porcentaje de hasta el 15% del Personal Permanente en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164”.

Este marco legal sirvió para que el Estado nacional no sólo utilizara estas formas de precarización y flexibilización laboral para incorporar trabajadores al sector público, sino que además su porcentaje aumentó durante estos últimos años. Según el informe elaborado por Ana Rameri, Agustina Haimovich y Alejandro Ventura bajo la dirección de Horacio Fernández (2015), entre 2002 y 2014 la cantidad de trabajadores en la Administración Pública Nacional registró un alza del 56,4% (148.312 ocupados), mientras que el porcentaje de contratados alcanzó en ese período un crecimiento del 325,1%, pasando de representar el 6,3% del total de ocupados en 2002 a un 17,1% en 2014.

Pero la continuidad de estas prácticas de precarización no es patrimonio del Estado nacional ni de los gobiernos provinciales. El municipio carlospacense también fue apelando a lo largo de esos años a cubrir la demanda de trabajadores públicos apelando a estas formas de flexibilización laboral. De este modo, las figuras de los becados y locadores de servicios se consolidaron como un importante sector de la planta de trabajadores municipales.

De hecho, al momento de discutirse la nueva ordenanza en el Concejo de Representantes, el bloque de Carlos Paz Unido reconoció que tanto los becarios como las locaciones de servicio comenzaron a utilizarse como modalidad de contratación en el año 2001, cuando el país atravesaba uno de los momentos políticos, económicos y sociales más crítico.

“Desde el año 2001, esta figura viene a establecerse como una herramienta de emergencia por la situación económica en la que se encontraba el país. Esto implicaba distintas modalidades de ‘precarización laboral’, como las becas Corazón de Mi País que las sacó el gobernador De la Sota, y otras modalidades como los contratos que estaban equitativos con los sueldos de un trabajador de planta permanente, y en ese momento se tomó la decisión de sacar lo que es refrigerio y puntualidad. A partir de ahí, nace esta figura de la locación de servicios”, recordó la concejala Soledad Zacarías.

Todos los ediles reconocieron que la situación económica del 2001 no es la misma que la de ahora. Y, en este sentido, desde el oficialismo señalaron como “avances” lo límites de duración que se le pusieron a las becas de capacitación (1 años y cuatro meses, sancionado esto en el año 2012) y los pase a planta permanente (102 empleados a comienzos de 2015).

Como abogada, la concejala Laura Orce (Unión para el Desarrollo) explicó las diferencias entre una locación de servicio y un contrato laboral. La primera diferencia que marcó es que una locación de servicio “es un contrato de índole civil, no laboral”. Y detalló: “Una locación tiene que ver con una prestación determinada, que se genera en un tiempo específico. No hay jornada ni subordinación. Un contrato laboral tiene otras características: remuneración, prestación de un servicio y la subordinación”.

Sostuvo que dicha forma de vínculo laboral es usada tanto por el sector privado como por el Estado a nivel municipal, provincial y nacional. “¿Eso está bien? –se preguntó Orce- No. No está bien. Porque eso es precarización laboral. Una locación de servicio implica vulnerar y atropellar todos los derechos laborales, con la finalidad de eludir todas las cargas económicas que tiene que ver con la seguridad, los beneficios sociales y los aportes que todo empleado tiene que tener”, expresó.

Del oficialismo, quien planteó una mirada al menos reflexiva fue el concejal Omar Ruiz, quien reparó en que la figura del locador de servicio está contemplada en el artículo 103 de la Carta Orgánica. Sostuvo que la Convencional Constituyente de 2007 ya había puesto un límite a la precarización al no incluir a las becas como modalidad laboral. No obstante, reconoció que de darse una eventual reforma de la Carta Orgánica, el tema podría volver a discutirse. “La locación de servicio no es lo ideal. Con el tiempo y probablemente si en algún momento se sostienen las condiciones económicas y sociales, el municipio pueda avanzar y se de una reforma de la Carta Orgánica, el municipio debería volver a discutir esto”, dijo.

 

Experiencias

Nancy León es licenciada en Trabajo Social. Hace 14 años que trabaja en el Área de Desarrollo Social de la municipalidad. Durante 13 años se desempeñó bajo la modalidad de locación de servicio y hace un año pertenece a la planta permanente. Cuando consiguió el pase a planta, no le reconocieron sus años de antigüedad.

“A ninguno de los locadores se le reconoció la antigüedad. Esto se lo planteamos al sindicato y no nos dieron ninguna respuesta. Nos dijeron que hay que ver, que hay que esperar”, expresó León y añadió que esto le ha significado una reducción en sus ingresos. Y graficó diciendo que si siguiera como locadora de servicio, recibiría unos 11 mil pesos mensuales por su tarea; pero que ahora, bajo la modalidad en la que se encuentra, percibe 7.500 pesos.

“La diferencia es mucha y notable. Por supuesto que reconozco los otros beneficios: vacaciones, obra social. Pero en términos  económicos ha sido una merma muy importante”, dijo.

Indicó que la precariedad laboral no implica solo la vigencia de estas relaciones laborables endebles, sino que también tiene que ver con infraestructura y material necesario para desempeñar la tarea. “Hablamos también de condiciones laborales que no son dignas y donde no se respeta al empleado. Que no tengamos un baño en condiciones, que no tengas calefacción o aire acondicionado, que no haya la higiene básica. Eso también es precarización y esto sucede en algunas dependencias municipales. Uno lo pide, lo reclama la respuesta es ‘sí, lo  vamos a hacer’. Pasa el tiempo y nada cambia”, denunció y remarcó: “El área social siempre es una de las más postergadas”.

Paula Carmignani es médica pediatra en el hospital Gumersindo Sayago. En julio cumplirá 9 años como locadora de servicios. “Eso ya no es que estamos prestando un servicio, sino que somos empleados encubiertos”, expresó. Sostuvo que la ordenanza aprobada hace 10 días por el Concejo no los deja conformes para nada, puesto que los profesionales de la salud solicitaban que sea menos tiempo el que estén como locadores de servicio para poder pasar a contrato administrativo.

Recordó que en el año 2008 se permitió un pase a contrato de aquellos profesionales que tenían una antigüedad como locadores de dos años. Y que esa misma cantidad de años buscaban que se considere para esta ordenanza. “En ese momento fue por única vez; ahora queríamos que eso quede determinado por ordenanza. Durante años presentamos notas pidiendo el pase a contrato. La situación solo se movilizó cuando hubo asambleas”, dijo.

Remarcó que la locación de servicio se entiende, siempre y cuando se aplique para una tarea puntual y no se extienda en el tiempo. “Lo locación se usa para contrataciones en periodos cortos. Por ejemplo, cuando se contratan médicos por temporada para hacer algún refuerzo. Pero cuando nos hacen trabajar por años bajo esta modalidad, ya tiene otro sentido. Nosotros llegamos, marcamos dedo, cumplimos horario. Eso corresponde más a tener una relación de dependencia”, expresó.

E insistió: “Eso no es legal. Por más que ellos aducen que está contemplado en la Carta Orgánica. Pero está contemplado para periodos cortos o situaciones puntuales”.

En varias oportunidades (declaraciones a la prensa y en sesiones legislativas), los funcionarios y concejales del oficialismo afirmaron que muchos de los profesionales de la salud prefieren esta modalidad de contratación puesto que trabajan en otros nosocomios. Consultada al respecto, la doctora afirmó que los profesionales que prefieren la locación son los que están trabajando en algún hospital provincial o no tienen pretensiones de quedarse mucho tiempo en el Sayago.

“Lo hacen porque no tiene sentido que le hagan los descuentos en los dos trabajos. La mayoría es gente que está terminando una especialización y no quiere quedarse haciendo guardia”, describió.

No obstante, remarcó que, “la mayoría quiere el contrato”.

Y detalló: “La mayoría quiere el contrato, porque tenés el beneficio de todo trabajo en blanco. Vos te enfermás y podés no ir a trabajar. En cambio ahora (como locador), si uno se enferma, tiene que andar justificando. Si tenés una enfermedad prolongada, directamente te quedás sin trabajo. No te cubren enfermedad. Las vacaciones son muy limitadas. No cobramos aguinaldo. No tenemos ni obra social ni jubilación. Por eso, la mayoría quiere el contrato”.

Ariadna Silva es licenciada en Psicología. Durante cuatro años trabajó en el área de Desarrollo Social y Educación. “Primero trabajé como becaria y después de nueve meses, pasé a una locación de servicio con contratos cada seis meses”, relató.

La última dependencia donde le tocó trabajar fue en la Casa de la Mujer, como parte del equipo de violencia familiar. En abril de este año le informaron que no se le renovaría su contrato, sin explicarles las razones de la desvinculación. “Mi contrato se terminó el 30 de marzo. Yo continué trabajando normalmente y la primera semana de abril llegó una notificación a mi domicilio, informando que el contrato que se había vencido el 30 de marzo, la municipalidad decidía no renovarlo.

“Desde mis jefes directos, mi directora (Isabel Schoj) y mi secretario (Sebastián Guruceta), no tuve explicaciones. Según lo que me dijeron, ellos desconocían esta decisión. Por lo que pude hablar con el doctor (Juan) Villa, fue una reducción de personal planificada, guiada por una cuestión económica, para reducir costos”, relató.

Y añadió: “Cómo eligieron a qué trabajador le renovaban el contrato o no, realmente lo desconozco. Según el doctor Villa, eso lo definían en cada área”.

Sostuvo que en sus cuatro años de trabajo, nunca hubo un reclamo sobre su forma de emprender la tarea diaria. “Es más –agregó- el doctor Villa me dejó claro que mi baja no tenía que ver con mal desempeño. Que no había ninguna queja, ningún señalamiento ni de las personas que van a buscar ayuda, ni de mis colegas, ni de mis superiores”.

La profesional remarcó que en áreas tan sensibles como la que trabaja con víctimas de violencia de género, resulta fundamental la continuidad en el abordaje. “Es difícil pensar que el municipio tiene voluntad política de afrontar esta problemática, si en medio de episodios de femicidio, el municipio despide profesionales que están abocados a ese tema. Es contradictorio”, afirmó.

Y añadió: “Hay una Casa de la Mujer, pero no hay un equipo de profesionales conformado para abordar de manera interdisciplinaria esta problemática”.

Otro trabajador consultado (que pidió reserva de su identidad) ingresó a la municipalidad en el año 2012. Pasó por distintas área. Actualmente se encuentra en el corralón municipal. Él está con contrato administrativo desde el comienzo. Dijo que en los últimos tiempos los contratos que se firman son por tres meses (antes eran por seis).

Sostuvo que a fines de marzo, hubo unos 300 trabajadores  a los cuales no se les renovó el contrato. Algunos de ellos fueron reincorporados, pero la situación es muy complicada. “El trabajo en la municipalidad es lo más precario que existe”, dijo.

Como estos relatos, hay muchos más. Pero también hay mucho temor. El temor básico de perder el trabajo. Este mecanismo de presión no es exclusivo de este gobierno. Históricamente la municipalidad ha sido utilizada como una bolsa de trabajo manejada con fines partidarios. “Trabajás en la campaña, trabajás en la municipalidad”, parece ser el equivalente. Pero a veces, ni siquiera eso garantiza la continuidad en el empleo.

Y aquí nos interesa poner la mirada en otro aspecto. La municipalidad, como Estado, tiene la obligación de garantizar derechos. Y para eso, requiere de personas que lleven adelante la tarea. Parece que el sentido público de esa labor se ha perdido completamente. Porque implica un empleado calificado, para dar respuesta allí, donde el vecino más lo necesita.

 

“Los profesionales no somos intercambiables”

La continuidad y las condiciones laborales dignas para un trabajador de la administración pública no sólo tienen que ver con sus derechos laborales; sino, sobre todo, con los derechos que el Estado debe garantizarle a la población.

Porque está claro que un Estado no responde de manera adecuada si no logra que sus trabajadores desarrollen una cualificación en las tareas. Y eso no se puede lograr si permanentemente se está cambiando de trabajador, atendiendo a los “compromisos políticos” que tiene el gobierno de turno.

“Se ha perdido gente muy valiosa en el hospital por no darle condiciones dignas de trabajo. Eso va en desmedro de la atención del hospital”, afirmó la doctora Carmignani.

Sostuvo, además, que en el caso de la salud, una de las consecuencias de no darles continuidad a los profesionales en sus puestos de trabajo es que la gente acude más a la guardia en lugar de poder hacer las consultas en los dispensarios.

“Cuando uno, desde la guardia, los manda a control en el dispensario, la misma gente te dice ‘no, me cambiaron el pediatra’ o ‘ahora no hay nadie’. Entonces, no tienen continuidad. Esto hace que la gente concurra más a la guardia del hospital, porque no tienen médico de cabecera. De esta manera, la guardia se satura.

“Justamente ahora, con el tema de los casos de afecciones respiratorias, sobre todo en niños, está totalmente saturada la guardia. Esto sucede porque no hay una buena atención primaria que contenga  a la gente. En la guardia estamos atendiendo consultas que se podrían abordar en los dispensarios”, dijo.

En la última faceta de su trabajo, Ariadna Silva se desempeñó como psicóloga en el área de Violencia Familiar de la Casa de la Mujer. “Fue un equipo que se armó en 2014. Antes no había un equipo que se especializara en la problemática. Era un equipo interdisciplinario. Después de un año, hubo un recambio de personal”, relató.

Silva coincidió en que en estas áreas tan sensibles, también resulta fundamental que se mantengan a los mismos profesionales que vienen abordando casos de violencia. “Cuando se producen estos quiebres, también se producen quiebres en los procesos internos que uno viene acompañando de las mujeres. Creo que un área tan sensible como lo es Desarrollo Social, debería contemplar estas situaciones, porque estamos hablando de problemáticas muy complicadas que requieren de una continuidad en el seguimiento, tanto en el tiempo como en el profesional.

“Cuando uno trabaja con una persona y estás abordando una problemática tan personal, delicada, compleja y dolorosa, los profesionales no somos intercambiables. No es lo mismo que un día te atienda yo y al día siguiente vengas y te diga ‘esa psicóloga no está más; ahora te atenderá otra’. Uno tiene una historia con esa paciente, con esa persona”.

 

Altamirano: “Es un tema que merece ser analizado en mayor profundidad”

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales también se expresaron sobre la vigencia de la figura del locador de servicio como modalidad de contratación. Su secretario general, José Altamirano, afirmó que se trata “de una figura más”.

“En el 2001, con la crisis económica, se empezó a aplicar esta figura laboral. Y esto se dio no sólo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Se usan estas figuras para abaratar costos laborales. La continuidad de esto ha generado una gran pelota que hoy se ha hecho inmanejable.

“De por sí, esto es inmanejable. Hay que fijarse nomás a nivel provincial que las becas de los trabajadores siguen existiendo. Por ende, también sigue vigente la figura del locador. Al estar en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Córdoba, puedo decir que muchos municipios y comunas de la provincia siguen utilizando estas figuras. Y de manera más abusiva, porque ni siquiera tienen tope”, expresó.

Altamirano ponderó que se haya puesto un tope a las becas (de un 1 año y cuatro meses) y valoró positivamente la sanción de la ordenanza que posibilitara el pase a contrato administrativo por seis meses, a los trabajadores de la salud con cinco años como locadores de servicio.

“Se puso cinco años como tope para los locadores de servicio, pero es un tema que merece ser analizado en mayor profundidad. Por lo pronto, es un comienzo. Como gremio, lo vemos positivo porque es un comienzo. Vemos que el Ejecutivo municipal tiene la intención de ir corrigiendo estos temas. En otras ciudades, ni se toca este tema”, reiteró.

 

Nota correspondiente a la edición n° 418 del semanario La Jornada, del 29 de mayo de 2015.