Que una de las principales características de la gestión del intendente Esteban Avilés es la discrecionalidad no es ninguna novedad. Y que esta actitud cruza a todas las áreas de gobierno, tampoco.
Una discrecionalidad que se hermana con la discriminación y que va desde el manejo de la política de comunicación, con el reparto de la pauta oficial para alimentar a los medios ‘afines’ y castigar a los que consideran ‘opositores’, hasta cuestiones que tienen que ver con la ejecución de obras públicas.
Sobre este último tema, y ya con la temporada lanzada, hay ejemplos muy claros.
El 20 de octubre pasado, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, firmó la resolución 015/B/2017 que obliga a “suspender los cortes de calzada y zanjeo de veredas por obras de servicios públicos y las alcanzadas por ordenanza 5.500 aunque cuenten con previa autorización, desde el jueves 21 de diciembre hasta el lunes 19 de febrero de 2018 inclusive”. El artículo 2 prevé que “las obras de emergencias o reparación no programadas serán informadas a este municipio para su consideración y podrán ser autorizadas por vía de excepción”.
Una decisión a todas luces de sentido común, teniendo en cuenta que el tránsito vehicular se incrementa durante la temporada estival. En ese contexto, la dirección de Seguridad había planteado que, “no resulta pertinente o aconsejable otorgar autorización de cortes de calzada para la realización de obras de servicios públicos, salvo casos excepcionales y/o emergencias verificables”.
Cumplido el plazo, al menos dos de las obras que están en ejecución están en abierta infracción. Por un lado, la obra de cloacas que se lleva a cabo sobre calle Miguel Cané (donde se levanta un tradicional complejo turístico), que este viernes seguía cerrada al tránsito, como desde hace varias semanas. La empresa responsable en este caso es Quattro Pilares.
Por otro, la sistematización de la avenida Cárcano donde los trabajos obligan a reducir la calzada entre calle Brasil y el barrio Centro de Inquilinos.
Como contrapartida aparece la construcción del ramal San Martín para el servicio de agua, que llevó adelante la Cooperativa Integral, bajo exhaustivos controles de parte del municipio. Un día antes del plazo límite, los trabajos de la primera etapa finalizaron.
La pregunta es, entonces, ¿las empresas que han incumplido serán sancionadas?
¿O la resolución de la secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental se aplicará solo en determinados casos?
