El informe preliminar de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Franco Amaya determinó que el joven carlospacense fue asesinado ‘a quemarropa’, desde muy corta distancia, y que el proyectil que terminó con su vida partió de un arma policial reglamentaria.
Así lo confirmó Carlos Nayi, abogado de la familia del joven baleado durante un control policial en la madrugada del miércoles 22 de febrero.
Franco murió por “hemorragia intratoráxica” a consecuencia del disparo que le atravesó el cuerpo de manera “lineal, de izquierda a derecha y prácticamente de frente”.
“Todavía no tenemos la distancia exacta. Eso lo develará el informe definitivo. La querella a través de la evidencia colectada ya tiene información de que fue a una distancia no superior a 30 centímetros, pero eso lo tiene que decir oficialmente la policía judicial”, aclaró Nayi.
Asimismo ratificó que el disparo partió “del arma 9mm reglamentaria”, y que “el autor fue la persona que hoy está detenida imputada de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego operativo y ser agente de una fuerza policial”.
La referencia es hacia el policía Rodrigo Velardo Bustos, quien está detenido en la cárcel de Bouwer.
“Si se confirma la evidencia estamos hablando de una persona que obró sobre seguro, sin riesgo personal. Prácticamente lo asesinó a quemarropa, esto es alevosía, le hizo sentir la muerte”, aseguró.
Cabe recordar que el compañero de Bustos en el control, José Ezequiel Villagra, está acusado de ‘incumplimiento en los deberes de funcionario público’, aunque permanece en libertad.
El crimen de Franco Amaya es investigado por la fiscal Jorgelina Gómez.
Familiares exigen “cadena perpetua” para los dos policías involucrados en el crimen
Familiares y amigos de Franco Amaya, el joven asesinado por un policía durante un control vehicular, volvieron a reclamar justicia el lunes pasado por la tarde en el reloj Cu-Cú. Y exigieron la “pena máxima” para los dos policías involucrados en el crimen.
“Queremos que los dos policías estén presos, no uno solo. Se lo merecen. Los dos estaban esa noche, impidiendo que mi sobrino pudiera subirse a un auto, un taxi, nada… Lo dejaron morir. Queremos la pena máxima, que los dos sean condenados a cadena perpetua”, expresaron a los medios presentes Brenda y Belén Cortez y Samanta Amaya, tías y prima de Franco.
Cabe recordar que por el crimen está detenido en la cárcel de Bouwer e imputado de ‘homicidio calificado’ el policía Rodrigo Velardo Bustos. En tanto, su compañero en el control, José Ezequiel Villagra está acusado de ‘incumplimiento en los deberes de funcionario público’, aunque permanece en libertad.
Por otra parte, los familiares aseguraron que, “no tuvimos respuesta de ninguna autoridad”.
“Nadie da la cara, nadie se hace cargo”, denunciaron.
Jóvenes reprimidos exigieron a la fiscal explicaciones sobre sus detenciones y el accionar policial
Familiares de los jóvenes detenidos en la manifestación del 22 de febrero pasado para reclamar justicia por Franco Amaya, hicieron el miércoles pasado una presentación ante la Fiscalía N°3, a cargo de Jorgelina Gómez. La intención es conocer las razones de las imputaciones que pesan sobre los jóvenes y que se brinden explicaciones sobre la represión policial que llevó adelante el personal de la Departamental Punilla.
La presentación se realizó pasadas las 10:30 en la sede de la Fiscalía N°3 (Lisandro de la Torre 278), frente a una importante presencia policial en las inmediaciones.
Los jóvenes estuvieron acompañados por organizaciones sociales que vienen denunciando el abuso policial en nuestra zona, como la Delegación Punilla Sur de la Fundación María Elba Martínez, y la legisladora del Frente de Izquierda, Liliana Olivero.
El pedido apunta a que la fiscal brinde precisiones sobre la detención, represión y el proceder irregular del personal de la departamental Punilla con los diez detenidos, entre los que se encontraban cuatro menores de edad. Las imputaciones se conocieron a través de comunicaciones informales de los oficiales con los detenidos en el interior de la comisaría, pero no hay resolución en papel que las confirme.
“Hubo detenidos, golpeados, intervención de médicos y liberados. Hay una intervención del poder policial en todo esto. Solicitamos se proceda con la investigación penal, porque van a tener que dar explicaciones por esto. Queremos saber quién dio la orden”, demandó Julio César Martínez, el abogado que representa a los familiares de los detenidos. “¿Qué intervención tuvo la fiscal en todo esto? Queremos que los cite a indagatoria a los fines que se conozca la imputación y podamos ejercer el derecho a la defensa. Si hay una investigación en curso que nos explique de qué se trata”, enfatizó en diálogo con VillaNos Radio 100.7.
La pregunta que queda latente es quién dio la orden de reprimir y detener. “La orden de detención provino de la fiscalía”, indicó el secretario de Seguridad de la provincia Diego Hak, en diálogo con Radio Universidad. Sin embargo, esta información no fue confirmada por Gómez.
Martínez explicó que el fusilamiento por parte de la policía de Franco Amaya desencadenó la preocupación de un grupo de familiares y amigos que concentraron frente a la comisaría y definió el accionar de la policía como “una cacería”.
“Allí debería haberse constituido la fiscal, porque representa el interés público a los fines de explicar y escuchar la opinión de las familias sobre el accionar policial”, argumentó. “Hubo detenciones irregulares, se produjo un apagón e intervino personal policial de civil que no se identificó y llevó a la gente a los golpes adentro de la policía. Las adolescentes, algunas menores, fueron desvestidas y tratadas con violencia de género”, recalcó.
Nicolás, uno de los detenidos, relató la experiencia de esa noche: “El miércoles participamos de la protesta para pedir explicación por lo que ocurrió con Franco Amaya. En un momento se dio un apagón total y nos rodearon uniformados de civil. Nos metieron adentro y nos pegaron”. “Estaba como militante político de Nuevo Encuentro, no lo conocía a Franco. Fuimos reducidos por personal de civil que no se identificó en ningún momento. Obstruyeron nuestros derechos”, denunció.
También, expresó que durante la presentación en la fiscalía “estábamos rodeados por la policía” y hubo oficiales que lo reconocieron en Cuesta Blanca el fin de semana y “me amedrentaron con la mirada”.
Dahiana es una de las jóvenes que fue reprimida por la policía. Luego de la presentación realizó una denuncia muy grave: “Nos hicieron una requisa, nos metieron a un baño y nos sacaron la vestimenta. Eran muy agresivos y nos pasaron por toda la comisaría”.
Su relato da cuenta del accionar violento de los oficiales que participaron en las detenciones. “Hubo un apagón de luz. Empezaron todos a correr porque sabíamos que nos iban a atacar. A mí me agarran de las piernas, eran tres oficiales levantándome de los pelos y forzándome a entrar. Nos trataron mal, estaban todos nerviosos”, manifestó.
“Nadie me reconocía que había entrado sin zapatillas. Los dos policías masculinos me golpearon. Las mujeres todas pasamos por la misma requisa menores y mayores, todas”, remarcó.
A su vez, recordó por qué decidió participar de la marcha: “Hicimos la manifestación para que ellos cambien y no cambian. Fuimos porque nos quitaron a un alma de esta tierra, sin tener ninguna explicación”.
Además, advirtió que luego de la detención quedó atemorizada por el accionar de la represión policial: “la policía nos ve siempre a nosotros, tenemos miedo de que algún día nos metan algo, porque están embroncados”.
La problemática del abuso policial de la provincia de Córdoba no es nueva ni hay casos aislados en nuestra ciudad. Las denuncias por el trato estigmatizante, discriminador y represivo de la policía hacia los jóvenes de barrios populares de Villa Carlos Paz han sido relevadas por la Delegación Punilla Sur de la Fundación María Elba Martínez desde el año 2013.
“Nosotros hace tres años que venimos trabajando y denunciando el abuso policial sobre los jóvenes. Lo que pasó con Franco no es un hecho aislado corresponde a una política de Estado. Tenemos relevados datos de muchísimos jóvenes que han sufrido abusos policiales”, explicó Rafaela Zurbriggen, integrante de la Fundación.
“Decidimos apoyar a la familia y acompañar a los detenidos. Fue un proceso irregular y las detenciones fueron arbitrarias. No se siguió el protocolo como corresponde. Queremos que la fiscal explique por qué fueron detenidas estas personas, en qué condiciones y qué se les imputa”, agregó.
El trabajo desde la Fundación incluyó instancias de denuncia de los abusos policiales al ejecutivo municipal, el Concejo de Representantes y la Defensoría del Pueblo. “Hicimos presentaciones y nunca obtuvimos ni una respuesta. Presentamos notas con testimonios, nos citaron una vez para exponer nuestra problemática en el Concejo, pero nunca nos dieron un posicionamiento con respecto al tema”, reclamó.
“Es urgente replantearse la cuestión de la seguridad y si más policía en la calle significa más seguridad. Es hora de que se escuchen otras voces sobre este tema”, concluyó.
Nota correspondiente a la edición n° 455 del semanario La Jornada, del 05 de marzo de 2017.
