El denunciante cuestionó con dureza la decisión de los cuatro integrantes de Carlos Paz Unido que declararon inadmisible el planteo contra el defensor del Pueblo. Sostuvo que se evitó discutir el fondo de las acusaciones y acusó al oficialismo de “blindar” políticamente a Curvino.
Santiago Juliá cuestionó con dureza la decisión de la Sala Acusadora del Concejo de Representantes que, con los cuatro votos de Carlos Paz Unido, declaró inadmisible el pedido de juicio político contra el defensor del Pueblo, Víctor Curvino.
“Si ni siquiera el oficialismo que lo protege lo defiende en público, ¿qué temen tanto?”, planteó el denunciante luego de que Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch votaran por cerrar el procedimiento, mientras Pía Felpeto y Daniel Ribetti se pronunciaron por su admisibilidad.
Juliá cuestionó particularmente que el expediente haya quedado clausurado en la instancia inicial, sin avanzar hacia un proceso en el que pudiera discutirse en profundidad la documentación incorporada y producirse un descargo del defensor.
“No se discutió la prueba. No se escuchó el descargo. Se decidió, de antemano, que no había nada que discutir”, sostuvo.
“El estándar cambia, pero el resultado es siempre el mismo”
El excandidato a defensor del Pueblo también rechazó el principal argumento utilizado por el oficialismo para considerar inadmisible la denuncia: que las expresiones públicas de Curvino se encontraban alcanzadas por el derecho a la libertad de expresión y no configuraban un incumplimiento suficientemente grave como para activar un juicio político.
Para Juliá, el cuestionamiento nunca estuvo dirigido al derecho de Curvino a expresar opiniones, sino a determinar si esas intervenciones resultan compatibles con la imparcialidad que, a su entender, exige la función que desempeña.
“Nadie discute que Curvino tenga derecho a opinar. Lo que está en discusión es si un funcionario de rango constitucional, con dedicación exclusiva y un sueldo equiparado al del intendente, puede ejercer ese derecho atacando de forma selectiva y sostenida en el tiempo solo a la oposición al gobierno municipal”, afirmó.
Su denuncia había incorporado una serie de publicaciones realizadas durante casi tres años con las que buscó demostrar que no existió un episodio aislado, sino una conducta reiterada de intervención en disputas políticas.
“Ocho publicaciones en tres años, siempre contra los mismos nombres, nunca contra el poder que debería controlar, no es libertad de expresión: es funcionalidad política”, afirmó Juliá.
Críticas a los cuatro concejales de Carlos Paz Unido
El dirigente dirigió también sus cuestionamientos directamente hacia los integrantes oficialistas de la Sala Acusadora.
Según sostuvo, Villalobos, Merlino, Bocchetti y Bosch no justificaron por qué los hechos expuestos en su presentación carecían de la gravedad institucional necesaria para permitir que el procedimiento continuara.
Juliá interpretó la votación como una decisión política destinada a proteger a Curvino y planteó que esa postura tiene un costo para el propio oficialismo.
“La única explicación disponible es que protegerlo les resultó más conveniente que sostener la legitimidad del organismo”, afirmó.
En ese punto recordó además que el Gobierno municipal no participó de la asunción de Curvino, pese a que ahora sus representantes en la Sala Acusadora fueron quienes impidieron que el juicio político avanzara.
A partir de esa contradicción construyó uno de los cuestionamientos centrales de su respuesta: consideró que Curvino carece de respaldo político público incluso entre quienes garantizaron con sus votos la inadmisibilidad de la denuncia.
Una discusión que Juliá lleva más allá de Curvino
La respuesta del denunciante también buscó desplazar el eje desde la figura puntual del defensor hacia el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control.
Juliá rechazó el argumento de que el juicio político deba quedar reservado únicamente para situaciones de excepcional gravedad y sostuvo que esa interpretación puede terminar convirtiendo en inocuas las herramientas previstas para controlar la conducta de los funcionarios.
“Lo que no puede naturalizarse es que la dirigencia se crea indemne a esos límites, y que las herramientas de control que el propio ordenamiento nos da queden reservadas para el ‘uso excepcional’”, señaló.
En su planteo, la cuestión de fondo es determinar cuáles son los límites institucionales que acompañan a un cargo como el de defensor del Pueblo y qué mecanismos existen para hacerlos efectivos.
La Sala Acusadora resolvió el miércoles, por cuatro votos contra dos, no admitir la denuncia. La decisión cerró así el expediente antes de que pudiera pasar a la Sala Juzgadora y volvió a reproducir la misma relación de fuerzas entre oficialismo y oposición que ya había resultado determinante en anteriores pedidos contra Curvino.
