La municipalidad de Villa Carlos Paz, liderada por el intendente Esteban Avilés, sigue sumando acciones realmente inexplicables si no se leen en un contexto de mezquino aprovechamiento político.
A la decisión de prohibir el ingreso al Centro Ambiental de los camiones que extraen las cianobacterias del San Roque, conspirando contra las acciones para limpiar el lago en la previa de Semana Santa, se sumó la de intentar evitar que el predio sea utilizado para disponer el lodo deshidratado que se genera en la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en Costa Azul.
En el primer caso, la provincia acudió a la justicia y logró un fallo que obligó al municipio a reabrir el Centro Ambiental para este fin, como se hace desde hace años.
En el segundo caso, la prestataria del servicio de cloacas, la COOPI, labró un acta con escribano dejando asentada la prohibición del ingreso de los barros que produce la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y, después de unas horas, las autoridades locales, a través de la secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental, a cargo de Carla Livelli, ‘recapacitaron’ y volvieron a permitir la deposición.
El hecho puntual ocurrió el pasado 11 de marzo.
Según consta en la nota enviada por la COOPI al intendente Esteban Avilés, el encargado del Centro Ambiental había argumentado que no se podían ingresar los barros ‘no por motivos técnicos sino por razones políticas’.
Aunque no fue posible mantener una reunión con Livelli ‘por razones de su agenda’, una vez que se constató con acta notarial el impedimento, desde el municipio comunicaron que ‘se había habilitado la disposición de los lodos en el Centro Ambiental’.
Vale recordar que, desde el inicio de la prestación, y por decisión del municipio, ‘el único lugar que la COOPI tiene como área de disposición final de los barros generados por el proceso de depuración es el Centro Ambiental’.
Por ello esta decisión intempestiva de prohibir el ingreso de los camiones sorprendió por el nivel de irresponsabilidad.
Y en este sentido, se le advirtió a Avilés por las ‘graves consecuencias que suponen esos hechos para la contaminación ambiental en general y el lago San Roque en particular’.
‘Le requerimos disponga los medios conducentes para impedir decisiones arbitrarias de funcionarios y empleados del municipio, haciéndole presente cuál es la situación y posibles consecuencias a la que han podido someter a la planta, a su proceso de tratamiento y a la disposición final en el lago de los líquidos tratados al haber obstruido el ingreso al Centro Ambiental y la consecuente acumulación de barros en la EDAR Costa Azul’, expresó la COOPI en mensaje directo al intendente.
Se precisó, para dimensionar la magnitud del problema, que diariamente se acumulan en promedio ocho contenedores de 5000 kg cada uno y que, ‘si no son dispuestos en el lugar definido por el propio municipio, llevarían a producir un colapso ambiental en la planta de Costa Azul’.
Copia de la nota fue enviada por la COOPI al ministerio de Servicios Públicos de Córdoba, a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), a la dirección de Policía Ambiental y a la Autoridad de Cuenca del lago San Roque, ‘deslindando toda responsabilidad que pudiera ser imputada y que tuvieran como causa la decisión tomada tal como notificamos o que se pudieran tomar a futuro’.
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