Por Evelina Ramírez
El miércoles 10 de mayo de 2017 quedará en la historia. Ese día, el pueblo argentino dio un mensaje claro de que no queremos impunidad para los responsables del terrorismo de Estado perpetrado en la última dictadura cívico-militar.
“Que la Corte no libere lo que el pueblo ha condenado” y “no al 2×1 a genocidas”, fueron las principales consignas. Se trató de una expresión contundente de la defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Una verdadera multitud se movilizó en las calles de Córdoba capital, en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley del 2×1.
Participaron distintas organizaciones políticas, sociales, ambientales, estudiantiles, académicas. Una importante columna del movimiento obrero también se hizo presente y marchó tras la bandera que decía “La memoria florece en cada lucha”.
La movilización partió de la plazoleta Agustín Tosco y finalizó en el edificio de Tribunales Federales I, el lugar donde el 25 de agosto del año pasado se leyó la sentencia de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera.
Allí, frente a una multitud, Sonia Torres leyó con emoción un documento donde detalló los argumentos jurídicos por los cuales el fallo de la corte es “nulo de nulidad absoluta”. También dijo que la “reconciliación” que pide la iglesia es imposible cuando los genocidas no hay dicho cuál fue el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas que se robaron.
“Estamos ante un nuevo golpe del Estado a los derechos humanos. Queremos decirles a los jueces de nuestro país y a los demás funcionarios del Estado y de la iglesia que han pretendido o pretenden borrar nuestra historia, bastardear nuestra lucha, perseguir a los luchadores populares, hambrear al pueblo, dividir a nuestra población y confundir a nuestra sociedad, que quienes fuimos contemporáneos de aquel país amordazado, vendado, prohibido y saqueado por la dictaduramás cruenta quehemos vivido, aún estamos presentes. Hemos envejecido, es cierto. Pero aún nos quedan fuerzas para continuar levantando nuestras banderas de Memoria, Verdad y Justicia”, resaltó Torres.
Entre las personas que marchaban en medio de la multitud estaba el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Diego Tatián, quien tomando las expresiones de múltiples juristas que salieron a objetar el fallo de la Corte, señaló que la sentencia es “insostenible desde todo punto de vista”.
“El fallo adolece de defectos formales insalvables que lo hacen nulo de toda nulidad”, expresó. No obstante recalcó que “lo preocupante es el fondo político que motivó un fallo de este tipo”.
“Indudablemente hay una preparación cultural, mediática y política para que un fallo como este sea producido. Lo bueno de todo esto es que ha fortalecido el campo popular de una manera contundente, porque la reacción ha sido de prácticamente todos los sectores. Esto deja una marca importantísima para nuevos intentos de desandar el camino de Memoria, Verdad y Justicia”, expresó.
Bajo la bandera del movimiento “Justicia Legítima”, marchó el fiscal Carlos Gonella, quien calificó a la movilización como “un hermoso ejemplo de la vida en democracia”.
En términos jurídicos, dijo que el fallo significa un enorme retroceso a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Que la máxima instancia jurisdiccional del país haya dictado un fallo en un contexto de claro retroceso, se choca con la gente que con una presencia masiva y contundente le da una claro mensaje de madurez democrática. Como magistrados estamos acompañando esto, porque formamos parte de este proceso.
En cuanto al fallo detalló que “no aborda principios muy importantes contemplados en las convenciones internacionales”.
“La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados parte no pueden adoptar medidas que impliquen resignar la investigación y sanción efectiva de los responsables de graves crímenes de lesa humanidad. La Corte no ha abordado desde esta perspectiva, con un análisis completo. Por eso adolece de graves fallas, que han sido marcadas por varios juristas. Incluso las Naciones Unidas ya ha emitido comunicado pidiendo que se revea esta decisión”, detalló.
Precisamente ese fue uno de los argumentos que tuvo el Tribunal Oral Federal Nº I de Córdoba para rechazar el pedido del represor Arnaldo “Chubi” López, ex agente de Inteligencia durante la última dictadura, quien solicitó el beneficio del 2×1.
El Tribunal se basó también en la permanencia del delito y en la consideración tanto de estándares nacionales como de tratados internacionales para no hacer lugar al reclamo. Vale recordar que López fue condenado a cadena perpetua por ser culpable de 281 crímenes y partícipe de 353 secuestros.
Restan por tratarse en la provincia diez planteos similares que se activaron después del beneficio que otorgó el máximo cuerpo judicial del país. En esa línea, Gonella valoró que el Congreso haya sancionado casi por unanimidad (sólo votó en contra en la Cámara de diputados el representante de Salta, Alfredo Olmedo) una ley que limita la aplicación de la ley del 2×1 a genocidas.
“Es un gesto de madurez democrática”, dijo y reiteró: “Los tratados internacionales a los que hemos adscripto dicen expresamente que están prohibidos los indultos y las amnistías por este tipo de delitos, porque ser crímenes aberrantes contra la humanidad”.
La Jornada y VillaNos Radio repudiaron el fallo de la Corte.
Porque queremos un país con justicia, repudiamos el fallo de la Corte que favorece a genocidas
Los integrantes de VillaNos Radio, la emisora de la Cooperativa Integral y miembro del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), junto al semanario La Jornada queremos expresar nuestro más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó la ley 24.390, popularmente conocida como 2×1, a un genocida de la última dictadura cívico-militar.
Creemos que este fallo significa un indulto encubierto y otorga un manto de impunidad a quienes formaron parte de un plan sistemático de eliminación de personas parainstalar a sangre y fuego de un modelo de exclusión económico, social, político y cultural.
La desaparición forzada de personas y la supresión de identidad de menores (robo de bebés) son delitos permanentes; el delito se sigue cometiendo hasta que no aparezca la persona desaparecida o hasta que el menor recupere su identidad.
En menos de 24 horas de conocido el fallo, cuatro represores pidieron gozar del mismo beneficio. Y cerca de 300 genocidas estarían en condiciones de pedir su excarcelación.
Con el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad, Argentina se ha convertido en la última década en un paradigma mundial en la lucha por los derechos humanos. Fue la justicia civil argentina la que sentó en el banquillo de los acusados a los máximos responsables del genocidio. El Estado juzgándose a sí mismo.
El último fallo de la Corte es un abierto retroceso que no avalamos en absoluto. Además, significa un golpe al corazón de la democracia y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
No hay reconciliación posible cuando el pacto de silencio sigue vigente. Cuando ni los genocidas ni sus cómplices civiles aún no hay dicho que pasó con los desaparecidos ni donde están los 300 nietos y nietas que aún seguimos buscando.
Nuestra historia fue trágica. No podemos banalizarla, negarla, esconderla.
Sabemos que la conquista de derechos, debe defenderse permanentemente.
Por eso, al discurso negacionista, le planteamos Memoria.
A la mentira, Verdad.
A la impunidad, Justicia.
La Coopi también marchó contra el 2×1 a represores
Desde hace años que la Cooperativa Integral participa cada 24 de marzo de las marchas convocadas en Córdoba por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Siendo coherentes con esa postura política, el cuerpo social de la institución decidió movilizarse este 10 de mayo para expresar su rechazo al fallo de la Corte.
“Ir detrás de las Madres y Abuelas es ir en defensa propia”, expresó José Ipolito, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Coopi.
La decisión de participación se tomó en una asamblea, donde también se compartieron audiovisuales que sirvieron de disparadores de la reflexión para entender qué está en juego con este fallo. Además planteó la necesidad de tener en cuenta que el Terrorismo de Estado se perpetró para instalar un modelo económico, político, social y cultural que excluye a las mayorías. En esa línea se recordó que fue el colectivo de trabajadores uno de los más golpeados por la represión durante la dictadura.
El Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Córdoba (SIPOS) también marchara en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y compartiendo las consignan “ningún genocida libre” y “que la corte no libere lo que el pueblo ha condenado”.
Nota correspondiente a la edición n° 465 del semanario La Jornada, del 14 de mayo de 2017.
