Carlos Nayi, el abogado que representa a la familia de Franco Amaya, sostuvo que el joven fue asesinado “a quemarropa”. Además, explicó que hay una “cadena de irregularidades que terminó cobrándose una víctima que tiene nombre y apellido”. El día del asesinato de Franco “es de luto para Carlos Paz y la sociedad toda”, dijo a VillaNos Radio 100.7.
Nayi, se reunió durante la mañana del jueves con la fiscal a cargo de la investigación, Jorgelina Gómez. Posteriormente, afirmó que tanto Franco como su primo Agustín “iban desarmados y no habían evadido ningún control policial”.
“El disparo parte del arma de fuego reglamentaria del agente Bustos, que tiene una antigüedad de 6 meses en la fuerza. La trayectoria de la bala va de izquierda a derecha y de frente, lo que excluye la posibilidad de hablar de una actitud evasiva. Disparó a menos de 30 centímetros, prácticamente cuerpo a cuerpo. Lo asesinó a quemarropa”, precisó.
Para el letrado, lo que siguió a ese momento fue una situación “ilegal e inhumana”. “Sumamente grave es lo que ocurrió con posterioridad. En el momento inmediato la actitud de los policías fue abandónica, contraria a la ley. No se desplegaron las actividades necesarias para salvar una vida y preservarla”, manifestó.
“Los uniformados, el detenido y el oficial ayudante que estaba a cargo de ese control, lejos de auxiliarlo lo fotografiaron con su celular impidiendo que su primo o cualquier otro transeúnte lo ayudara”, señaló.
Por esta causa, la fiscal decidió imputar al oficial ayudante por “omisión de los deberes de funcionario público”. “La policía no actuó como corresponde”, enfatizó.
Apuntó, además, que el control vehicular estaba instalado “de manera irregular. No había señales lumínicas, había un cono en la mitad de la calle, el uniformado estaba de mano izquierda y quiso interceptar una moto que por impulso de la circulación no se pudo detener a tiempo”.
Sobre el agente que ejecutó dos disparos y uno de ellos impactó en el cuerpo de Franco, Rodrigo Velardo Bustos de 25 años, sostuvo que “presumió que eran delincuentes por ser de apariencia humilde y circular en una moto que no reúne las características de una de alta cilindrada”.
“Absolutamente está descartado un intento de evasión. Esto esta clarito. Si no están armados el policía no puede ni debe abrir fuego, no puede utilizar el arma para matar a la gente”, remarcó.
La familia Amaya se constituyó en querellante particular. “Queremos sumar para llegar a la verdad real a toda, no una parte”, especificó.
Confirmó, asimismo, que la querella pidió “ampliar la responsabilidad no sólo al ayudante a cargo, si no a los superiores que no ejercieron el control respecto a la gente que está efectuando verificaciones vehiculares”.
“Apuntamos a toda la estructura policial hacia arriba, hasta los máximos responsables”, subrayó.
Nayi hizo hincapié en que Bustos tenía seis meses en la fuerza policial y confirmó su detención en la unidad carcelaria de Bouwer.
En relación al relevamiento de su cargo del jefe de la Departamental Punilla, advirtió que, “hay una cadena de responsabilidades y no basta con eso. Hay que seleccionar bien, controlar mejor y efectuar una evaluación muy cuidadosa y meticulosa a los policías. No se le puede entregar un arma a cualquiera”.
Sobre la formación de los miembros de la fuerza policial, expresó: “Se debe seleccionar en función de actitud física, equilibrio emocional, idoneidad y una serie de cualidades que debe reunir una persona a la que se le está entregando un arma reglamentaria para cuidar a la sociedad. Se está haciendo todo lo contrario. Esto termina en muertes y heridos graves, ocasionando un grave daño no solamente a la víctima, si no a la familia y a la sociedad toda”, criticó.
Nayi tiene a su cargo las causas de mayor trascendencia mediática en nuestra ciudad: el asesinato de Hernán Sánchez; en el caso por el crimen de Andrea Castana representa a su padre; la causa por defraudación por administración fraudulenta que involucra a la anterior comisión de Bomberos Voluntarios y el femicidio de Carina Drigani quien fue encontrada en un arroyo en Icho Cruz.
Nota correspondiente a la edición n° 454 del semanario La Jornada, del 26 de febrero de 2017.
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