El pasado lunes se llevó a cabo la segunda audiencia en la Cámara 11º del Crimen de la ciudad de Córdoba, donde se juzga a los oficiales Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos y José Ezequiel Villagra por el asesinato de Franco Amaya, ocurrido el 22 de febrero de 2017 durante un control policial emplazado a metros del puente Los Gigantes en Villa Carlos Paz.
Velardo Bustos está imputado de homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal, mientras que Villagra es juzgado por omisión de los deberes de funcionario público.
Los dos primeros testigos en dar su testimonio fueron Leonel Facundo Manso Laruelo, quien trasladó en su auto a Franco al hospital, y Ariel Rafael Carrera, taxista, quien aportó que el control policial era visible y que se ofreció a llamar a una ambulancia y uno de los oficiales le dijo que sí.
“Vi al oficial con guantes de látex y le pregunté por qué había disparado. Estaba asustado, sabía lo que había hecho. Dijo: ‘Yo no fui, yo no le disparé’. El otro oficial estaba 20 metros más adelante cruzado de brazos sobre la misma mano”, afirmó Manso.
Por su parte Carrera describió que esa noche él volvía por Los Gigantes y vio a un policía parado en el eje de la calle. “40 o 50 metros para adelante veo a una moto y un muchacho caído. Me acerqué al policía y le pregunté: ‘¿Te pido una ambulancia?’, ‘Sí, sí, sí’, me respondió. Se acercó un chico (Agustín) y me dijo: ‘La policía le pegó un tiro a mi primo, llevame al hospital’. Yo no puedo, estaba la policía. Giré por Alem y salí”, relató.
La tercera persona en dar su testimonio fue Carlos Javier Hualpa, quien hoy es oficial principal pero al momento de los hechos se desempeñaba como oficial inspector. Hualpa es el oficial a quien Villagra avisa de lo sucedido a través de su celular particular, porque el handy no funcionaba.
“A la madrugada recibí un llamado telefónico a mi celular. Villagra me dice: ‘Mi compañero pelotudo le pegó un tiro a un chico en la moto’. Cuando llegamos el subcomisario Llanes estaba en el lugar. El protocolo de la policía es que hay que dar aviso al servicio de emergencia en estos casos”, expresó ante el Tribunal.
Tras él, le siguió Maximiliano Taddey, otro testigo que expresó que Velardo Bustos negó haber disparado y decía que había ladrones que saltaron la reja de un vecino. “Escucho una detonación a la altura del control. Veo la moto tambaleando y caer en la esquina. El policía venía corriendo con un arma en la mano. Me acerco y veo a un chico tendido en la vereda ensangrentado. Paré un auto rojo y mi amigo con el primo y un taxista que había parado lo subieron al auto. El policía con el arma estaba al lado. Villagra nunca se acercó, estaba en la esquina”, dijo.
Continuaron dando su testimonio Nicolás Gonzalo Diez y Fabricio Hernán Prado, ambos testigos. “Vi a Franco con un balazo en el pecho en mitad del cordón y la calle. Lo subimos al auto entre tres, pero estaba muy grave. Hablamos con Villagra, que no se movió de la esquina, y dijo que ‘había llamado a la ambulancia y no podía hacer más nada’. Una vecina le gritaba a Bustos y él decía que ‘un delincuente salió corriendo, yo no fui’”, narró Diez.
Prado, por su parte, recordó: “Escuché a la moto y el disparo. Agustín gritaba: ‘Lo mataste hijo de puta, lo mataste’. Llamé a la policía y le dije a la operadora: ‘Un policía disparó a una persona’. Ella ya estaba al tanto porque me preguntaba: ‘¿Usted que sabe, usted que vio? Bustos decía: ‘Yo no fui, yo no disparé’, cuando lo increpaban los vecinos. Villagra no dejó de asumir lo que había pasado: ‘No sé qué le pasó a mi compañero, no lo puedo creer. Quédense tranquilos yo lo ví’”.
Durante la audiencia, la mayoría de las preguntas apuntaron a la visibilidad del control y la señalización. El abogado querellante, Carlos Nayi, pidió legajo policial de ambos imputados para dar cuenta del tiempo de capacitación y modalidad de la práctica. Por objeción de la defensa de Villagra, sólo se incorporará como prueba el de Velardo Bustos.
Si bien en principio se había planteado que ese mismo lunes iba a declarar el principal acusado, finalmente su testimonio tendrá lugar el miércoles 16 de mayo desde las 9,30.
Luego se escucharán los alegados del fiscal, la querella y los abogados defensores, y se especula que el mismo día también podría conocerse el veredicto y la sentencia.
Fuente: Facebook Justicia por Franco Amaya
Nayi: “Es un homicidio a quemarropa”
Carlos Nayi, abogado de la familia Amaya, se mostró conforme con la marcha del juicio, y consideró que desde el punto de vista de la querella, la acusación fue “plenamente probada”.
“Declararon los últimos testigos y el resto se suma por lectura. Toda la prueba está incorporada, salvo el legajo de capacitación de los uniformados que ha pedido la querella”, aclaró.
El letrado opinó que, “el cuadro convictivo es abrumador y ubica en un claro un plano de responsabilidad a ambos acusados, el que mató y el que no actuó”. Y confirmó que para Velardo Bustos pedirá prisión perpetua y para Amaya inhabilitación y multa.
Precisó, además, que el control policial que se había montado a metros del puente Los Gigantes era “cuasi irregular”. “No había cartel, no había indicador lumínico, los conos no guardaban las disposiciones del reglamento, era un lugar oscuro… Todo indica que no se cumplía con la ley 9728, pero más allá de eso no se podía matar. No se podía usar el arma reglamentaria para asesinar por la espalda a un menor de edad que lo único que hacía era conducir la moto con su casco de seguridad puesto”, afirmó. En este sentido, sostuvo que los oficiales no respetaron el protocolo de actuación: “Está absolutamente prohibido desenfundar el arma, aun en condiciones de fuga, se debe dar aviso a los superiores, poner en marcha el operativo ‘cerrojo’ y eventualmente proceder a la detención pero no se puede disparar”.
“El disparo solo es en casos excepcionales, para salvaguardar la vida y la integridad física del propio efectivo, de un compañero o un tercero. Pero lo que sucedió está penado por ley, fue un homicidio a quemarropa”, insistió.
Adelantó que, durante su alegato, apuntará a la responsabilidad de las autoridades superiores de la policía. “Alguien dejó de controlar, no supervisaron, no efectuaron el monitoreo y terminó en una desgracia, en un hecho irreparable”, concluyó.
Consultado sobre las expectativas por la declaración de Bustos, Nayi expresó que, “hay que ser cautos”.
“Todos los imputados tienen derecho de declarar. Pueden mentir, decir la verdad, responder preguntas o no hacerlo. Es un derecho constitucional. Pero lo que prevalece a la hora de absolver o condenar es la prueba, y la prueba es de alta calidad”, subrayó.
Nota correspondiente a la edición n° 514 del semanario La Jornada, del 14 de mayo de 2018.
