Tras una reunión que se llevó a cabo esta mañana, el Concejo de Representantes se apresta a dar el primer paso para la conformación de la Junta Electoral Provisoria que regirá la elección del defensor del Pueblo convocada para el 25 de junio.
La decisión se tomará en el marco de la sesión que tendrá lugar este miércoles (se adelanta por el Jueves Santo) desde las 18. La ordenanza se tratará con el mecanismo de doble lectura y audiencia pública.
“Hay una diferencia con la propuesta que envió el ejecutivo que logró consenso en la mayoría de los concejales”, expresó Omar Ruiz.
El proyecto medianamente consensuado –se aprobaría por mayoría y no por unanimidad como era la intención- establece que la Junta Electoral Provisoria (JEP) se integrará con tres letrados elegidos directamente por el Colegio de Abogados de Villa Carlos Paz.
La diferencia es que la idea de Avilés era repetir la Junta que funcionó en la elección municipal de 2015, integrada por dos abogados y un escribano.
No prosperó, en cambio, una moción del interbloque Cambiemos para que los letrados fueran designados por el cuerpo legislativo (con mayoría agravada) a sugerencia del Colegio de Abogados.
Si bien el ‘acuerdo político’ asoma como mínimo endeble, lo cierto es que los plazos no dejan margen para más dilaciones.
“Estamos con los tiempos justos”, reconoció Ruiz.
Por otra parte, la posibilidad de que alguien plantee un recurso en la justicia contra la conformación de esta JEP a contramano de lo que dispone la Carta Orgánica se hace más visible que nunca.
Y en este contexto, cabe recordar la postura del Colegio de Abogados en cuanto a la condición indispensable de conseguir consenso político para garantizar el funcionamiento de la Junta sin cuestionamientos legales.
La mayoría de la dirigencia no ha comprendido o no quiere comprender lo que puede representar la Defensoría del pueblo en un ámbito de verdadera democracia, con auténtica particiapación y representación, y eliminando las decisiones basadas en los nefastos enfrentamientos personales. Los valores de la Institución están sobradamente demostrado en los pueblos con un grado mayor de civilización política.
Si la dirigencia no lo ha comprendido es imposible pretender que lo entiendan los vecinos.
Si el Colegio de abogados ha puesto como condición la existencia de un consenso político, seguramente la elección no podrá efectuarse dentro de los plazos previstos.
Raúl Bonadero