La justicia falló a favor de la Cooperativa Integral en el amparo presentado por haber sido excluida de una licitación por el municipio de Villa Carlos Paz. La noticia se conoció el martes pasado.
Se trata de una medida a través de la cual la Coopi cuestionó la cláusula “g” del art. 10 que el municipio incluyó en el pliego para la ejecución de redes colectoras cloacales de Villa Domínguez, y que impide a quienes tienen acciones judiciales pendientes con el municipio a ser oferentes en las licitaciones o concursos públicos.
La jueza Viviana Rodríguez hizo lugar al amparo y declaró la “invalidez por inconstitucionalidad” de las condiciones exigidas por el municipio para poder presentarse a licitación.
Entre los muchos argumentos en los que fundamenta su fallo, Rodríguez explica que sostener esa cláusula significa que a cualquier contratista que quisiera participar de una licitación en la municipalidad de Villa Carlos Paz, le estaría vedado el principio constitucional de legítima defensa frente a cualquier denuncia o sanción por supuesto incumplimiento contractual que el municipio quisiera imponer.
La jueza califica a la cláusula de una arbitrariedad manifiesta, lo que supone “injusticia, abuso de autoridad, ilegalidad, ilegitimidad y violación grosera de los derechos de la Coopi”.
La dureza del fallo es de tal magnitud que expresa que, “una norma semejante otorga a la administración una potestad tan absoluta que solo puede asemejarse a un sistema feudal o absolutista. Es cierto que la municipalidad puede elegir contratar con quien merezca su confianza y no con quien ya tiene un conflicto judicial o administrativo, pero también lo es que una limitación como la revelada trae como consecuencia que los interesados resignen el ejercicio de derechos fundamentales –como el de defensa– si quieren continuar siendo contratista del Estado. Si se ponderan ambos derechos, éste último toma la delantera porque tiene protección constitucional”.
Apelación
Como respuesta inmediata, el Procurador del Tesoro, Darío Pérez, confirmó el jueves que el gobierno apelará el fallo judicial a favor de la Cooperativa Integral.
“La resolución será objeto de un recurso de apelación por parte del municipio. Consideramos que es errónea y arbitraria”, dijo sobre la decisión de la jueza de Primera Instancia de Segunda Nominación de Villa Carlos Paz, Viviana Rodríguez.
Según Pérez, en el fallo “se verifica una errónea percepción en las constancias de autos. Y además no se advierte que esta condición deriva de la ordenanza 1511 que impone a los funcionarios del municipio no contratar con quienes mantienen pleitos judiciales”.
Por otro lado, aclaró que los alcances de esta acción de amparo “se circunscriben a este concurso y en modo alguno obligan al municipio a hacerlo extensivo a los próximos concursos o licitaciones”, por lo cual “se va a seguir incluyendo la cláusula”.
“No se ha declarado la inconstitucionalidad de la ordenanza, y entonces el municipio se ve en la obligación de seguir aplicándola hasta tanto sea modificada por el Concejo de Representantes o sea declarada inconstitucional por vía judicial, lo que no ha ocurrido”, insistió.
Precisó que el conflicto se origina en el artículo 74 de la ordenanza 1511, que establece que “quienes tienen acciones judiciales pendientes con el municipio no pueden ser contratados”.
En el fallo, la jueza comparó las condiciones exigidas como algo propio de un “sistema feudal o absolutista”.
Sobre estas apreciaciones, Pérez admitió que “de alguna manera nos tomó por sorpresa”.
“No solo ese tipo de expresiones sino el fallo. Estábamos confiados en que iba a ser desestimado, sobre todo porque en este tipo de procesos forma parte del juicio de manera obligatoria el ministerio Público Fiscal, que se había expedido en consonancia con el municipio”, afirmó.
En esta línea, reiteró que, “el fallo es equívoco y somos optimistas en que vamos a lograr que sea revocado en segunda instancia”.
Asimismo, opinó que, “se trata de un nuevo capítulo de la Cooperativa en un camino que viene recorriendo que es politizar las decisiones judiciales, y judicializar las decisiones políticas”.
“Acá se está privilegiando la seguridad jurídica de no contratar a proveedores que permanentemente están cuestionando las decisiones políticas”, cerró.
Reflexión y diálogo
Por su parte, el subgerente General de la Coopi, Rodolfo Frizza, sostuvo que el fallo fue recibido con satisfacción, puesto que reivindica que la Coopi “tiene derecho a defenderse”.
“Se trata no sólo de los derechos de la Coopi. Este fallo sienta jurisprudencia para defender el derechos de muchas organizaciones que pasan por la misma situación”, expresó.
Cabe recordar que el ítem cuestionado establece que no podrán ser contratados los oferentes que tengan acciones judiciales pendientes con la municipalidad, ya sea como actor o demandado. Frizza indicó que esa disposición se incluyó por primera vez en el pliego para la ejecución de redes colectoras cloacales de Villa Domínguez, pero que fue resultado de los sucesivos intentos del municipio por excluir a la Coopi de los concursos públicos para ejecutar obras.
“El fallo es tan duro que expresa que solamente esta norma se asemeja a las que podría tener un gobierno que fuera del sistema feudal o absolutista. Porque la cláusula te deja dos condiciones: ‘si querés trabajar conmigo, no te quejes’”, graficó.
Además, señaló que la vigencia de esa disposición del municipio le impidió a la Coopi participar de los llamados a licitación para la construcción de la Estación de Bombeo Nº10 ($1.200.000), estación de Bombeo Nº5 y sectores varios ($7.500.000) y la extensión de redes colectoras en Los Manantiales. “La Coopi se ha perdido de hacer obras y de hacerlas bien, como necesita la comunidad”, dijo el directivo.
En cuanto a la apelación del municipio, Frizza afirmó que “es lógico”. Y remarcó: “Este fallo invita al municipio a la reflexión de su postura contra la Coopi”.
Por último, el subgerente señaló que luego de que Avilés asumiera su segundo mandato, las autoridades de la Coopi volvieron a solicitar la apertura de una instancia de diálogo. Mismo pedido han elevado también desde el Arzobispado de Córdoba, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA Córdoba) y la Asociación Regional de Cooperativas (ARCOOP), quienes se propusieron como mediadoras en la problemática.
“Tres instituciones: una del ámbito cooperativo, otra del sindical y otra del religioso han abogado por abrir la mesa de diálogo. En todos los casos le hemos manifestado al intendente la absoluta voluntad de abrir esa mesa de negociación. Estamos esperando respuestas. Nunca perdemos la esperanza de que en algún momento las tengamos”, finalizó.
Nota correspondiente a la edición n° 386 del semanario La Jornada, del 27 de setiembre de 2015.
