Conflicto por el agua: trabajadoras de la Coopi denunciaron “chantaje ético y moral” por parte del municipio

Tras la reunión que mantuvieron este martes en la sede de la defensoría del Pueblo con el secretario de Gobierno y Asesor Letrado Juan Villa, trabajadores de la Cooperativa Integral denunciaron una maniobra de “chantaje ético y moral” por parte del municipio.

El secretario General del Sipos, Gustavo Valdez, fue más allá y calificó la postura del funcionario como “claramente extorsiva”.

¿Qué dijo Villa? Pidió a las trabajadoras que, para asegurarse un lugar en el Estado si el servicio de agua pasa a manos del municipio, debían conseguir que las autoridades de la Coopi desistan de las instancias judiciales.

El encuentro, que se extendió por casi tres horas, fue promovido por el defensor del Pueblo, Daniel Mowszet, quien participó de la reunión junto al Adjunto, Néstor Matheus.

“Salimos con más incertidumbre que cuando llegamos. Villa dijo que el diálogo por la municipalización estaba cerrado y que la garantía de las fuentes de trabajo está condicionada a que los dirigentes desistan de las opciones judiciales”, expresó Edurne Estevez, durante una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes unas veinte trabajadoras.

“Él salió a decir que la reunión fue positiva, y lo fue para darnos cuenta que no hay plan para el servicio de agua ni para los trabajadores de la Coopi”, remarcó.

Contó, además, que el funcionario planteó que, “aunque la Corte Suprema de Justicia falle a favor de la Coopi, esto no quiere decir que el municipio establezca un nuevo contrato por la concesión del servicio de agua”.

“Nos vimos sorprendidas en nuestra buena fe y acordamos en que es un chantaje ético y moral. Ha sido un discurso falaz que intenta convencernos de que la situación está cerrada. El planteo es ‘pueden hundirse con la Cooperativa o venir con nosotros’. Y nosotras somos trabajadoras y somos parte de la Coopi”, señaló.

“Deberían dejar de mentir”

Por su parte, Valdez recordó que la última audiencia en el ministerio de Trabajo se realizó el 16 de febrero pasado, y que concluyó con un pase a cuarto intermedio “porque no había nada que discutir, porque no había ninguna propuesta”.

“Lo que planteó el municipio es hacer un convenio colectivo provisorio, reconociendo que estaba pendiente la decisión de la justicia. Esto no fue considerado propuesta por el ministerio”, reseñó.

Sobre la reunión de Villa con las trabajadoras, el gremialista evaluó que, “el municipio quería la foto para salir a decir su versión. Pero una vez más, no hubo nada, no hay propuesta”.

“Decir que la discusión judicial está terminada es otra falacia. No está terminada y lo saben. Y saben que tienen que esperar.

Lo más grave a esta altura es la decisión de extorsionar a los trabajadores, y pedirles que se ocupen de que la Coopi desista del recurso judicial para tener un lugar en el municipio. Lo que queda claro es que en dos años nunca consideraron la situación de los trabajadores, y hoy se permiten extorsionarlos.

Deberían dejar de mentir. No tienen ninguna intención de incorporar a los trabajadores de la Coopi. Villa miente descaradamente y extorsiona y ahora ha decidido usar a los trabajadores para poder consumar la municipalización”, afirmó.

Comunicado

El colectivo de trabajadoras de la Coopi emitió un comunicado tras la reunión con el secretario de Gobierno Juan Villa que expresa textualmente: 

“Las trabajadoras de la Cooperativa Integral concurrimos este martes a una reunión en la Defensoría del Pueblomovilizadas por la incertidumbre y preocupación que nos genera el futuro del servicio de agua, de la Cooperativa Integral y de nuestras fuentes de trabajo.

El encuentro fue promovido por el defensor, Daniel Mowszet, con la intención de “cruzar información” respecto de las posturas asumidas por el gobierno municipal y la Cooperativa Integral en torno al conflicto por el servicio de agua.

De la reunión participaron el propio Mowszet, su adjunto Néstor Mattheus y el abogado de la defensoría Tomás Wayan. En representación del municipio sólo estuvo el secretario de Gobierno y asesor Letrado, Juan Villa.

Las trabajadoras concurrimos a este espacio para demostrar, una vez más, nuestra voluntad de diálogo. Lo que quedó en evidencia en esta reunión es que el gobierno municipal no tiene un plan para asumir la prestación del servicioni para garantizarnos las fuentes laborales en las mismas condiciones que hoy tenemos en la Coopi.

No lo tuvo el 28 de febrero, fecha definida como el día de la toma provisoria del servicio. No lo tiene hoy4 de abril, fecha definida para la toma definitiva del servicio. Y no lo viene teniendo desde agosto de 2016, fecha en la que el intendente Esteban Avilés anunció su pretensión de que el municipio asuma la prestación del servicio de agua.

Esto habla de la falta de seriedad y de la irresponsabilidad con la que desde el primer momento se encaró este tema por parte de las autoridades municipales. Al día de hoy no sólo no hay plan para asumir la prestación del servicio de agua sino que tampoco existe una propuesta para lxs trabajadorxs -concreta y por escrito-, donde se brinden detalles sobre la manera en que el municipio garantizaría las actuales condiciones laborales que hoy tenemos en la Cooperativa.

Lo más grave aún es que el espacio de diálogo abierto por el defensor del Pueblo fue utilizado por el representante municipal para condicionary pretender limitar el legítimo derecho a la defensa que tiene la Cooperativa Integral, intentando utilizarnos a las trabajadoras para lograr ese cometido. La Coopi no sólo tiene el derecho sino también la obligación de defender –con las herramientas que el propio marco jurídico le concede- el patrimonio de todos sus asociados.

Insistimos. El municipio no tiene un plan de gestión del servicio, no tiene una propuesta concreta para lxs trabajadorxs por lo cual el futuro del servicio de agua se torna incierto. El conflicto generado por el gobierno municipal quita toda posibilidad de proyectar el servicio a 30 años, que es lo que hoy necesita la ciudad y a región, y de sostener  la seguridad laboral de lxs trabaajdorxs de la Coopi en las condiciones que hoy tenemos, y  aunque el Ejecutivo diga lo contrario, no tienen ningún instrumento legal que nos lo garantice”.