El Concejo de Representantes aprobó el jueves pasado por mayoría las modificaciones al organigrama municipal. Los cambios fundamentales tienen que ver con la creación de la secretaría de Coordinación de Gabinete (que se sumará a las siete existentes); y de la subsecretaría de Agua y Saneamiento, que dependerá de la secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.
También quedó establecido que la dirección de Recursos Humanos como dependencia directa de la secretaría de Gobierno. En la secretaría de Turismo y Deportes, en tanto, la dirección de Eventos Deportivos cambia su nombre y pasa a llamarse dirección de Deportes, a secas, y desaparece la subdirección de Deporte Social.
El punto fue aprobado en general por mayoría (acompañaron con su voto los ediles Bustos, Zacarías, Ruiz, Alessio, Roldán, Livelli, Cuevas, Orce); pero en el articulado referido a la creación de la subsecretaría de Agua y Saneamiento, el avilesismo quedó solo y la presidenta tuvo que apelar al doble voto para su aprobación (no acompañaron los concejales Orce, Ruiz, Lenci, Gispert, Molina y Sequeira).
Para el funcionamiento de la secretaría de Coordinación de Gabinete, en el Presupuesto 2018 figura una partida de que asciende a 2,5 millones de pesos de los cuales el 80% estará destinado al pago de salarios. En cambio, para la subsecretaría de Agua y Saneamiento la partida asignada es de cero pesos.
Entre las competencias del Jefe de Gabinete se destacan la de “coordinar y controlar las actividades de las Secretarías y, de las distintasáreas a su cargo realizando su programación y control estratégico, a fin deobtener coherencia en el accionar de la administración e incrementar sueficacia” y la de “asistir al Intendente Municipal en el análisis de los mensajes que promuevenla iniciativa legislativa, en particular los proyectos de Ordenanza”.
“Esto a va permitir un flujo mayor de información entre las secretarías y con el intendente”, justificó la edila oficialista Mirtha Alessio. “Todo esto genera una administración más eficiente, al poder realizar estos trabajos interáreas antes de llegar al momento de la reunión de acuerdos”, agregó.
Por su parte, el concejal Gustavo Molina (FC-Cambiemos) señaló que la decisión de Avilés va a contramano de lo que el gobierno de Macri viene profesando en sus discursos. En ese sentido, indicó que Avilés está haciendo un “esfuerzo importante para pasarse al bando de Cambiemos”, pero que con sus actos va en abierta contradicción, puesto que el presidente habla de la necesidad de “bajarle el costo a la política”. “El gobierno nacional está hablando de bajarle recursos a la política y ponerlo en otro lado”, afirmó.
En la misma línea se expresó la concejala Natalia Lenci (UCR-Cambiemos) quien sostuvo que en el año 2016 se incrementó la planta política un 17%. “De 48 empleados de la planta política pasamos a 56 y creo que está sobredimensionada. No estoy de acuerdo con este proyecto”, expresó.
El concejal Omar Ruiz, a su vez, pidió que el punto se vote en general y luego artículo por artículo puesto que él está de acuerdo en la creación de la Coordinación de Gabinete, pero no en la subsecretaría de Agua y Saneamiento.
En cuento a la primera dijo que en realidad debería ser una jefatura de gabinete y no una secretaría, para que quien esté al frente de esa dependencia sea reconocido como alguien que tiene más autoridad que los secretarios, para poder asumir mejor la coordinación de las áreas.
Sobre la subsecretaría, en tanto, sostuvo que no está a favor porque, en caso de que la resolución del Tribunal Superior de Justicia sea favor del municipio, consideró que lo que debería crearse es un Ente Municipal de Agua, con control de usuarios.
Sostuvo que esa sería la entidad adecuada para que no se plantee el conflicto entre trabajadores que, estando en la esfera municipal, tendrían diferentes salarios y derechos conquistados. “El municipio no puede estar pagando dos sueldos distintos. Si fuera del Sindicato de Trabajadores Municipales pediría que nuestros representados cobren como lo hacen los trabajadores de la Cooperativa”, expresó.
La edila de Unión por Córdoba, Laura Orce, justificó su rechazo a la creación de la subsecretaría de Agua y Saneamiento alegando que se trata de “una decisión política equivocada” que lo único que hace es “crear condiciones sociales de conflicto”.
“Se crea una situación de incertidumbre innecesaria. ¿Con qué necesidad?”, se preguntó. Además, sostuvo que no se debe crear un área municipal nueva “por las dudas”. En ese sentido remarcó que “se debe respetar la división de poderes”.
Por su parte, el concejal Walter Gispert (FC-Cambiemos) sostuvo que su postura histórica ha sido la de considerar que los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado, pero que esto no puede hacerse a la fuerza.
“Avilés dio su grito de guerra el 1 de agosto al decir: ‘vamos por las cloacas’, pero luego no se dijo más nada. A este Concejo no llegó más nada”, expresó. En ese sentido consideró que la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera nominación le dio una cuota de “razonabilidad” a la discusión cuando dictaminó que quien debe resolver el futuro de los servicios públicos es el Concejo de Representantes.
Nota correspondiente a la edición n° 492 del semanario La Jornada, del 19 de noviembre de 2017.
