Por Sofía Urbina Paliza, comunicadora y militante feminista
A pesar de los avances en el marco normativo de la Argentina, la población trans y travesti sigue siendo objeto de hechos de violencia, orientados por la discriminación ante identidades de género no normativas.
Según el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2014, la esperanza de vida de lxs argentinxs aumentó tres años entre 1990 y 2012. Esa misma estadística dejó en evidencia que las travestis, transexuales y transgéneros del país sólo alcanzan en promedio los 35 años de edad, o en el mejor de los casos los 41 años. Mientras que el promedio de la población en Latinoamérica llega a los 75, la comunidad trans en Argentina vive mucho menos.
Cabe aclarar que la misma organización que hizo este relevamiento, en un texto que hace referencia a la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD 10) incluyó a las personas transgénero en el mismo casillero que los pedófilos y cleptómanos. El organismo las calificó como “enfermas mentales”, es decir, están asociadas a “malestar mental y problemas que impiden un funcionamiento adecuado del razonamiento”. Esto se trata de una nueva estigmatización y lamentablemente sigue siendo una las pocas fuentes que pueden dar datos sobre la situación de la comunidad transgénero en el país.
Existen circunstancias cotidianas en las que la discriminación arraigada en la cultura juega un papel determinante. La violencia hacia el colectivo travesti/trans recrudeció y aumentó de manera considerable en los últimos meses y para el colectivo LGTBIQ+ esto no es casual. Vienen denunciando un plan sistemático de estigmatización, persecución y represión de las compañeras travestis y trans por parte del gobierno.
Entre las principales causas de mortalidad del colectivo trans argentino se encuentran los homicidios transfóbicos, el abuso policial y la falta de asistencia sanitaria. Todas estas problemáticas forman parte de un mismo rompecabezas político, social y cultural que se ve reflejado en la discriminación cotidiana, la mala atención en los hospitales y la falta de oportunidades laborales.
En Argentina, el travesticidio ha ingresado en una nueva etapa donde las condiciones estructurales de pobreza y exclusión aumentan por el recorte de programas sociales, la profundización del ajuste económico y la represión sistemática. En los últimos meses, las muertes de travestis y los casos de violencia han aumentado. Los ejemplos sobran.Angie Velásquez y Pamela Macedo Panduro en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela fueron abandonadas por el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y murieron.
Al cruel travesticidio de Posadas, meses atrás, se sumaron ataques a activistas trans como el de la compañera Alessandra Luna y el ataque a la compañera Keili en Entre Ríos. Y están también las historias de las compañeras que nos dejan demasiado temprano, después de una vida luchando contra todo tipo de violencias, como Maite Amaya, la guerrera libertaria que murió a los 36 años.
A esto hay que agregar el arduo trabajo que nos queda como sociedad. Según la Encuesta de Clima Escolar para Jóvenes LGBT, realizada en 2016 por 100% Diversidad y Derechos, Argentina encabeza el ranking de países en los que se realizan comentarios discriminatorios por orientación sexual, que fueron escuchados por un 98,8% de los estudiantes LGBT que participaron del relevamiento. El 76,2% escuchó comentarios homofóbicos en su institución educativa y un 57,7% comentarios transfóbicos.
Y son muchas más las reivindicaciones que quedan pendientes, como la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayán” (Nro. 14.783) en todo el país; la responsabilidad del Estado patriarcal que oculta los cuerpos disidentes; la divulgación y total aplicación de la Ley de Identidad de Género (Nro. 26.743) para poder acceder a una niñez y adolescencia dignas con salud, trabajo, educación y acceso a la vivienda; la ley de reparación histórica para las compañeras encarceladas y perseguidas bajo los códigos contravencionales por tener una identidad de género no binaria; políticas públicas reales para que toda aquella mujer, travesti, trans, etc. que se encuentre en situación de prostitución y desee salir de tal sistema, pueda tener el amparo total del Estado; el real acceso al sistema de salud con el trato que merecen todxs los que acuden a ella y la capacitación de quienes trabajan ahí para que cuenten con los conocimientos sobre los cuerpos disidentes; programas de protección para las compañeras más jóvenes que han sido expulsadas de sus hogares; la incorporación de la figura del travesticidio en el código penal; entre otras.
Ante estas situaciones hay que empezar a hablar en términos de responsabilidades y de un Estado que se ha caracterizado por la persecución, el uso de la violencia y el abandono en cuestiones educativas. No es un dato menor que aún no haya una correcta puesta en marcha de la Ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles y con sus correspondientes unidades sobre diversidad, algo que podría reducir sustancialmente los niveles de violencia hacia las personas transgénero.
Tampoco es menor la ausencia de una estadística oficial sobre travesticidios y crímenes de odio en la Argentina, esa es sólo otra forma de invisibilizar al colectivo de trans y travestis. Ante este vacío por parte de los organismos oficiales, son las organizaciones y las activistas las que generan lazos y redes para dar cuenta de la violencia de la que son víctimas.
Es esa organización la que da pelea en las calles, en los barrios, en los medios de comunicación y al interior del propio movimiento LGBTIQ+ para denunciar las políticas represivas y de exclusión. Es el compromiso y la responsabilidad de los colectivos de diversidad y del movimiento feminista el que logrará algún día el ejercicio pleno de sus derechos y la Plena Ciudadanía. Porque a la opresión responden con organización, reflexión y visibilización de las problemáticas que atraviesan, y sobre todo en las calles, poniendo el cuerpo como lo han hecho históricamente.
Nota correspondiente a la edición n° 474 del semanario La Jornada, del 16 de julio de 2017.
