El fiscal Raúl Ramírez negó el beneficio de la prisión domiciliaria para la carlospacense Fernanda Moyano, y deberá permanecer en la cárcel de Bouwer mientras avanza la investigación en la causa en la que está imputada de ‘comercialización de estupefacientes y confabulación en concurso real’.
Moyano fue detenida el 30 de agosto pasado tras una serie de allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en distintas ciudades. En Villa Carlos Paz, el procedimiento tuvo lugar en la Clínica del Cannabis que funcionaba en calle Alem. En ese marco la fiscal Jorgelina Gómez ordenó la detención del fundador y director de las clínicas, Carlos Laje, y otros cinco colaboradores (Paola Toranzo, Walter Mariño, Toribio Aragón, Paula Culiaccati y Fernando Moroni), además de Moyano, encargada del espacio en nuestra ciudad.
Apenas se dictó la prisión preventiva, su abogada, Nadia Podsiadlo, pidió la prisión domiciliaria, alegando que Moyano tenía un hijo menor de edad, discapacitado.
Este jueves, el fiscal Ramírez rechazó el pedido fundamentando, entre otros aspectos, que Moyano “entregaba a los pacientes aceites en goteros, cremas y diferentes envases en un envoltorio cerrado frente a sus hijos”.
“No tuvo el debido cuidado y mostró indiferencia total hacia la formación y educación de sus hijos”, afirmó Ramírez.
Para Podsiadlo, este argumento “es absurdo”.
“Los frascos y cremas estaban cerrados. Además, no estaba entregando bombas molotov, explosivos ni armas. Estaba entregando algo que hay una reglamentación por parte del Estado. Y si el Estado va a evaluar e investigar las propiedades benéficas que tiene el cannabis medicinal no se está hablando de droga, de paco, de merca ni de LSD ni había agujas tiradas en la casa.
Si el Estado está reglamentando un ley porque no se atenta contra el derecho a la salud, tampoco lo hacía Moyano en su casa”, afirmó a La Jornada. Y advirtió que, “hay un desfajase terrible entre la realidad de paliar distintas enfermedades con este método, que el mismo Estado está diciendo que se lo va a estudiar porque es positivo, y la forma en que se ve este tema en Córdoba. ¿Por qué Córdoba no lo ve de esa manera y está hablando de sustancias prohibidas?”, se preguntó.
Por otro lado, recordó que entre las causales de la prisión domiciliaria figura el hecho de que las personas detenidas tengan hijos menores de 5 años o discapacitados.
“En ningún lado dice que quedarán excluidas aquellas personas que estén imputadas por delitos de comercialización o narcotráfico”, señaló.
Adelantó, asimismo, que apelará la decisión del fiscal Ramírez e insistirá ante el juez de Control, Daniel Strasorier, para que Moyano tenga prisión domiciliaria.
Días pasados, la carlospacense envió un audio desde Bouwer, donde responsabilizó directamente de la situación a Carlos Laje. “Somos perejiles”, dijo en referencia a ella misma, Paula Culiaccati y Fernando Moroni, y disparó contra Laje y su principal colaboradora, Paola Toranzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que el uso de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. Así lo publicaron la semana pasada en el Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en América.
“El uso no excepcional de esta medida es uno de los PROBLEMAS MAS GRAVE y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Según el informe, en la región la cantidad de personas en prisión preventiva es del 36% de la población penitenciaria lo cual es más del 60% en algunos de los países. La CIDH considera que, pese a que las medidas para reducir el ABUSO DE ESTA FIGURA ya han sido ofrecidas y hasta probadas, la disposición de los Estados de la región para aplicar las acciones necesarias.El órgano autónomo de la OEA considera que las medidas actuales como la implementación de programas de justicia restaurativa, las audiencias y revisiones de los casos son un paso para garantizar la reducción de estos plazos. Sin embargo, insta a los Estados a adoptar medidas que supervisen los procesos abreviados que se han implementado para estos casos cuyo proceso a veces viola el debido proceso.