Fuente: Télam
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy el fallo dictado por la Cámara Federal porteña que, a pedido de la cartera a su cargo, declaró la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada contra la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”.
“El protocolo del orden gana en la Justicia”, destacó Bullrich, con letras mayúsculas, en un posteo hecho en su cuenta personal de la red social X.
La funcionaria consideró que la resolución judicial que decidió que la causa abierta en su momento contra el protocolo se tramite en la justicia en lo Criminal ordinaria significa que la medida de seguridad “sigue vigente” y se puede aplicar cuando se lleve a cabo una protesta que procure interrumpir el tránsito.
“Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público sigue vigente!”, indicó Bullrich.
La decisión del Tribunal de Apelaciones se conoció poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, informaron a Télam fuentes judiciales.
La reunión estaba prevista para las 11, pero poco antes el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello.
Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.
La semana pasada, la Cámara Federal había anulado una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio de Seguridad a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.
El miércoles pasado la ministra Bullrich había concurrido a los tribunales federales situados en el barrio porteño de Retiro para dar detalles acerca del protocolo, que fue presentado el 14 de diciembre último y recibió críticas de parte de partidos políticos, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales.
El protocolo de seguridad contempla que las fuerzas federales podrán intervenir si se comete un delito durante las manifestaciones en la vía pública, como también identificar a quienes corten calles, avenidas y rutas como parte de una protesta.
Además, establece la aplicación de las leyes que incluyen hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
