Por Alejandro Gómez
“Los pliegos tenían nombre y apellido: Cotreco”. La frase, en tono de denuncia, fue lanzada por Esteban Avilés. Corría 2007 y el entonces concejal, en una multitudinaria audiencia pública, daba rienda suelta a su enfrentamiento con quien era intendente en aquel momento, Carlos Felpeto.
La referencia era al proceso de licitación del servicio de recolección de residuos. Avilés lanzó sobre toda la gestión municipal una sombra de sospechas por lo que consideraba un trato poco transparente entre la empresa y los funcionarios.
Diez años después, ese mismo manto de desconfianza lo tapó por completo, ya en calidad de máxima autoridad municipal.
Justo él que, autotitulado paladín de la honestidad y la transparencia, es el directo responsable del mamarracho institucional que significa la suspensión, por segunda vez, de la licitación de la basura.
Y la licitación se cayó no porque están en busca de transparencia, como nos quieren hacer creer las autoridades, sino porque si seguían adelante, haciendo caso omiso a las groseras irregularidades denunciadas, se exponían a tener que dar explicaciones en la justicia.
Se trata, sin dudas, de un verdadero escándalo que no se sabe bien cómo terminará. Por lo pronto, los concejales Walter Gispert (Frente Cívico) y Natali Lenci (UCR), reclaman que los responsables de los ‘errores’ devuelvan los gastos en los que ya incurrió el municipio (unos 300 mil pesos tirados… a la basura) y que renuncien (ver aparte). El primer apuntado, pero no el único, es el influyente Asesor Letrado y secretario de Gobierno, Juan Villa.
¿Y la transparencia?
El contrato vigente con la Compañía de Tratamientos Ecológicos (Cotreco) por el servicio de recolección de residuos en Villa Carlos Paz comenzó a regir el 31 de marzo de 2007. Desde ese momento todos sabían que finalizaba el 31 de marzo de 2017. Y que había prevista solo una prórroga más, por 180 días. Es decir, hasta el 30 de setiembre.
Así lo advirtió Gispert en enero, reclamando que la documentación para el llamado a licitación fuera enviada con tiempo.
Pero no hubo caso. Avilés recién envió los pliegos al Concejo de Representantes en agosto. Así y todo, los ediles de los diferentes bloques trabajaron rápidamente para tratar de cumplir con los tiempos. No alcanzó. Y el intendente, tras intentar delegar la responsabilidad de otra prórroga en el cuerpo legislativo, tuvo que hacerla por decreto y por 90 días. O sea, hasta el 31 de diciembre próximo.
Desde que el Concejo aprobó la ordenanza para el llamado a licitación (15 de setiembre), no se supo más nada.
Hasta el 19 de octubre por la mañana, cuando de apuro el oficialismo intentó designar a los veedores legislativos para la apertura de sobres que iba a tener lugar minutos después.
Allí se dieron cuenta que los concejales nunca fueron notificados oficialmente de que el proceso licitatorio estaba en marcha. Pero no solo eso. Sobre la hora de la apertura de sobres, el departamento ejecutivo ‘descubrió’ que las publicaciones en los medios se habían realizado con un ‘error de compaginación’. En rigor, faltaba el artículo 48 que refiere a la facultad del municipio de aumentar o disminuir hasta un 25% las áreas o frecuencias del servicio contratado.
Por eso, Avilés prorrogó una semana la apertura de sobres.
El Concejo de Representantes designó los veedores pero pidió extender el plazo para recibir ofertas a 30 días.
Con un apuro llamativo, Avilés se negó y obligó a los ediles a derogar ese artículo.
La apertura se realizó, entonces, el jueves 26 y se presentó una sola empresa: Cotreco. Qué sorpresa.
Apenas finalizado el acto, Lenci, veedora por la minoría, impugnó el procedimiento haciendo hincapié en las irregularidades. Al día siguiente, junto a Gispert, ampliaron la objeción argumentando que el ejecutivo incumplió lo dispuesto en la ordenanza 1511 relativo a los plazos mínimos (cinco días) entre la publicación de un llamado a licitación y la apertura de los sobres con las propuestas.
Teniendo en cuenta que las publicaciones se hicieron el lunes 23, y la apertura el jueves 26, la infracción era evidente.
Sin embargo, para el Asesor Letrado, Juan Villa, esto no es así, ya que el acortamiento de estos plazos es facultad del intendente cuando se dan condiciones excepcionales. Así lo expresa en el dictamen que firmó y envió al Concejo el 16 de noviembre. No queda claro, de todos modos, cuál es la excepcionalidad y el apuro, ya que la prórroga fijó el nuevo vencimiento del contrato el 31 de diciembre. Además, desestimó el resto de las impugnaciones y dictaminó que existía “legalidad y transparencia” en la licitación.
En esta línea, el oficialismo legislativo resiste obedientemente los pedidos de investigar lo que sucedió (ver aparte). Incluso, algunos se prestaron a una burda opereta política-mediática para denostar a quienes cuestionan con más firmeza la licitación, especialmente a Gispert, quien había adelantado que iba a acudir a la justicia si el nuevo contrato se firmaba bajo estos términos.
Sorpresivamente teniendo en cuenta el dictamen ‘está todo bien’ de Villa, el miércoles pasado se conoció que Avilés dio de baja al segundo llamado.
En el nuevo decreto firmado por el intendente y el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, se lee que, “los descriptos errores administrativos podrían llevar a que se piense que el proceso licitatorio no presenta la prolijidad que necesariamente debe exhibir, más allá de las justificaciones o intencionalidades de quienes así eventualmente lo sostuvieren”. Por eso, “pese a que el departamento ejecutivo está convencido de la legalidad del procedimiento, tiene igualmente la seguridad que ante la menor duda, bien o mal intencionada, que pudiere poner en tela de juicio su transparencia, resulta necesario, aconsejable y razonable extremar los esfuerzos para desecharla, cualquiera sea el perjuicio colateral que pudiera existir”. En fin.
Queda explicitado, allí mismo, la postura del ejecutivo sobre el ‘error’ en la ordenanza publicada en ocasión del primer llamado, responsabilizando a la secretaría legislativa de haber enviado el texto sin el artículo 48. Sin embargo, Gispert mostró copia de la polémica ordenanza, incluyendo el famoso ítem, con las firmas del departamento ejecutivo.
¿La tercera será la vencida?
El decreto dispuso rechazar la propuesta presentada por Cotreco, y fijó que la apertura de los sobres del nuevo llamado a licitación se realizará el 7 de diciembre a las 9 en el salón Auditorio.
Investigación
Aunque rechazó todos los pedidos de la oposición para aclarar el tema, y quizá para no dar el brazo a torcer y aparecer obligado a dar explicaciones, Avilés firmó por su cuenta otro decreto ordenando “la instrucción de una investigación administrativa, tendiente a esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en el trámite administrativo desarrollado como consecuencia de la aprobación de la ordenanza 6273”. Será Asesoría Letrada el área encargada de designar al instructor de la investigación.
¿Cómo sigue?
Sintetizar todo lo que ha ocurrido en este tiempo sobre la licitación de la basura es un trabajo engorroso. Y confuso. Con muchísimas aristas.
Desde principios de año hasta ahora, le hemos dedicado muchísimo espacio en estas páginas a abordar la licitación de la basura. Es el contrato más oneroso para la ciudad y, al precio actual, se trata de cien millones de pesos por año. Durante seis años.
Lo que sí queda claro es que todo el proceso licitatorio estuvo plagado de irregularidades, que van desde la absurda demora del intendente en enviar la documentación para que el cuerpo legislativo la apruebe, pasando por la falta de notificación del decreto pidiendo la designación de los veedores de la mayoría y la minoría, la suspensión del primer llamado a raíz de la difusión de los pliegos sin un artículo, y el inexplicable apuro para realizar la nueva convocatoria sin respetar los plazos mínimos de publicación.
Para graficar lo irregular de todo el esquema alcanza con decir que existen dos copias de la ordenanza 6273 (pliego de la licitación de la basura), firmadas por la secretaría legislativa y enviadas al departamento ejecutivo. Una no tiene el artículo 48, y la otra sí.
Las responsabilidades, que deberán deslindarse en algún momento, salpican (entre otros funcionarios) a los integrantes de la secretaría legislativa, a la presidenta del Concejo Alejandra Roldán, al titular del tribunal de Cuentas, Daniel Gómez, a la subdirectora de Compras, Marina Mossé, al secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, a Juan Villa en calidad de Asesor Letrado y secretario de Gobierno y, obviamente, al intendente Esteban Avilés como máximo responsable.
No escapan de este escenario los concejales del oficialismo, reducidos a la mínima expresión en defensa de los intereses del intendente.
Nota correspondiente a la edición n° 493 del semanario La Jornada, del 26 de noviembre de 2017.
