Más de una hora 40 minutos. Ese fue el tiempo que les llevó a los concejales discutir el punto 258/17 a través del cual se le solicitaba al departamento Ejecutivo que “en forma inmediata comience una investigación administrativa, con los sumarios correspondientes, a los efectos de dilucidar quién o quiénes son los responsables de que en la licitación de Servicios de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz, no se incluyera el artículo 48, en las publicaciones realizadas en el boletín oficial de fecha 20 de setiembre del 2017”.
El proyecto, que fue impulsado por los ediles Omar Ruiz (GEN), Walter Gispert, Gustavo Molina, Oscar Sequeira (FC-Cambiemos) Natalia Lenci (UCR-Cambiemos) y Laura Orce (Unión por Córdoba) establecía en su artículo 2 la necesidad de “deslindar responsabilidades, administrativas, económicas y jurídicas de los distintos a agentes que participaron en la confección y distribución de la licitación de Servicios de Higiene Urbana y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de la Ciudad de Villa Carlos Paz”.
El argumento que utilizó el oficialismo para rechazar el punto fue el decreto enviado por el intendente Avilés en el que ordena “la instrucción de una investigación administrativa, tendiente a esclarecer, determinar y/o deslindar responsabilidades en los hechos ocurridos en el trámite administrativo desarrollado como consecuencia de la aprobación de la ordenanza 6273”.
“Los decretos dan respuesta al pedido de investigación”, alegó débilmente el edil Hugo Bustos.
Desde la oposición, en tanto, objetaron que justamente sea el área de Asesoría Letrada la encargada de designar al instructor de la investigación. Recuperando declaraciones que Villa hizo a la prensa, Gispert señaló que el funcionario ya emitió opinión al respecto (señalando que desde el Concejo se envió mal la documentación). “Las copias del pliego que llegaron al municipio les faltó un artículo, que era el 48″, afirmó el Asesor Letrado a algunos medios de prensa.
“Villa no puede estar involucrado en la investigación. Él ya emitió opinión”, insistió Gispert en las sucesivas intervenciones que tuvo a lo largo del debate.
En la misma línea, la concejala Lenci habló de la necesidad de que la investigación que se emprenda tenga “objetividad, independencia y transparencia”. Además, subrayó que en el segundo llamado a licitación se cometió otra irregularidad que tiene que ver con el incumplimiento de los plazos mínimos de días de publicación. “Esa es otra irregularidad de la que no quieren decir nada”, acusó.
Por su parte, el concejal Omar Ruiz, puso la mirada en el Tribunal de Cuentas, que también queda salpicado en este escándalo. “Me pregunto ¿qué hará el Tribunal de Cuentas cuando de nuevo le llegue una orden de pago para pagar por tercera vez una publicación de la misma licitación? El Tribunal de Cuentas tiene dos herramientas: el juicio de responsabilidad y el juicio de cuentas. Es responsabilidad nuestra, como Concejo, estar atentos a lo que hace o deja de hacer el Tribunal de Cuentas”, dijo y llamó a “los 12 concejales a ver qué hace el Tribunal de Cuentas”.
“En caso de que no actúe, hay que analizar el caso. Ellos tienen la obligación de ver que si un funcionario público o agente municipal paga tres veces lo mismo, hay un problema. Hay un daño al erario público”, enfatizó.
Además, consideró que, “las diferencias políticas partidarias están afectando a la gestión”. En ese sentido subrayó que desde hace 10 meses que Gispert advirtió que se vencía el contrato de concesión de la basura y que se debía planificar qué se haría.
“Por no darle la razón a un concejal opositor, pasó todo esto”, dijo y remarcó: “La motivación política está pudiendo más que la comprensión. Tenemos que tratar de lograr un diálogo, porque todo esto lo termina pagando la gente. Para una misma licitación, en tres oportunidades se hacen publicaciones en los medios y esto lo termina pagando la gente”.
Orce, a su vez, también hizo hincapié en la necesidad de investigar lo sucedido, definir responsabilidades y separar de su cargo a quienes hayan estado involucrados. A la vez, enfatizó en que “tres veces no es un error”.
En su última intervención en el debate, previo a la votación del punto, Gispert hizo una encendida defensa del Concejo de Representantes y llamó a sus pares a asumir la misma actitud. Una vez más se refirió al documento que el Concejo remitió al Ejecutivo en el que figura el articulo 48 y que, además de la firma de la secretaria legislativa Alicia Osorio, lleva la rúbrica de la Oficial Mayor Mónica De Girolamo, el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental Horacio Pedrone, del Asesor Letrado Juan Villa y del mismísimo intendente Esteban Avilés.
“Sostengo que no es cierto que el artículo 48 no se haya incluido en la documentación que se envió desde este Concejo. Que el Concejo no cargue culpas que no tiene. Que no paguen justos por pecadores. Defendamos al Concejo”, exclamó desde la banca.
Pese el pedido encendido, el punto fue rechazado. Haciendo uso del doble voto, la presidenta del Concejo bloqueó la posibilidad de que se instruya una investigación que verdaderamente esclarezca lo sucedido con los dos llamados a licitación.
Nota correspondiente a la edición n° 493 del semanario La Jornada, del 26 de noviembre de 2017.
