Avilés y la política de imponer sus decisiones a la fuerza

Que Avilés está decido a ir por la Cooperativa Integral, ya no cabe la menor de las dudas. Y en su aspiración de destrucción, las formas le importan muy poco. Pero no hablamos simplemente de modos de actuar. Sino de formas institucionales. De mecanismos y normativas establecidas por la Carta Orgánica Municipal, las cuales está forzando a más no poder para lograr su objetivo: quitarle el servicio de agua a la Coopi, y por lo tanto, herirla de muerte. Tras 53 años de prestación del servicio.

“A latigazos”, “a tambor batiente”, “intempestivo”, “inconsulto”, “exagerado”, “una salvajada”, “una locura”. Son algunos de los términos que dirigentes y vecinos utilizan a la hora de analizar lo que está haciendo el intendente, luego de expresar el 1 de agosto su deseo de municipalizar el servicio de agua.

La semana pasada decíamos que quedó en claro que la medida impulsada por Avilés no contó con el consenso ni interno ni externo a Carlos Paz Unido. La evidencia más clara fue cuando los principales referentes de la alianza gobernante -Walter Gispert (Frente Cívico) y Omar Ruiz (Coalición Cívica-ARI)- fueron los primeros en salir a plantear objeciones y reparos al proyecto de ordenanza de municipalización.

A esto se sumó la resistencia del arco gremial, que planteó abiertamente el peligro que corrían las fuentes de trabajo de más de 200 familias que dependen de la Cooperativa.

El lunes pasado, Avilés recibió a la CGT Punilla. Se mostró dialoguista. Pero fue eso: una puesta en escena, porque al mismo tiempo, y a través de un decreto, el intendente ya había notificado a la Coopi de la quita de la quita del servicio.

“Crease la Comisión ad-hoc del Departamento Ejecutivo Municipal para la recepción material y efectiva de la gestión, administración, bienes, obras y servicio público de agua potable de la ciudad de Villa Carlos Paz, oportunamente concesionado a la Cooperativa Integral”, se lee en el artículo 1 de la cédula de notificación.

Para que quede claro: el proyecto de ordenanza de Avilés sobre la municipalización del servicio de agua ni siquiera se había discutido en la Comisión General del Concejo y el intendente ya giraba una cédula para crear una comisión de transición. Esta notificación ingresó a la Coopi el  miércoles 3 de agosto. Es decir, a menos de 24 horas de haberse presentado el proyecto en el concejo.

Es por eso que en la mañana del lunes 8 de agosto –mientras Avilés se reunía con la CGT Punilla-, los abogados de la Coopi ingresaron un pedido de reconsideración contra ese decreto. “Sostenemos la nulidad de este decreto”, dijo el abogado Aníbal Martínez. Y enfatizó que es “notoriamente contradictorio mandar una ordenanza por un lado y notificarnos mediante decreto”.

Tras el encuentro con Avilés, la CGT Punilla reiteró su pedido de que el intendente retire el proyecto. No hubo caso.

El bloque del Frente Cívico en Carlos Paz Unido también solicitó lo mismo. La propuesta de Gispert, Molina y Sequeira era que se retire el proyecto y se convoque al diálogo a partir del Consejo de Partidos Políticos y del Consejo Económico y Social, dos instituciones previstas en la COM.

En la sesión del jueves, Gispert pidió que el punto sea tratado sobre tablas. La moción no contó con los votos suficientes (solo apoyaron los concejales del Frente Cívico, Natalia Lenci del radicalismo y Laura Orce de Unión por Córdoba). El punto pasó a Comisión.

Y la postura del no-diálogo asumida por el intendente queda cada vez más clara.

Para ir al choque, Avilés no se expone. Son sus funcionarios más incondicionales los que salen a la prensa y repiten las consignas que lejos están de ser una explicación racional de la medida. Así, a lo largo de la semana se pudo escuchar al secretario General Sebastián Guruceta, quien criticó a la dirigencia de la Cooperativa, cuestionó las contradicciones del Frente Cívico (diciendo que el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, quien viene de la extracción juecista, apoya la medida de municipalización).

“Si vienen concejales que en su momento se inclinaron por la municipalización y ahora, porque tienen otras apetencias políticas, van cambiando”, criticó Guruceta en una entrevista con el programa Hora 7 donde se lo escuchó muy ofuscado.

 

Referéndum

Acorralado y al ver que el proyecto de municipalización no generaba adhesiones dentro de su espacio político, Avilés comenzó a hablar de otra cosa: un referéndum popular facultativo (artículo 196 COM). La presidenta del Concejo, Alejandra Roldán, justificó la decisión diciendo que “se agotaron las instancias de diálogo también en el Cuerpo Legislativo”.

La afirmación resultó -como mínimo- llamativa, más si se tiene en cuenta que el proyecto de ordenanza había ingresado hace apenas una semana y sólo se abordó en una sola reunión de la Comisión General. Sin tener en cuenta, además, que no hubo ninguna reunión con la Cooperativa Integral, ni se aceptó el pedido realizado por diferentes sectores políticos y sociales respecto a la necesidad de abrir un canal de diálogo.

“Intentamos distintas instancias de diálogo dentro del bloque de CPU y en la comisión General se viene trabajando hace tiempo. Se agotaron las instancias de diálogo también en el cuerpo legislativo, y definimos en conjunto el gobierno, Ejecutivo y Legislativo, llamar referéndum vinculante”, afirmó. Y destacó que, en ese caso, “el pueblo tiene la potestad de decidir sobre esta ordenanza”.

El primer intento del avilescismo fue poner el llamado a referéndum en el mismo proyecto de ordenanza de municipalización del agua.

Es decir, al proyecto inicial le agregaba tres artículos. El primero que “convoca a referéndum popular facultativo”. El segundo que establecía como fecha el 2 de octubre de 2016 “para que se emite su voto válido en sentido positivo o negativo”, y el tercero, que “faculta al Departamento Ejecutivo municipal a reglamentar e instrumentar el proceso electoral”.

“Mamarracho”, “engendro”, “manotazo de ahogado” fueron algunos de los calificativos que recibió la iniciativa. El punto no contó con las adhesiones necesarias como para que saliera como despacho de comisión para ser tratado en la sesión el jueves, como pretendía el intendente en este trámite expedito que propone para un tema tan sensible como es la prestación del servicio de agua potable.

Esto se leyó como la segunda derrota política para Avilés en la cada vez más clara interna que hay dentro de Carlos Paz Unido.

Es que la convocatoria a un referéndum requiere de una ordenanza particular, donde se exponga con claridad qué es lo que se somete a consideración del electorado.

Además, la realización de un referéndum tiene hoy varias dificultades. Para llevarlo a cabo hace falta una Junta Electoral Municipal. Y como viene sucediendo en los últimos años, cada vez que se tiene que realizar una elección se repite el mismo problema. Es que la Carta Orgánica Municipal establece que dicha institución debe integrarse con representantes del Poder Judicial Provincial. En 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba emitió la acordada 1002 a partir de la cual dispuso que los jueces provinciales no integren más Juntas Electorales Municipales.

Por eso, para la elección municipal de renovación de autoridades, el año pasado se constituyó una Junta Electoral provisoria cuya única finalidad fue “fiscalizar la elección de Autoridades Municipales a realizarse el domingo 28 de junio de 2015”, según detalla la ordenanza 5979.

Vale recordar que esa Junta Electoral Provisoria contaba con un amplio acuerdo de los partidos políticos. ¿Hoy sería igual?

La intención de Avilés es que esa misma Junta Electoral sea la que fiscalice. Una vez más, fuerza la interpretación de las normas para lograr su cometido.

La segunda dificultad radica en la composición del padrón. Y la pregunta es: ¿qué sucederá con los vecinos de Villa del Lago? Vale recordar que en este barrio de Villa Carlos Paz la Coopi no presta el servicio de agua, sino que lo hace la Cooperativa San Roque de la cual no se ha dicho absolutamente nada.

El silencio se hace más llamativo aun cuando se tiene en cuenta que en este sector sí hay cuestionamientos en torno a la prestación. De hecho, el agua que brinda la Cooperativa San Roque no es potable, sino corriente (ver página 10). La otra pregunta en torno al padrón es sobre los vecinos de las localidades del Sur de Punilla donde la Coopi si brinda el agua, ¿van a poder votar?.

Además, en Villa Carlos Paz también hay muchas casas que cuentan con el servicio de agua potable que brinda la Coopi cuyos dueños no tienen domicilio en la ciudad. ¿Ellos podrán votar?

La tercera dificultad radica en que ninguno de los institutos de democracia semidirecta contemplados en la COM (iniciativa y consulta popular, referéndum facultativo y obligatorio, revocatoria popular) están reglamentados.

De hecho, en el intento de Avilés de incluir el llamado a referéndum dentro del proyecto de ordenanza de municipalización del servicio de agua se establece que será el Departamento Ejecutivo el que “reglamente e instrumente el proceso electoral”.

Pero el Ejecutivo: ¿no es parte interesada? , ¿puede ser el Ejecutivo el que defina los criterios con los que se haría un referéndum?

Al terminar la sesión del jueves, los concejales del Frente Cívico llamaron a conferencia de prensa. Conociendo que la postura del avilescismo sería no abrir instancias de diálogo serio, presentaron otra propuesta: un referéndum, con un amplio debate previo.

La iniciativa plantea una convocatoria conjunta con la elección de diputados nacionales en 2017, para que la ciudadanía elija una de las siguientes dos opciones: a) La prestación de los servicios de agua y cloacas debe realizarse en forma directa por el Municipio con controles institucionales;  b) La prestación de los servicios de agua y cloacas debe realizarse a través de la Coopi con un contrato de 10 años y controles municipales.

“Es un tema que se está discutiendo fuertemente” a partir del anuncio del intendente Esteban Avilés de quitarle el agua a la Coopi, “y nosotros nos hemos manifestado a favor de abrir el diálogo y buscar acuerdos”, arrancó Gispert. Y admitió que, “no lo hemos logrado”.

En este sentido, advirtió que, “desde ayer se plantea que hay dueños de la voluntad popular”, en lo que se leyó como un mensaje directo a Avilés.

La propuesta de Gispert logra sortear algunos inconvenientes. Por ejemplo, no haría falta constituir una Junta Electoral Municipal, sino que se utilizarían las autoridades electorales nacionales. Además, convoca al Consejo de Partidos Políticos y al Consejo Económico Social “para que se produzcan los debates necesarios para el esclarecimiento del ciudadano”.

Y hay un punto –no menor en esta propuesta- el reparto de espacios equitativos en los medios de comunicación. “La propaganda de dicho proceso electoral estará a cargo del Presupuesto Municipal y ambas afirmaciones tendrán igual tiempo en medios de comunicación masivo tales como radio, televisión, medios gráficos y digitales”, se lee en el artículo 4 de la propuesta.

Conocida la jugada del Frente Cívico, el avilescismo salió horas más tarde a anunciar el envío de un proyecto de ordenanza para convocar a un referéndum el próximo 30 de octubre de 2016 “que tendrá como objetivo consultarle a la ciudadanía sobre la propuesta de reasumir el servicio de agua potable”, de acuerdo a lo que rezaba el escueto comunicado.

En una conferencia de prensa convocada para dar explicaciones sobre el tema, la concejala Soledad Zacarías (CPU) comenzó acusando de “oportunismo político” a Gispert por la presentación del otro proyecto que convoca a referéndum para el 2017.

“Creo que lo de Gispert es oportunismo político. Nosotros queremos escuchar a la gente, que tendrá que decidir si la Coopi brinda o no un buen servicio”, expresó.

Consultada por la periodista de VillaNos Radio 100.7, sobre el cambio de estrategia de Avilés para quitarle el agua a la Coopi, la edila esbozó una tibia e insuficiente respuesta. La pregunta fue al hueso: ¿por qué si la intención era escuchar directamente a la ciudadanía el referéndum no fue contemplado en el proyecto inicial?

La repuesta dejó al descubierto la endeblez de los argumentos: “El proyecto inicial lo hizo el Departamento Ejecutivo y veíamos que en primer lugar estaba bien conceptuado, pero después vimos un rechazo de los concejales, y entonces creemos oportuno, porque dentro de lo que pudimos escuchar a los vecinos ellos querían expresarse a través de un referéndum”.

Es decir, Avilés pensó primero que el tratamiento en el Concejo sería sólo un trámite teniendo en cuenta la abrumadora mayoría con la que contaba el oficialismo. Pero al darse cuenta que no tenía los votos suficientes, decidió “saltear” esa opción y pasar directamente al referéndum.

Zacarías se mostró sorprendida por la presentación que hicieron los ediles del Frente Cívico, y acotó que CPU había decidido convocar a un referéndum modificando el artículo del proyecto que habla sobre los trabajadores de la Coopi. “Existen varios escenarios: municipio, Coopi y la gente. Y para nosotros lo más importante es la gente”, dijo.

Asimismo, reclamó a Gispert que retire su proyecto ya que consideró que, además de no respetar lo decidido por el bloque, “no se condice con lo que establece la Carta Orgánica”.

El concejal Omar Ruiz, por su parte, ha decidido mantener una tercera posición. De hecho, el edil confirmó a La Jornada que no fue consultado por el resto del bloque a la hora de difundir el comunicado donde se adelanta la decisión del intendente Esteban Avilés de convocar a un referéndum por el agua para el 30 de octubre próximo.

Ruiz tomó distancia de este proyecto, y también del que presentaron los ediles del Frente Cívico, para que el referéndum se haga en 2017. “Voy a tener posición propia con respecto al referéndum”, dijo, en línea con lo que había expresado en el momento en que Avilés anunció que quería quitarle el agua a la Coopi.

 

Intérprete de la voluntad popular

“No hay que creérsela”, dijo Avilés cuando resultó ganador en los comicios del año pasado. Y dijo que la victoria fue “tan contundente que nos lleva a asumir una profunda responsabilidad hacia el futuro”.

Hoy parece hacer totalmente lo contrario y se erige como intérprete de la voluntad popular.

Y una de las preguntas es ¿por qué Avilés tiene tanto apuro en llevar adelante esta medida? Tuvo ocho años como concejal del radicalismo y lleva cinco años gobernando la ciudad como intendente. Ante un escenario de ausencia de crisis en la prestación del servicio de agua de la Coopi, ¿qué lo lleva a esta medida y por qué quiere concretarla con tanta celeridad?

¿Qué hay detrás del anuncio de la municipalización?

Los abogados de la Coopi ya encendieron luces de alerta. Y dijeron que la normativa pretende una “privatización encubierta”, porque si bien la Carta Orgánica lo prohíbe, el proyecto de ordenanza habla de que la Subsecretaria de Agua y Saneamiento con la cual el municipio prestaría el servicio tiene por objetivo “prestar o hacer prestar” los servicios de agua y cloacas. Y los propios funcionarios municipales ya comenzaron a hablar de tercerizaciones de contratación de mano de obra y maquinaria.

¿De qué manera se definirán las tercerizaciones? ¿Están dadas las garantías de transparencia?

Tras anunciar su intención de apartar a la Coopi de la prestación del servicio de agua, Avilés busca todavía un argumento contundente que justifique tamaña decisión.

Sin crisis en la prestación, ni medidas judiciales en contra de la institución cooperativista, la tarea no era nada fácil. De allí que el mandatario apeló a cubrir de legitimidad la medida anunciada recurriendo a un viejo ardid: la expresión de un anhelo popular.

Sin embargo, no quedó nunca concretamente establecido qué cantidad de ciudadanos le demandaron la municipalización del servicio, ni qué instancias formales se establecieron para determinar, de forma pública y contundente, el apoyo popular al cual hace referencia. Tampoco en las propuestas de campaña ni en la plataforma de CPU para las elecciones de 2011 y 2015 se prometió tomar explícitamente la municipalización del servicio de agua.

“Desde ayer se plantea que hay dueños de la voluntad popular”, dijo Gispert el jueves. “La actitud de Avilés tiene un fuerte componente monárquico”, acotó Molina y consideró que avanzar sin escuchar el pedido de diálogo que expresan distintos actores políticos y sociales de la ciudad da la apariencia de que “están muy apurados por resolver cuestiones que ameritan, por la gravedad de la situación, tiempos que no son esos”.

Las facultades que se les atribuyen a los representantes democráticos de poder interpretar el sentir ciudadano han estado ausentes como legitimadoras de semejante decisión. Y éste es, precisamente, el problema de la falta de sustento democrático que presenta la capacidad de interpretación de la voluntad popular que se atribuye el avilescismo.

Todo, entonces, pasó a basarse en una cuestión de fe. Pero ello no alcanza, más cuando está en cuestión el destino de la prestación del servicio público más importante y la supervivencia de una de las instituciones sociales de mayor trayectoria en Villa Carlos Paz.

 

Nota correspondiente a la edición n° 429 del semanario La Jornada, del 14 de agosto de 2016.